El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 dejó sin efecto la medida cautelar dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 que había suspendido provisoriamente la aplicación de 81 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La jueza Macarena Marra Giménez consideró que no se encontraban reunidos los requisitos exigidos por la Ley 26.854 para mantener una cautelar contra una ley sancionada por el Congreso Nacional, especialmente frente a la presunción de legitimidad de las normas y la complejidad del planteo de inconstitucionalidad formulado por la CGT. El fallo destaca que el análisis cautelar no puede convertirse en un adelanto de la sentencia definitiva ni reemplazar el examen profundo que requiere el control de constitucionalidad de una reforma integral del régimen laboral. Asimismo, el tribunal sostuvo que la amplitud de los temas involucrados —contratos individuales, negociación colectiva, huelga, tutela sindical, vacaciones, despidos y fondo de asistencia laboral, entre otros— excede el limitado marco cognoscitivo propio de una medida precautoria.

En el marco del conflicto suscitado entre el fuero laboral y el contencioso administrativo federal en la causa promovida por la Confederación General del Trabajo contra el Estado Nacional, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 dispuso la elevación de las actuaciones a la Cámara del fuero, conforme lo establecido en el artículo 20 de la Ley 26.854. El tribunal consideró que, ante un conflicto positivo de competencia entre jueces de distinto fuero, corresponde que la resolución sea adoptada por la Cámara Contencioso Administrativo Federal, con independencia del tipo de proceso y del fuero que hubiera intervenido en primer término. Asimismo, se destacó que, pese al rechazo de la inhibitoria por parte del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, subsiste el conflicto, lo que impone su remisión al tribunal de alzada competente.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 hizo lugar a la inhibitoria planteada por el Estado Nacional y declaró la competencia de dicho fuero para intervenir en la acción declarativa de inconstitucionalidad promovida por la CGT contra diversos artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La magistrada entendió que, al tratarse de una demanda dirigida exclusivamente contra el Estado Nacional y centrada en normas de derecho público —incluyendo la modificación del régimen de competencia judicial—, corresponde la intervención del fuero contencioso administrativo federal, excluyendo a la justicia laboral. En consecuencia, se ordenó requerir la remisión del expediente en trámite ante el Juzgado Nacional del Trabajo N°63 o su elevación para dirimir la contienda.