Este régimen afecta a organismos de control como el Banco Central de la República Argentina y la Comisión Nacional de Valores, entre otros, al establecer directrices claras sobre la confidencialidad y el uso de la información. La normativa entra en vigencia de inmediato.

La Unidad de Información Financiera (UIF) aprobó un nuevo régimen que regula el intercambio de información entre los principales organismos de control del sistema financiero y económico, con el objetivo de reforzar la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

El esquema, aprobado por la Resolución 35/2026 de la UIF, alcanza al Banco Central de la República Argentina, la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros de la Nación y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, quienes podrán intercambiar información de manera directa entre sí y también con organismos extranjeros equivalentes.

La normativa establece que los intercambios deberán realizarse a través de sistemas electrónicos seguros, garantizando la confidencialidad de la información y el cumplimiento del deber de secreto. Además, cada solicitud deberá estar debidamente fundamentada, indicando el motivo, el detalle de la información requerida y el nivel de urgencia.

Uno de los puntos centrales del nuevo régimen es la limitación en el uso de la información, que solo podrá destinarse a los fines para los cuales fue solicitada, quedando prohibida su transferencia a terceros sin autorización previa del organismo que la remitió. Esta previsión busca reforzar la protección de datos sensibles en el marco de investigaciones vinculadas a delitos financieros.

La UIF mantendrá un rol de supervisión y coordinación, con facultades para requerir información sobre los intercambios realizados y para solicitar datos con fines estadísticos. Asimismo, la norma se alinea con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y con los resultados de la última evaluación mutua del país.

Con la entrada en vigencia inmediata de este nuevo esquema, queda derogada la regulación anterior, lo que implica una actualización del marco operativo para la cooperación interinstitucional en materia de prevención de delitos financieros.