La medida elimina requisitos considerados obsoletos, introduce estándares internacionales y flexibiliza procedimientos administrativos, en línea con la política de desregulación y modernización del Estado.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó una reforma integral del régimen aplicable a emisoras, auditores externos y órganos de fiscalización, mediante la modificación de los Capítulos III y IV del Título II de sus Normas. La actualización apunta a simplificar procedimientos, eliminar cargas administrativas innecesarias y alinear la regulación con estándares internacionales.

Uno de los ejes centrales de la medida es la actualización del régimen de auditoría externa. En este sentido, mediante la Resolución General (CNV) 1127/2026 publicada hoy, se incorporan criterios de independencia basados en normas internacionales y se exige una mayor transparencia en la divulgación de honorarios, diferenciando entre servicios de auditoría y otros servicios profesionales. Además, se simplifican los requisitos para la inscripción en el Registro de Auditores Externos y se redefinen los contenidos de las declaraciones juradas exigidas.

Asimismo, se adecúan las disposiciones a los estándares del Código Internacional de Ética para Contadores Profesionales, adoptado por la FACPCE, en particular en lo relativo a los servicios prestados por los auditores externos a entidades de interés público, así como el deber de divulgación de los honorarios facturados por tales prestaciones, en pos de una mayor transparencia de la información.

A su vez, se precisa el alcance de la evaluación de la función de auditoría externa en el marco de las atribuciones y obligaciones que competen al comité de auditoría o al Directorio, según corresponda, consolidando los mecanismos de control interno.

La resolución también introduce cambios relevantes en materia de gobierno corporativo. Se establecen criterios más precisos para determinar la independencia de directores y síndicos, y se regulan las retribuciones del directorio en línea con la Ley General de Sociedades, fijando límites y condiciones para su eventual superación mediante aprobación expresa de la asamblea.

En paralelo, se avanza en la simplificación de la fiscalización societaria. Se unifican los requisitos de inscripción registral, se eliminan trámites innecesarios y se flexibilizan exigencias documentales, con el objetivo de reducir costos administrativos para las emisoras. También se refuerza el principio de neutralidad tecnológica, permitiendo el uso de sistemas digitales para la registración contable y societaria sin necesidad de autorizaciones previas cuando no se alteren condiciones esenciales.

Asimismo, la norma introduce ajustes en materia de distribución de dividendos, funcionamiento del comité de auditoría y régimen de notificaciones administrativas, que pasan a regirse por la Ley de Procedimientos Administrativos.

La CNV enmarca esta reforma en el proceso de armonización normativa impulsado a nivel nacional, con el objetivo de otorgar mayor previsibilidad, seguridad jurídica y eficiencia al mercado de capitales. La medida entra en vigencia desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.