La consulta analiza el encuadramiento previsional de un socio gerente de una sociedad de responsabilidad limitada que ya aporta al régimen de trabajadores autónomos y, además, realiza tareas administrativas para la sociedad. En particular, se evalúa la posibilidad de registrarlo como trabajador en relación de dependencia sin efectuar aportes y contribuciones al SIPA.

La Inspección General de Justicia implementa un procedimiento de inscripción registral con generación y remisión de la plancha de inscripción en soporte digital, aplicable de manera gradual a los sujetos y actos registrables que sean incorporados al Cronograma de Implementación del organismo.

La Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba reglamenta los aportes de activos virtuales en la constitución de sociedades y en aumentos de capital, estableciendo requisitos de identificación, acreditación de titularidad, integración y valuación.

La Inspección General de Justicia adecúa el régimen registral aplicable a las sociedades constituidas en el extranjero a los principios de simplificación, proporcionalidad, seguridad jurídica y apertura a la inversión.

La Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial revocó una resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ) que había sometido a una sociedad anónima al régimen de fiscalización estatal permanente del artículo 299 inciso 2 de la Ley General de Sociedades, por contar con un capital social de exactamente $2.000.000.000.

La Inspección General de Justicia modificó diversos artículos de la Resolución General IGJ 15/2024 con el objetivo de simplificar los trámites registrales vinculados con sociedades comerciales, reducir cargas formales y flexibilizar requisitos aplicables a designaciones y cesaciones de administradores, reuniones a distancia, garantías societarias y procedimientos internos ante observaciones registrales. 

La Inspección General de Justicia dispone la aplicación del procedimiento de “Elaboración Participativa de Normas”, para el tratamiento de proyectos de resoluciones generales y propuestas de modificación a la normativa vigente del organismo. La medida se enmarca en un proceso de revisión integral del régimen regulatorio, orientado a simplificar procedimientos, reducir cargas administrativas y adecuar la normativa a estándares de transparencia y gobierno abierto.

La Dirección de Personas Jurídicas y Registro Público de Sociedades de la Provincia de Mendoza dispuso el inicio del reempadronamiento digital obligatorio para las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS). El trámite debe realizarse exclusivamente a través de la plataforma “Mendoza por Mi” (M x M) y tiene carácter de declaración jurada.

Se establece el carácter declarativo de la inscripción de designaciones y cesaciones de administradores y representantes societarios, aclarando que dichos actos producen efectos desde su aprobación por el órgano social y no desde su registración. En este marco, la norma precisa que la falta de inscripción no invalida ni priva de eficacia a los actos realizados por autoridades válidamente designadas, ni impide el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de la obligación legal de registrarlos.

En la causa 'Inspección General de Justicia c/ GYC Comunicaciones SA', la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó la resolución de la IGJ que impuso una multa de $4.000.000 a la empresa y su presidenta por la falta de presentación de estados contables correspondientes a varios ejercicios. El tribunal consideró que la apelante no logró desvirtuar la sanción, a pesar de argumentar imposibilidad material para presentar la documentación requerida debido a su incautación en un proceso penal. Asimismo, se evaluó la proporcionalidad de la multa en relación a la gravedad de la falta cometida.

La Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Salta dispuso la implementación gradual y progresiva de un sistema de gestión digital de expedientes a través de su Portal Web Ciudadano, aplicable a la tramitación de inscripciones de constitución de sociedades, asociaciones civiles y fundaciones, así como a la presentación de documentación anual obligatoria, modificaciones estatutarias, regularización de irregularidades, reserva de denominación, solicitudes de certificados y diligenciamiento de oficios.

La Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba aprueba un nuevo marco reglamentario para la designación y actuación de veedores, inspectores y autoridades de presidencia en actos sociales de sociedades, asociaciones civiles y fundaciones. La medida redefine el esquema de fiscalización administrativa, estableciendo pautas específicas para la intervención del organismo en asambleas, reuniones de órganos de administración y procesos de control.

La Subsecretaría de Inspección General de Personas Jurídicas de Salta establece la obligatoriedad de constituir un domicilio electrónico mediante correo electrónico en toda presentación inicial o nota rogatoria, en el cual serán válidas las notificaciones cursadas en el marco de los expedientes administrativos. 

Se implementa un régimen de tramitación electrónica obligatoria bajo un sistema mixto para expedientes registrales y crea formalmente el Archivo Digital del organismo, en el marco de las Leyes 10.898, 11.100 y 7.060, la adhesión provincial a la Ley 25.506 de firma digital y el Decreto 2638/2025 que puso en funcionamiento la plataforma “Mi Entre Ríos”.

La Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público (DGIPJyRP) de la Provincia de Entre Ríos establece la obligatoriedad de constituir domicilio electrónico para todas las personas jurídicas sometidas a su control, a efectos de la recepción de actos administrativos de alcance particular. 

Se analiza si es válido, desde el punto de vista laboral y fiscal, que una sociedad sin empleados registre como trabajador en relación de dependencia a su propio socio gerente —incluido el socio único de una SAS— y si el organismo fiscal puede desconocer esa relación, impugnar la deducción del salario y caracterizar los pagos como utilidades o dividendos encubiertos.

Se analiza si en una sociedad simple es válido acordar una distribución de utilidades diferente al porcentaje de participación de cada socio.

Se establece un régimen de simplificación contable aplicable a asociaciones civiles radicadas en la provincia de Entre Ríos cuyos ingresos brutos anuales no superen el límite máximo previsto para la categoría G del régimen simplificado vigente al cierre de cada ejercicio, que permite sustituir la presentación de estados contables tradicionales por un Estado de Recursos y Gastos confeccionado bajo un modelo uniforme. 

Se analiza la posibilidad de que en una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) con un único socio, éste asuma los roles de administrador titular y representante legal y qué requisitos mínimos deben cumplirse respecto a la administración y designación de suplentes en ausencia de órgano de fiscalización.

Se analiza el tratamiento de los aportes irrevocables en sociedades de responsabilidad limitada y se aclara que no es obligatorio que los socios contribuyan en proporción a sus cuotas. 

Se rectifica el artículo 12 inciso f) de la Disposición N° 36/2025 de la Dirección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Misiones, referido a los requisitos formales para la presentación de la nómina de miembros de los órganos de una fundación.