La Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala V, revocó una resolución de la Dirección General Impositiva (DGI) que había impugnado la declaración jurada del contribuyente por operaciones de compra y venta de títulos públicos en pesos y dólares durante 2008. El Tribunal Fiscal había confirmado la determinación de un ajuste impositivo, intereses y una multa millonaria, al entender que las diferencias de cotización constituían renta gravada. La Cámara consideró que el art. 20, inc. w) de la Ley de Impuesto a las Ganancias prevé una exención objetiva para este tipo de resultados, sin imponer requisitos adicionales como plazos mínimos de tenencia. Rechazó el uso del principio de "realidad económica" para limitar una exención clara y textual.