La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó que la condonación de pleno derecho de multas materiales prevista en el artículo 12 de la Ley 27.541 no exige el cumplimiento del requisito de repatriación de activos financieros situados en el exterior cuando la obligación tributaria principal había sido cancelada antes de la entrada en vigencia del régimen. El Tribunal sostuvo que la exigencia de repatriación prevista en el artículo 8° de la ley resulta aplicable únicamente a los supuestos de regularización de deudas mediante adhesión al régimen moratorio, pero no a la condonación automática de sanciones vinculadas con obligaciones ya canceladas. En consecuencia, rechazó la interpretación de la AFIP que pretendía extender ese requisito a un supuesto no contemplado expresamente por la norma.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal (Sala IV) resolvió que la limitación prevista en el artículo 21 del Decreto 608/2024 —que excluye de los beneficios del Régimen de Regularización de Activos (Ley 27.743) a los créditos fiscales, gastos y salidas no documentadas vinculadas a facturas apócrifas— constituye un exceso reglamentario. En consecuencia, declaró su inaplicabilidad al caso, al considerar que la ley no contempla dicha exclusión y que el Poder Ejecutivo no puede restringir beneficios fiscales por vía reglamentaria. Asimismo, tuvo por válido el acogimiento del contribuyente al régimen de regularización, lo que implicó su desistimiento de la acción judicial y la liberación de las obligaciones discutidas, en la medida de los bienes exteriorizados.