Se establecen herramientas para la investigación y sanción de organizaciones criminales compuestas por tres o más personas que actúan en forma concertada para cometer delitos graves. En este marco, se define el ámbito de aplicación de la norma y se presume la vinculación con una organización criminal en determinados casos, como el control territorial para la comisión de ilícitos o el amedrentamiento a la población y autoridades.