La Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial revocó una resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ) que había sometido a una sociedad anónima al régimen de fiscalización estatal permanente del artículo 299 inciso 2 de la Ley General de Sociedades, por contar con un capital social de exactamente $2.000.000.000.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal (Sala IV) resolvió que la limitación prevista en el artículo 21 del Decreto 608/2024 —que excluye de los beneficios del Régimen de Regularización de Activos (Ley 27.743) a los créditos fiscales, gastos y salidas no documentadas vinculadas a facturas apócrifas— constituye un exceso reglamentario. En consecuencia, declaró su inaplicabilidad al caso, al considerar que la ley no contempla dicha exclusión y que el Poder Ejecutivo no puede restringir beneficios fiscales por vía reglamentaria. Asimismo, tuvo por válido el acogimiento del contribuyente al régimen de regularización, lo que implicó su desistimiento de la acción judicial y la liberación de las obligaciones discutidas, en la medida de los bienes exteriorizados.