La Ley 27.742 (Ley Bases) derogó la sanción económica prevista por la falta de entrega de certificados laborales establecida en el artículo 45 de la Ley 25.345. No obstante, se mantiene vigente la obligación del empleador de entregar la documentación prevista en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, aunque sin la penalidad indemnizatoria automática a favor del trabajador.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires impulsa la implementación de un esquema para que los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que realicen operaciones con consumidores finales discriminen en el monto total de cada operación la incidencia de ese tributo local. La medida se inscribe en el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor previsto en la Ley 27.743 y apunta a extender a nivel local la identificación de la carga tributaria que incide en el precio final de los bienes, locaciones y prestaciones de servicios.

Se integra al Comité Evaluador de Proyectos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) al titular de la Secretaría de Política Económica de esa cartera, ampliando la composición del órgano encargado de analizar y evaluar las solicitudes de adhesión presentadas por los Vehículos de Proyecto Único (VPU) y sus planes de inversión.

Se dispone el inicio del proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) bajo la modalidad de venta del 44% del paquete accionario mediante licitación pública nacional e internacional, manteniendo el Estado Nacional el control mayoritario del 51%.

Se modifica la composición del Comité Evaluador de Proyectos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), incorporando al titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como miembro permanente.

La provincia de Misiones adhiere al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), previsto en el Título VII de la Ley Nacional 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. La adhesión comprende íntegramente los capítulos I al XII y los artículos 164 al 228 de la norma nacional, que regulan el régimen de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria, así como los beneficios y condiciones aplicables a los proyectos de inversión de gran envergadura.

El Ministerio de Economía revoca el Contrato de Fideicomiso de Asistencia suscripto en 1998 entre el Consejo de Administración del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) y el Banco de la Nación Argentina, en el marco de la liquidación del FFFIR dispuesta por el decreto 463/2025.

El Ministerio de Economía dispone el inicio del proceso de privatización de Corredores Viales SA, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 27.742 y en el decreto 97/2025. La medida instruye a la Secretaría de Transporte a avanzar en la extinción de los contratos de concesión vigentes y a preparar la nueva licitación de los tramos de la red vial nacional bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje.

El Ministerio de Economía autoriza el inicio del proceso de venta de la totalidad del paquete accionario de las sociedades constituidas para la gestión de los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, actualmente bajo titularidad mayoritaria de ENARSA.

El Ministerio de Economía dispone el inicio del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), en cumplimiento del Decreto 494/2025. La medida instruye a la Unidad Ejecutora Especial “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” a contratar a un banco del sector público nacional para realizar la tasación del paquete accionario y a coordinar la venta de al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico a través de licitación pública nacional e internacional, dentro de un plazo de ocho meses.

Se sustituye el anexo de la resolución 796/2024 del Ministerio de Economía, que contiene las medidas para la liquidación de los fondos fiduciarios disueltos, y se deroga la resolución 23/2025, con el objetivo de optimizar el circuito administrativo posterior a la disolución y liquidación de dichos fondos.

Se dispone el inicio del proceso de privatización de INTERCARGO S.A.U. conforme al decreto 198/2025, mediante la venta del 100% del paquete accionario de titularidad estatal. La Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” coordinará las acciones necesarias para llevar a cabo la privatización a través de una licitación pública nacional e internacional en un plazo de ocho meses.

Se dispone el inicio del proceso de privatización de Energía Argentina S.A. (ENARSA) conforme al Decreto 286/2025, comenzando con la venta de las acciones que posee en CITELEC S.A., controlante de TRANSENER S.A., mediante un concurso público con base nacional e internacional. La Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” coordinará las acciones para concretar la venta en un plazo de ocho meses y contratará a una entidad bancaria del sector público para la tasación del paquete accionario. 

Se delega en las secretarías con competencia técnica específica la facultad para aprobar o rechazar solicitudes de adecuación al listado de mercaderías y servicios importables bajo franquicia del artículo 190 de la ley 27.742, en el marco de proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Se dispone la excepción del Fondo Fiduciario Público “Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata – Ley 26.364”, actualmente en proceso de liquidación, de las disposiciones del artículo 4° del anexo de la Resolución 796/2024 del Ministerio de Economía, que establece la transferencia de activos líquidos y financieros al Tesoro Nacional.

Se establece la asignación de competencias y procedimientos para implementar la liquidación del Fondo Fiduciario Público Pro.Cre.Ar, conforme al decreto 1018/2024, encargando a la Secretaría de Obras Públicas la administración y disposición de los bienes muebles e inmuebles afectados al programa, así como la suscripción de los actos jurídicos necesarios.

Se modifica el Decreto 617/2024 para redefinir el mecanismo de designación de los integrantes del Consejo de Mayo, creado como órgano consultivo para la implementación de los lineamientos del Pacto de Mayo, ante la ausencia de propuestas por parte de los sectores convocados.

Se sustituye el artículo 1° de la resolución 521/2025 a fin de aclarar que la modificación realizada a la resolución 814/2024 alcanza exclusivamente al segundo párrafo del artículo 1° de esta última. La corrección establece que el Comité Evaluador de Proyectos RIGI estará integrado por autoridades de la Jefatura de Gabinete, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, y diversas secretarías del Ministerio de Economía.

El Ministerio de Economía modificó la integración del Comité Evaluador de Proyectos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), incorporando al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) como miembro.

El Poder Ejecutivo Nacional dispone la intervención de la empresa estatal Corredores Viales S.A. por el plazo y en los términos de la Ley 27.742, con el objetivo de evaluar su situación financiera, operativa y contractual, en el marco del proceso de privatización autorizado por la mencionada norma.

El Gobierno, en el marco de la Ley de Bases, modifica la Ley Nacional de Turismo N° 25.997 disolviendo el Comité Interministerial de Facilitación Turística y el Programa Nacional de Inversiones Turísticas, con el objetivo de evitar la superposición de responsabilidades y reducir el gasto público.

Se modifica la reglamentación que regula el sistema de protección reciproca de la Sociedad General de Autores de la Argentina (ARGENTORES) fijando nuevas pautas para la percepción y distribución de los derechos de autor gestionados por dicha entidad.

Se modifica el artículo 2° de la Ley N° 20.115, estableciendo que la fiscalización de la Sociedad General de Autores de la Argentina (ARGENTORES) de Protección Recíproca estará a cargo del Ministerio de Justicia de la Nación en reemplazo del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

El Gobierno Nacional dispone la privatización de Intercargo S.A.U., la empresa estatal encargada de prestar el servicio de rampa en los aeropuertos del país. La medida se enmarca en la política de desregulación y apertura del mercado aerocomercial, eliminando el monopolio estatal en la prestación de estos servicios.

El Ministerio de Economía exceptúa al Fondo Fiduciario del Servicio Universal, actualmente en proceso de liquidación, de la obligación de transferir sus activos al Tesoro Nacional, conforme a lo dispuesto en la resolución 796/2024.

La Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía establece los procedimientos para acreditar el origen nacional de bienes provistos a los Vehículos de Proyecto Único (VPU) en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), conforme a la Ley 27.742 y su reglamentación (Decreto 749/2024).

Se  transforma Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y sus servicios ferroportuarios en la sociedad anónima Carboeléctrica Río Turbio S.A., bajo la órbita del Ministerio de Economía.

Se establece que el Banco de la Nación Argentina será transformado en una sociedad anónima bajo la órbita del Ministerio de Economía, manteniendo el Estado Nacional la titularidad del 99,9 % del capital social, mientras que la Fundación Banco de la Nación Argentina poseerá el 0,1 %.