En la causa 'Sindicato Empleados de Comercio de San Martín c/ Estado Nacional', el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín 2 hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el sindicato. La decisión implica la suspensión de la aplicación de los artículos 131 y 133 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en relación con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75 y otros convenios vinculados. El tribunal fundamentó su resolución en la verosimilitud del derecho invocado y el peligro de un daño irreparable en la demora, considerando la inminencia del vencimiento del convenio colectivo y los efectos adversos que la aplicación de las nuevas disposiciones podría generar sobre la estructura económica del sindicato y la representación de los trabajadores.

Se analiza el alcance de la reforma laboral (Ley 27.802) respecto de la posibilidad de contratar trabajadores bajo la figura de monotributo. Se concluye que la norma no habilita la utilización del monotributo para encubrir relaciones laborales en actividades comerciales, como un ayudante de pizzero. La figura del colaborador independiente está limitada a supuestos específicos —principalmente profesionales— y no elimina los criterios clásicos de relación de dependencia previstos en la Ley de Contrato de Trabajo. En consecuencia, subsiste el riesgo de reclamos laborales si se utiliza indebidamente.

En la causa “Ferrero, Gabriel Darío c/ Mil Colección SRL y otros s/ despido”, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a las pretensiones del actor en relación a indemnizaciones y diferencias salariales. El tribunal analizó la validez del artículo 55 de la Ley 27.802, que establece criterios de actualización de deudas en juicios laborales, y determinó que su aplicación no resulta inconstitucional, aunque se advirtió sobre la necesidad de garantizar la igualdad ante la ley en el tratamiento de los créditos laborales.

La consulta analiza el tratamiento impositivo aplicable a la venta de un inmueble rural adquirido por una persona humana con posterioridad a enero de 2018 y destinado a alquiler no habitual. Se concluye que, si bien estas operaciones estaban alcanzadas por el impuesto cedular del 15% sobre la ganancia, a partir de la reforma introducida por la Ley 27.802, los resultados derivados de la enajenación de inmuebles quedan exentos en el Impuesto a las Ganancias para operaciones realizadas desde el 1° de enero de 2026. Asimismo, se recuerda que el ITI fue derogado, por lo que la operación no se encuentra alcanzada por ningún tributo nacional.

La Ley 27.802, publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026, modifica varios artículos de la Ley de Contrato de Trabajo y obliga a revisar los procedimientos de liquidación de haberes. Algunos cambios son inmediatos y visibles en el recibo; otros impactan en la estructura del paquete remunerativo y en la base de cálculo de aportes y contribuciones. A continuación, un repaso práctico de los puntos más relevantes.

Se analizan los rubros que integran la liquidación final del trabajador según el tipo de extinción del contrato —con justa causa, sin causa y durante el período de prueba— a partir de las modificaciones introducidas por la Ley 27.802. Se detallan las diferencias en materia indemnizatoria, el alcance de los conceptos devengados y las exclusiones aplicables en cada supuesto, así como el plazo legal para el pago de las acreencias laborales.

En la causa “Ceballos Gabriel Axel c/ Iris Energía S.A.S. s/ despido”, la Cámara del Trabajo de Córdoba declaró la inconstitucionalidad del art. 56 de la Ley 27.802 —modificatorio del art. 277 de la LCT— en cuanto permite cancelar las sentencias laborales en cuotas (hasta 6 para grandes empresas y hasta 12 para pymes). El tribunal rechazó la pretensión de la demandada de aplicar dicho régimen de pago diferido, aun cuando acreditó su condición de PyME. La decisión se funda en la naturaleza alimentaria de los créditos laborales y en la afectación directa que la modalidad de pago en cuotas genera sobre su integridad.

En la causa “López Gabriel Hernán c/ Tecoar S.A. y otros s/ despido”, la Sala III de la Cámara Nacional del Trabajo confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda por despido indirecto. El tribunal consideró que la incorrecta registración de la jornada laboral del actor, quien trabajaba en realidad a tiempo completo, constituyó una injuria suficiente para justificar la ruptura del vínculo laboral. En lo que aquí interesa, la mayoría resolvió aplicar el art. 55 de la Ley 27.802 para la cuantificación de los intereses del crédito reconocido, por tratarse de un juicio en trámite y aún pendiente de sentencia definitiva al momento de la entrada en vigencia de esa norma. El fallo pone de relieve que la operatividad del art. 55 se vincula directamente con la existencia de un crédito proveniente de una relación individual del trabajo ya reconocido en sede judicial, pero aún sujeto a determinación en su monto final.

El presente cuadro comparativo expone, de manera sistemática y artículo por artículo, las modificaciones introducidas por la Ley 27.802 al régimen laboral argentino, abarcando tanto la Ley de Contrato de Trabajo como otras normas complementarias. A través de la confrontación entre el texto anterior y el texto reformado, se identifican con precisión los cambios relevantes en materia de ámbito de aplicación, principios interpretativos, modalidades contractuales, jornada, remuneración, registración, responsabilidad empresaria y régimen indemnizatorio, así como las derogaciones y nuevas incorporaciones. La herramienta permite visualizar de forma integral el alcance de la reforma, facilitando su análisis técnico y su aplicación práctica en el ámbito profesional.

