La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia que hizo lugar parcialmente al amparo promovido por un contribuyente contra ARCA por la limitación de su CUIT derivada de su inclusión en la Base de Contribuyentes No Confiables —base APOC—. El tribunal distinguió entre la inclusión en dicha base y la suspensión temporal de la CUIT, señalando que ambas medidas tienen distinta finalidad y efectos jurídicos. Si bien consideró que el amparo no era la vía idónea para revisar la legitimidad sustancial de la incorporación a la base APOC, entendió que la limitación de la CUIT no podía ejecutarse mientras se encontrara pendiente de resolución el reclamo administrativo previsto en el artículo 35, inciso h), de la Ley 11.683, que posee efecto suspensivo cuando se discute la suspensión de la condición de inscripto. En consecuencia, al no haber acreditado ARCA el dictado de un acto administrativo expreso que resolviera el reclamo del contribuyente, la Cámara tuvo por configurada una vía de hecho y ordenó mantener la rehabilitación provisoria de la CUIT hasta tanto recaiga resolución administrativa expresa. Asimismo, confirmó la imposición de costas por su orden.

En la causa “Sevastei, Jorge c/ AFIP s/ amparo contra actos de particulares”, la Cámara Federal de Mendoza, Sala A, confirmó la sentencia que hizo lugar al amparo del contribuyente, rechazando la postura de la AFIP sobre la exclusión del régimen simplificado. El tribunal sostuvo que la operación que provoca el exceso de los parámetros del monotributo no puede ser alcanzada por el régimen general, ya que es precisamente la que determina la exclusión, la cual opera hacia el futuro. Asimismo, consideró procedente la vía del amparo al no acreditarse la existencia de un medio judicial más idóneo ni la complejidad alegada por el fisco.

La Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó una sentencia de primera instancia que ordenó la rehabilitación provisional de la CUIT de un contribuyente hasta que la AFIP resuelva expresamente su situación. El tribunal consideró que la inhabilitación sin acto administrativo fundado configuró una "vía de hecho" ilegal.