En la causa 'YPF S.A. c/ Chubut Provincia del s/ acción declarativa de certeza', la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la invalidez de la pretensión fiscal de la Provincia del Chubut de gravar con el impuesto sobre los ingresos brutos los ingresos derivados de la exportación de productos hidrocarburíferos industrializados en otra jurisdicción. La Corte fundamentó su decisión en la existencia de una discriminación tributaria que vulnera la cláusula comercial de la Constitución Nacional, al afectar el comercio interprovincial. Asimismo, se destacó que la interpretación del Convenio Multilateral por parte de la provincia demandada contraviene los principios de coordinación tributaria y equidad fiscal entre jurisdicciones.

En la causa 'Monteverde SA c/ GCBA-AGIP-DGR', la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la inconstitucionalidad de la alícuota diferencial del impuesto sobre los ingresos brutos establecida por la Ley N° 5.723. El tribunal argumentó que la aplicación de una alícuota mayor a empresas radicadas fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vulnera el principio de igualdad y la libertad de elección de los contribuyentes en el ejercicio de sus actividades económicas. En consecuencia, se desestimó el recurso de apelación interpuesto por la demandada, manteniendo la decisión de primera instancia que favoreció a la actora.

En la causa 'Pernod Ricard Argentina S.R.L. c/ Santa Fe, Provincia', la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de los artículos 6° y 7° de la ley local 3650, que establecían alícuotas diferenciales en el impuesto sobre los ingresos brutos según la radicación industrial. El tribunal fundamentó su decisión en la violación del principio de igualdad y en la creación de una 'aduana interior', lo que obstaculizaba el comercio interprovincial. En consecuencia, se hizo lugar a la demanda de la actora y se ordenó la cesación de la aplicación de dichas alícuotas discriminatorias.

La Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal revocó la sentencia de primera instancia y dejó sin efecto la resolución de la AFIP que había excluido de pleno derecho del Régimen Simplificado (Monotributo) a un contribuyente por haber superado el límite de ingresos anuales de la categoría H. La exclusión se basó en la facturación registrada entre julio de 2017 y junio de 2018. Sin embargo, el Tribunal consideró que uno de los comprobantes computados correspondía a una prestación de servicios devengada en un período anterior al auditado, lo que dejaba al contribuyente dentro del límite permitido. La Cámara resaltó que el criterio aplicable para medir los ingresos es el del devengado y que en el caso existía prueba suficiente para demostrar que al menos una de las facturas cuestionadas no debía ser computada en el período fiscalizado.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a la acción declarativa de certeza promovida por Cepas Argentinas S.A. contra la Provincia de Córdoba y declaró la inconstitucionalidad del artículo 22 de la ley impositiva 10.324 (vigente en 2016), que establecía alícuotas agravadas del impuesto sobre los ingresos brutos para contribuyentes industriales sin establecimiento productivo en dicha jurisdicción. El Tribunal entendió que dicha norma violaba los artículos 9° a 12, 16 y 75 inc. 13 de la Constitución Nacional al crear una discriminación tributaria basada en el lugar de radicación de la planta industrial, afectando el comercio interprovincial y reinstaurando una “aduana interior” vedada por la Carta Magna. La Corte ratificó su competencia originaria, rechazó el dictamen de la Procuradora Fiscal que consideraba inexistente el “caso” y sostuvo que la actora acreditó un perjuicio concreto derivado de la norma impugnada.