Se analiza la situación en la que un trabajador solicita dejar de prestar tareas durante parte de la jornada en determinados días de la semana, con acuerdo del empleador. En estos casos, no corresponde registrar esas horas como ausencias injustificadas, sino que debe instrumentarse una modificación consensuada de la jornada laboral. El cambio debe formalizarse por escrito y reflejarse en la remuneración proporcional. Asimismo, la reorganización del tiempo de trabajo también puede instrumentarse mediante un sistema de banco de horas previsto en la reciente reforma laboral, que permite compensar horas trabajadas en distintos momentos sin reducir necesariamente el salario.

Se analiza si un empleador puede abonar en cuotas la indemnización derivada de un despido sin causa. Se concluye que, conforme al régimen laboral vigente, la liquidación final debe pagarse en forma inmediata al extinguirse el vínculo laboral. La posibilidad de cancelar el crédito laboral en cuotas introducida por la Ley 27.802 se limita exclusivamente a sentencias judiciales condenatorias, permitiendo hasta seis cuotas para grandes empresas y hasta doce para micro, pequeñas y medianas empresas o personas humanas. Por lo tanto, el pago en cuotas solo sería posible mediante un acuerdo con el trabajador debidamente formalizado y, preferentemente, homologado ante la autoridad administrativa o judicial.

El presente trabajo analiza las disposiciones contenidas en los artículos 189 a 196 de la Ley 27.802, que introducen modificaciones de diverso alcance al Impuesto al Valor Agregado, al Impuesto a las Ganancias y a los impuestos selectivos al consumo. En materia de IVA, la norma incorpora la provisión de energía eléctrica destinada al riego agroindustrial dentro del esquema de alícuota reducida del artículo 28 de la ley del gravamen. En el Impuesto a las Ganancias, las reformas comprenden la sustitución del índice de actualización de quebrantos —reemplazando el IPIM por el IPC y desvinculando la limitación histórica emergente del artículo 39 de la Ley 24.073—, la ampliación de exenciones aplicables a depósitos a plazo fijo en moneda extranjera y a operaciones inmobiliarias vinculadas con la vivienda, la incorporación de un régimen optativo de valuación de existencias para establecimientos de engorde a corral, y la regulación de la residencia fiscal de extranjeros naturalizados por inversión. Finalmente, el Título XXV dispone la eliminación de determinados impuestos internos y la modificación del esquema de financiamiento del Fondo de Fomento Cinematográfico. La relevancia práctica del conjunto normativo reside tanto en su impacto sobre la determinación de los tributos en contextos inflacionarios como en la reconfiguración de incentivos sectoriales con vigencia diferenciada a partir de los ejercicios iniciados desde el 1° de enero de 2025 y 2026, según corresponda.

Se detallan las fechas de entrada en vigencia de las disposiciones de la Ley de Modernización Laboral; en general y en los casos particulares de acuerdo a lo estipulado en cada título, capítulo o sección.

Se aprueba una reforma integral del derecho del trabajo argentino, modificando la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, el régimen procesal, el sistema sindical, la negociación colectiva, el trabajo agrario y el régimen de plataformas tecnológicas, y creando nuevos fondos e incentivos a la formalización y la inversión.

Si los trabajadores desempeñan tareas típicas de empleados, no pueden ser registrados como colaboradores independientes. El empleador debe regularizar la relación con alta retroactiva bajo el régimen laboral, evitando sanciones por encubrimiento o falta de registración.

El Fondo de Cese Laboral sólo puede implementarse si está previsto en un convenio colectivo de trabajo, con acuerdo expreso entre empleador y trabajador al inicio de la relación laboral o mediante pacto posterior. La adhesión no es unilateral ni retroactiva, y requiere consentimiento mutuo, incluso en contratos laborales ya vigentes, conforme a la Ley 27.742 y el Decreto 847/2024.

La Superintendencia de Seguros de la Nación aprueba los lineamientos técnicos y contractuales que deberán cumplir los seguros de cese laboral celebrados conforme a los artículos 6° y 21 del Anexo II del Decreto 847/2024, que regula el nuevo régimen alternativo al sistema indemnizatorio tradicional.

La Comisión Nacional de Valores aprueba un régimen específico para la constitución y funcionamiento de Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral, en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 847/2024 que reglamenta aspectos de la Ley 27.742 en materia de modernización laboral.

Una persona humana puede mantener empleados en relación de dependencia y, al mismo tiempo, incorporar colaboradores bajo el régimen de trabajadores independientes inscriptos en el PADIC. No existe una restricción legal por tipo de actividad ni por coexistencia de ambas figuras, siempre que los colaboradores mantengan autonomía real y no cumplan tareas propias de una relación laboral encubierta. Es clave evitar subordinación, exclusividad o funciones similares a las de los empleados registrados.

El régimen de trabajadores independientes con colaboradores previsto en el capítulo IV de la Ley 27.742 no es aplicable a personas jurídicas. Según el artículo 97, está destinado únicamente a personas humanas que desarrollen un emprendimiento productivo con hasta tres colaboradores independientes. Por lo tanto, una SRL no puede contratar profesionales bajo esta figura.