La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la sentencia que había admitido parcialmente la potestad de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche para ejercer poderes de policía e imposición sobre el Aeropuerto Internacional de Bariloche. El Tribunal puso el eje en la invalidez constitucional de la ley provincial 3978 de Río Negro, que había anexado al ejido municipal el territorio donde se emplaza la estación aérea, ubicado dentro de la Reserva Nacional Nahuel Huapi –Zona Gutiérrez–. Con remisión a su precedente de Fallos: 347:552, la Corte reiteró que esas tierras integran un establecimiento sometido a jurisdicción federal y que la provincia no podía realizar actos de disposición sobre ellas. En consecuencia, la pretensión municipal de exigir habilitación comercial, declaraciones de ingresos y el pago de la tasa de seguridad e higiene carece de causa jurídica suficiente. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia que había confirmado el cobro de la Tasa por Inspección, Seguridad e Higiene (TISH) a Western Union S.R.L. por parte del Municipio de Merlo. La empresa, dedicada al servicio de envío de dinero, desarrolla su actividad a través de convenios con otras firmas —Correo Argentino, Compañía Financiera Argentina y Credilogros— que ya tributan la tasa por sus propios locales en el municipio. El Máximo Tribunal concluyó que no se acreditó la existencia de un servicio municipal adicional de inspección que justificara un segundo pago, de modo que el intento de gravar también a Western Union implicaba una duplicación injustificada. La Corte se remitió a su precedente “Municipalidad de Concordia c/ Nación AFJP” (2009), reafirmando que la tasa solo procede cuando existe un servicio específico y diferenciado. En consecuencia, dejó sin efecto el fallo apelado y ordenó dictar una nueva sentencia conforme a esta doctrina.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia que validaba la imposición de una tasa municipal exigida por la Comuna de Delfín Gallo a Aeropuertos Argentina 2000 S.A., concesionaria aeroportuaria. Se consideró arbitraria la decisión de la Cámara Federal de Tucumán que sostenía la validez del tributo pese a no haberse acreditado la prestación efectiva de servicios municipales específicos que lo justificaran. Se concluyó que dicha exigencia vulnera lo establecido en la Ley 23.548 sobre Coparticipación Federal, siendo requisito indispensable para las tasas municipales la prestación real y concreta del servicio.

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro declaró inconstitucional la ecotasa establecida por la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, al considerar que no cumple con los requisitos esenciales de una tasa, dado que no existe una contraprestación efectiva e individualizada a los contribuyentes. Siguiendo los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el fallo concluyó que el tributo es ilegítimo y vulnera el artículo 17 de la Constitución Nacional.