La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revocó una resolución del Tribunal Fiscal que había confirmado ajustes de IVA y del Impuesto a las Ganancias vinculados con facturas consideradas apócrifas. El tribunal sostuvo que el artículo 21 del Decreto 608/2024 incorporó una exclusión no prevista por la Ley 27.743 al impedir que los beneficios liberatorios del Régimen de Regularización de Activos alcanzaran los créditos fiscales de IVA y los gastos computados en Ganancias provenientes de comprobantes cuestionados. En consecuencia, declaró inaplicable dicha limitación reglamentaria al caso y ordenó devolver las actuaciones al Tribunal Fiscal para que verifique si la contribuyente cumple los restantes requisitos legales para acceder a los beneficios del régimen.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó una sentencia del Tribunal Fiscal que había validado ajustes en el Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Ganancias y el gravamen sobre salidas no documentadas, derivados de operaciones realizadas con un proveedor posteriormente incorporado a la Base APOC. El tribunal sostuvo que la sola circunstancia de que la inclusión del proveedor en dicha base hubiera ocurrido con posterioridad a las operaciones no impedía impugnar los créditos fiscales y gastos computados cuando existían múltiples indicios serios y concordantes que permitían cuestionar la realidad económica de las operaciones.

En la causa “Molino Cañuelas SACIFIA c/ Dirección General Impositiva”, la Cámara Contencioso Administrativa Federal declaró la nulidad de la resolución del Tribunal Fiscal que había confirmado determinaciones de oficio sobre impuestos. La decisión se fundamentó en la vulneración del derecho de defensa de la actora, al haberse rechazado la producción de pruebas que eran esenciales para acreditar la existencia de las operaciones cuestionadas. En consecuencia, se ordenó la producción de las pruebas y se dispuso un nuevo pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

En la causa 'Armando Pettorossi e Hijos SA c/Dirección General Impositiva', la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación que había admitido el acogimiento de la actora al régimen de regularización de obligaciones tributarias establecido por la ley 27.743. El tribunal consideró que el Fisco Nacional no había presentado objeciones válidas en el momento oportuno para cuestionar el acogimiento, lo que llevó a desestimar el recurso interpuesto por la parte demandada.

En la causa Zannoner Eugenio Hector c/ Dirección General Impositiva, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala I) confirmó la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación que había revocado la exclusión del actor del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributo), así como la determinación de IVA y Ganancias y las multas aplicadas por la AFIP. El tribunal sostuvo que la actividad desarrollada —representante técnico ascensorista— posee carácter individual e indelegable, por lo que encuadra en la excepción prevista en el segundo párrafo del artículo 19 del Decreto 885/98 (modificado por el Decreto 485/2000), que dispensa del requisito de contar con una cantidad mínima de empleados. En consecuencia, consideró inválida la exclusión del régimen basada en el incumplimiento de dicho requisito. Asimismo, reafirmó el criterio restrictivo respecto del control judicial sobre la valoración de los hechos efectuada por el Tribunal Fiscal, y desestimó los agravios del Fisco por carecer de crítica concreta y razonada.

En la causa 'Biondi María Luz - TF 49573-I c/ Dirección General Impositiva', la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación que admitió el cómputo de créditos fiscales por operaciones realizadas antes de que la actora fuera responsable inscripta en el IVA. El tribunal consideró que exigir la discriminación del IVA en los comprobantes resultaba irrazonable, dado que los proveedores no estaban obligados a hacerlo en el contexto de la condición de monotributista de la actora. En consecuencia, se desestimaron los agravios de la demandada y se confirmaron las costas a su cargo.