La Sexta Cámara del Trabajo de Mendoza admitió el pedido de una empresa demandada para cancelar el capital de condena laboral en doce cuotas mensuales, en los términos del artículo 277 de la LCT, texto según Ley 27.802, por haber acreditado su condición de MiPyME y haber solicitado el beneficio dentro del plazo fijado en la sentencia, antes del inicio de la ejecución forzada.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo – Sala X resolvió las apelaciones interpuestas por ambas partes en un caso de despido que la empleadora justificó por fuerza mayor. Confirmó que el despido fue injustificado, ratificó la aplicación del agravante del artículo 2° de la Ley 25.323, sostuvo la procedencia de la indemnización del artículo 80 de la LCT y rechazó el reclamo por daño moral al no configurarse un acto ilícito adicional. Según el fallo, para que se configure la "fuerza mayor o falta o disminución de trabajo no imputable al empleador" se debe acreditar no solamente las circunstancias que determinaron la situación por la que atravesó la empresa, sino que además el empleador que invoca tal circunstancia debe alegar y probar la adopción de medidas concretas tendientes a paliar la situación que atraviesa.