Trabajo no registrado: la Justicia laboral de San Juan declara inaplicables las reformas de las Leyes de Bases y Modernización a contratos anteriores.

El Cuarto Juzgado del Trabajo de San Juan hizo lugar a la demanda promovida por tres trabajadoras que prestaban servicios en un café y local bailable en condiciones de total clandestinidad laboral, reconociendo la existencia de la relación de dependencia, la procedencia del despido indirecto y las indemnizaciones derivadas de la falta de registración. Como aspecto central del pronunciamiento, el tribunal sostuvo que las modificaciones introducidas por la Ley 27.742 (Ley de Bases) y la Ley 27.802 (Ley de Modernización Laboral) no pueden aplicarse a relaciones laborales iniciadas con anterioridad a su entrada en vigencia. Consideró que los derechos y protecciones existentes al momento de celebración del contrato se incorporan al vínculo laboral y no pueden ser desplazados por reformas posteriores de carácter regresivo. En consecuencia, mantuvo la aplicación de las multas de la Ley 24.013 y demás institutos vigentes al momento de inicio de la relación laboral. Asimismo, declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley 27.802 por entender que el sistema de actualización allí previsto produce una reducción irrazonable del crédito laboral y afecta el derecho de propiedad de los trabajadores.

Ganancias: confirman la aplicación integral del ajuste por inflación y ordenan devolver $5.015 millones a Banco Macro abonados en exceso.

En la causa "BANCO MACRO SA c/ EN - AFIP - DGI s/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA", la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, confirmó la sentencia de primera instancia que declaró inaplicable la prohibición legal de utilizar el mecanismo de ajuste por inflación para el impuesto a las ganancias correspondiente al período fiscal 2018. El tribunal sostuvo que la imposibilidad de aplicar dicho ajuste implicaba una alícuota efectiva confiscatoria, conforme a la doctrina del precedente "Candy" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Asimismo, rechazó los agravios de la demandada relativos a la validez del informe pericial contable y la aplicación del procedimiento administrativo previsto en la resolución general (DGI) n° 2224/1979.

SIRCREB y SIRPEI: la Cámara ordena suspender cautelarmente las retenciones y percepciones a una empresa por falta de razonabilidad en el caso concreto.

La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revocó la resolución de primera instancia que había rechazado la medida cautelar solicitada por Finadiet S.A. y ordenó a la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral y/o a su Comité de Administración abstenerse de efectuar, respecto de la actora, las detracciones y retenciones previstas en las Resoluciones Generales (C.A.) 104/2004 y 6/2020, aplicadas a través de los sistemas SIRCREB y SIRPEI, hasta el dictado de la sentencia definitiva.

Declaración de inconstitucionalidad del art. 55 de la ley 27.802 en despido por falta de pago salarial.

En la causa “MENDIGUREN, MAXIMILIANO HERNAN c/ LAVADERO TORINO S.A. s/DESPIDO”, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala I, declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la ley 27.802. La decisión se fundamentó en que dicha norma vulnera derechos constitucionales, afectando el derecho de propiedad y el principio de igualdad ante la ley. En consecuencia, se dispuso que el crédito reconocido al trabajador debe ser actualizado conforme a la regla general prevista en el artículo 54 de la misma ley.

JCAF8. Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Derecho de propiedad. Confiscatoriedad. Acción de amparo. Rechazo.

Ganancias sobre jubilaciones: la Corte declara inconstitucional el impuesto para jubilados vulnerables.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de los artículos de la Ley de Impuesto a las Ganancias que gravaban los haberes previsionales de una jubilada de 79 años con problemas de salud, al considerar que el régimen omitía contemplar situaciones de vulnerabilidad derivadas de la ancianidad y enfermedad. El Tribunal sostuvo que la capacidad contributiva no puede analizarse únicamente desde parámetros patrimoniales, sino también considerando las mayores erogaciones y limitaciones propias de la edad avanzada.