El Gobierno presentó el proyecto de Ley de Modernización Laboral al Congreso. Propone una reforma integral del régimen laboral y fiscal para fomentar el empleo formal, reducir la litigiosidad, mejorar la competitividad y alentar la inversión.
En un nuevo capítulo de su agenda de reformas estructurales, el Gobierno Nacional envió al Congreso el proyecto de Ley de Modernización Laboral, que busca transformar de raíz el régimen de contratación, la seguridad jurídica, la formalización del empleo y el marco tributario que grava la actividad productiva.
La iniciativa, de 197 artículos, incluye reformas laborales, previsionales, impositivas y procesales, y se enmarca en el programa de estabilización económica. Según el mensaje de elevación, el proyecto apunta a terminar con “cien años de decadencia”, removiendo las trabas normativas que dificultan el empleo formal, especialmente para pymes, trabajadores informales y sectores intensivos en mano de obra.
Contrato de trabajo: reglas más claras y menos litigiosidad
El Título I del proyecto reforma la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, con foco en la simplificación normativa, el respeto a la autonomía de la voluntad y la reducción de la judicialización.
- Digitalización y registración unificada: se elimina la exigencia de requisitos adicionales a los previstos por ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), estableciendo una única ventanilla digital.
- Base indemnizatoria definida: se precisan los conceptos que deben computarse para calcular indemnizaciones, excluyendo ítems controvertidos y evitando reclamos arbitrarios.
- Salarios en pesos o en moneda extranjera: se autoriza el pago en divisas si se pacta entre partes.
- Horas extras y descansos: se permite acordar regímenes flexibles de compensación de horas, respetando los descansos legales.
- Beneficios sociales: se refuerza el carácter no remunerativo de ciertos beneficios, y se promueve el reconocimiento al mérito individual mediante sumas pactadas colectivamente.
- Despido arbitrario: se ratifica la responsabilidad objetiva del empleador y se impide reclamar daños y perjuicios por fuera de lo previsto en la LCT y sus indemnizaciones.
Procesos laborales más ágiles
Se reforman artículos clave de la Ley 18.345 para mejorar la eficiencia en la Justicia Nacional del Trabajo:
- Se incorpora el principio de impulso procesal a cargo de las partes, agilizando los trámites.
- Se refuerza el carácter alimentario de los créditos laborales y se unifica el régimen de actualización de créditos.
Derecho colectivo: convenios, huelgas y asambleas
El proyecto busca reequilibrar el sistema colectivo de trabajo:
- Fin de la ultraactividad automática: los convenios vencidos solo se prorrogarán si hay acuerdo explícito.
- Negociaciones descentralizadas: los convenios de ámbito menor prevalecerán frente a los de ámbito superior, incluso si estos son posteriores.
- Reglas para asambleas: se regula su realización y se precisa que no devengan salario si no hay prestación de servicios.
- Huelgas en servicios esenciales: se reafirma la doctrina del Decreto 70/2023, con límites a la huelga en sectores estratégicos.
Régimen para plataformas digitales
- Se establece un régimen laboral específico para trabajadores de plataformas, como deliverys o apps de movilidad:
- Se reconoce su independencia con reglas claras de prestación y derechos.
- Se delimita la responsabilidad de las empresas, protegiendo el esquema flexible.
Riesgos del trabajo
Se modifica la Ley 27.348, obligando a aplicar la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales en todas las jurisdicciones adheridas, con criterios unificados para evitar fallos contradictorios.
Fondo de Asistencia Laboral
El Título II crea un Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado por una contribución obligatoria del 3% de la remuneración bruta, administrado por entidades autorizadas por la CNV y canalizado vía ARCA.
- Destino: cubrir indemnizaciones por despido.
- Beneficio: permite a los empleadores prever costos y acceder a una reducción de 3 puntos en las contribuciones patronales al SIPA.
RIFL y Promoción del Empleo Registrado
Los Títulos XIX a XXI implementan incentivos directos a la formalización del empleo:
- Se crea el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), con reducción de contribuciones durante 48 meses para nuevas altas de trabajadores desempleados, monotributistas o ex empleados públicos.
- Se permite regularizar relaciones laborales no registradas previas a la ley, con condonación de multas, planes de pago y reconocimiento de hasta 60 meses previsionales.
Baja de cargas sociales y racionalización del sistema
Se reduce la carga sobre el empleo registrado:
- La contribución al Seguro de Salud baja al 5%.
- Las contribuciones patronales al SIPA se fijan en:
- 17,4% para grandes empresas de comercio o servicios.
- 15% para el resto de los empleadores.
RIMI: incentivo para inversiones medianas
El Título XXIII crea el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), con vigencia por dos años:
- Amortización acelerada de activos.
- Devolución anticipada de saldo técnico de IVA.
- Cuota única de amortización para bienes de alta eficiencia energética o riego agroindustrial.
Ganancias, IVA e impuestos internos
Las reformas fiscales cierran el proyecto con una impronta proinversión:
- Ganancias:
- Quebrantos ajustables por IPC desde 2025.
- Reducción de alícuotas corporativas: 27% y 31,5% desde 2026.
- Exención en venta de inmuebles y valores desde 2026.
- IVA: se propone alícuota reducida para energía eléctrica en riego agroindustrial.
- Eliminación de impuestos internos: se derogan gravámenes sobre seguros, vehículos, embarcaciones, aeronaves y espectáculos audiovisuales.
El proyecto representa una de las reformas más ambiciosas de las últimas décadas. Con eje en la libertad económica, la previsibilidad y el orden fiscal, busca reactivar el empleo formal, reducir el costo laboral, evitar litigios innecesarios y alentar la inversión productiva. El oficialismo espera que el Congreso lo trate en sesiones extraordinarias antes del cierre del año.
