En la causa “López Gabriel Hernán c/ Tecoar S.A. y otros s/ despido”, la Sala III de la Cámara Nacional del Trabajo confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda por despido indirecto. El tribunal consideró que la incorrecta registración de la jornada laboral del actor, quien trabajaba en realidad a tiempo completo, constituyó una injuria suficiente para justificar la ruptura del vínculo laboral. En lo que aquí interesa, la mayoría resolvió aplicar el art. 55 de la Ley 27.802 para la cuantificación de los intereses del crédito reconocido, por tratarse de un juicio en trámite y aún pendiente de sentencia definitiva al momento de la entrada en vigencia de esa norma. El fallo pone de relieve que la operatividad del art. 55 se vincula directamente con la existencia de un crédito proveniente de una relación individual del trabajo ya reconocido en sede judicial, pero aún sujeto a determinación en su monto final.

En la causa “MENDIGUREN, MAXIMILIANO HERNAN c/ LAVADERO TORINO S.A. s/DESPIDO”, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala I, declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la ley 27.802. La decisión se fundamentó en que dicha norma vulnera derechos constitucionales, afectando el derecho de propiedad y el principio de igualdad ante la ley. En consecuencia, se dispuso que el crédito reconocido al trabajador debe ser actualizado conforme a la regla general prevista en el artículo 54 de la misma ley.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo – Sala X resolvió las apelaciones interpuestas por ambas partes en un caso de despido que la empleadora justificó por fuerza mayor. Confirmó que el despido fue injustificado, ratificó la aplicación del agravante del artículo 2° de la Ley 25.323, sostuvo la procedencia de la indemnización del artículo 80 de la LCT y rechazó el reclamo por daño moral al no configurarse un acto ilícito adicional. Según el fallo, para que se configure la "fuerza mayor o falta o disminución de trabajo no imputable al empleador" se debe acreditar no solamente las circunstancias que determinaron la situación por la que atravesó la empresa, sino que además el empleador que invoca tal circunstancia debe alegar y probar la adopción de medidas concretas tendientes a paliar la situación que atraviesa.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala V falló parcialmente a favor de dos trabajadores no afiliados a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y a la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA), declarando la invalidez parcial de una cláusula convencional que establecía una cuota de solidaridad del 2% de su remuneración integral mensual. La Cámara consideró que dicha cuota, al ser superior a la cuota sindical de los afiliados (1.5%) y carecer de una limitación temporal clara, vulneraba la libertad sindical individual en su faz negativa, al implicar una afiliación forzada. Se rechazó la demanda de la UCRA en cuanto solicitaba la nulidad total de los acuerdos paritarios y la prohibición futura de incluir cláusulas similares.