Se analiza el régimen vigente de registración de contratos de locación en ARCA (RELI) tras la RG 5545/2024. Se concluye que la registración ya no resulta obligatoria con carácter general, sino únicamente para acceder a los beneficios fiscales previstos en la Ley 27.737. En ausencia de dicha finalidad, el registro es optativo.

Se establece un nuevo régimen de intercambio de información en materia de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (PLA/FT/FP) entre los organismos de contralor específicos —Banco Central de la República Argentina, Comisión Nacional de Valores, Superintendencia de Seguros de la Nación e Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social— así como con organismos similares extranjeros. 

Se deja sin efecto el régimen de información aplicable a las Sociedades de Garantía Recíproca respecto de los aportes y retiros efectuados por los socios protectores y de los ingresos brutos derivados de su participación en el fondo de riesgo, que se encontraba vigente bajo la Resolución General 3.387 y su modificatoria. 

Se implementa un régimen integral para prevenir, detectar y neutralizar operaciones vinculadas con el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva mediante obligaciones reforzadas de reporte y congelamiento de activos.

Se analiza el tema de los inconvenientes al cargar la información productiva en el SISA cuando no se habilitan los campos de provincia y localidad.

Se establece un marco integral para el intercambio de información en materia de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva entre los organismos de contralor específicos del sistema financiero, asegurador, del mercado de capitales y del sector asociativo, así como con organismos homólogos del exterior.

Se dispone la abrogación de la Resolución General 5306 que había creado el Régimen de Información Complementario de Operaciones Internacionales (RICOI), en el marco del proceso de simplificación normativa impulsado por el Decreto 353/2025.

Se modifica la Resolución General 3.688 elevando los importes a partir de los cuales las cooperativas y mutuales deben cumplir con el régimen de información de operaciones de colocación de fondos, ahorro, préstamos, cobranzas y aportes de asociados. Desde ahora, las entidades solo deberán informar cuando la sumatoria mensual por sujeto supere $1.600.000, en reemplazo del límite anterior de $10.000.

Se derogan las Resoluciones Generales 3.285 y 3.364 de la entonces AFIP, que establecían un régimen de información sobre operaciones económicas, incluso gratuitas, entre residentes en el país y representantes de sujetos o entes del exterior. La abrogación mantiene la validez de las obligaciones por hechos ocurridos durante la vigencia de las normas derogadas y rige a partir del 1 de septiembre de 2025.

Se establece, con carácter de excepción, que las entidades financieras comprendidas en la Ley 21.526, los agentes de liquidación y compensación (ALyC) registrados ante la CNV y las sociedades depositarias de fondos comunes de inversión podrán cumplir la presentación del régimen de información correspondiente al período junio de 2025 hasta el último día hábil del mes de agosto del mismo año. La resolución entra en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial.

Se deroga el inciso e) del artículo 1° y el Anexo V de la Resolución General 3.421, eliminando así el régimen de información que alcanzaba a las personas humanas o jurídicas que prestaban servicios de transporte de caudales, traslado, tenencia o custodia de fondos y valores en el ámbito nacional. La medida mantiene la validez de las obligaciones vinculadas a hechos ocurridos durante la vigencia del régimen y comenzará a regir a partir del 1 de agosto de 2025.

Se abroga la Resolución General 2.762 y se deroga el artículo 1° de la Resolución General 4.551, eliminando el régimen de información que obligaba a declarar ante ARCA la titularidad y transferencia de embarcaciones y maquinarias autopropulsadas al momento de constituir, modificar o cancelar derechos reales sobre dichos bienes. La norma entra en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial.

Se establece un régimen de información obligatorio para los encargados de los Registros Seccionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios, que deberán informar diariamente a la AGIP las inscripciones iniciales, transferencias, denuncias de venta y manifestaciones de negativa de pago de impuestos sobre vehículos e Impuesto de Sellos.

En el marco del proceso de simplificación normativa impulsado por los Decretos 70/2023 y 353/2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero abroga una serie de regímenes de información que alcanzaban a escribanos, concesionarios de vehículos usados, empresas de servicios públicos y administradores de consorcios o barrios privados.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero abroga la Resolución General 2.371 y sus normas complementarias, eliminando la obligación de informar las negociaciones, ofertas o transferencias de bienes inmuebles mediante el régimen COTI.

La Dirección Provincial de Ingresos Públicos de San Luis derogó las resoluciones generales 28-DPIP-2002 y 29-DPIP-2002, que establecían un régimen de información para contribuyentes dedicados a la actividad de imprenta, autoimpresores y/o vendedores de equipamiento electrónico.

El Registro de Empleadores online de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un trámite obligatorio que deben cumplimentar todos los empleadores con domicilio legal o establecimientos localizados en la Ciudad de Buenos Aires. Fue creado mediante Decreto (CABA) 625/2009 en cumplimiento de lo establecido por la Ley (CABA) N° 265 y su cumplimiento es requerido, entre otras cosas, para efectuar los trámites de rúbrica de documentación laboral. El registro de empleadores debe realizarse siempre entre el 1 de Enero y 31 de Marzo de cada año y la información a declarar en el  registro debe ser siempre a diciembre de año vencido.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero introdujo cambios en el régimen de información de las entidades administradoras de tarjetas de crédito, compra y débito respecto de consumos realizados en el exterior.