Declaración jurada rectificativa: la Cámara admite la corrección de errores materiales sin exigir una acción de repetición.

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la nulidad de una resolución de AFIP (actual ARCA) que había rechazado una declaración jurada rectificativa del Impuesto a las Ganancias. El contribuyente había consignado por error el período fiscal 2019 en lugar de 2021 al declarar una operación gravada por el impuesto cedular sobre valores. El tribunal concluyó que se trató de un error material de fácil constatación comprendido en el artículo 13 de la Ley 11.683, por lo que la administración no podía obligarlo a ingresar nuevamente el impuesto y luego promover una acción de repetición para corregir la equivocación.

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Ingresos Brutos y exportaciones de hidrocarburos: la Corte Suprema declara inconstitucional la pretensión de Chubut por discriminar el comercio interprovincial.

En la causa 'YPF S.A. c/ Chubut Provincia del s/ acción declarativa de certeza', la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la invalidez de la pretensión fiscal de la Provincia del Chubut de gravar con el impuesto sobre los ingresos brutos los ingresos derivados de la exportación de productos hidrocarburíferos industrializados en otra jurisdicción. La Corte fundamentó su decisión en la existencia de una discriminación tributaria que vulnera la cláusula comercial de la Constitución Nacional, al afectar el comercio interprovincial. Asimismo, se destacó que la interpretación del Convenio Multilateral por parte de la provincia demandada contraviene los principios de coordinación tributaria y equidad fiscal entre jurisdicciones.

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Reforma laboral: la Cámara del Trabajo otorga efecto suspensivo y deja sin efecto la cautelar que frenaba artículos de la Ley 27.802.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala VIII) resolvió otorgar efecto suspensivo al recurso de apelación interpuesto por el Estado Nacional contra la medida cautelar que había suspendido la vigencia de numerosos artículos de la Ley 27.802, promovida por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina. En consecuencia, la decisión implica que la suspensión dispuesta en primera instancia queda sin efecto mientras se sustancia la apelación, reestableciendo la vigencia de las disposiciones cuestionadas. El tribunal fundamentó su decisión en el artículo 13 de la Ley 26.854, que establece como regla el efecto suspensivo cuando se trata de medidas cautelares que afectan normas de jerarquía legal, salvo supuestos excepcionales que no se verificaron en el caso.

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