Entre los puntos salientes del debate, el oficialismo destacó el objetivo de “reducir la litigiosidad” y mantener el marco de la Ley de Contrato de Trabajo, mientras que la oposición cuestionó el trámite legislativo y advirtió sobre el impacto de una reforma amplia que, según se sostuvo en el recinto, modifica 28 leyes y deroga otras 11.
El Senado de la Nación convirtió en ley la Modernización Laboral al aprobar el proyecto con las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, con 42 votos afirmativos, 28 negativos y 2 abstenciones. La sanción se produjo tras una sesión en la que el oficialismo y bloques aliados defendieron el alcance de la reforma, mientras que la oposición insistió en objeciones de procedimiento y en el impacto de los cambios sobre el régimen laboral.
El debate comenzó con un planteo para devolver el proyecto a comisión. Según la crónica parlamentaria, la moción fue rechazada por 43 votos contra 29, y recién entonces se abrió la discusión de fondo. En la exposición inicial como miembro informante, el senador Juan Cruz Godoy sostuvo que el texto mantiene derechos contemplados en la Ley de Contrato de Trabajo y lo enmarcó en un objetivo de reducir litigiosidad, incorporando definiciones sobre naturaleza laboral, salario y beneficios sociales.
En esa línea, desde el oficialismo se mencionaron instrumentos del nuevo esquema, entre ellos el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y la incorporación de parámetros para servicios esenciales y actividades consideradas de importancia trascendental, a fin de definir prestaciones mínimas en supuestos de conflicto. También se vinculó la reforma con regímenes de incentivo orientados a formación, modernización e inversión, con foco en empleo formal y productividad, en especial en el entramado PyME.
Del lado opositor, el senador Mariano Recalde reiteró el rechazo de su bloque y cuestionó el tratamiento legislativo, señalando que se trata de una reforma extensa que modifica numerosas normas y deroga otras, además de objetar cambios puntuales vinculados a exclusiones en el ámbito de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo y a reglas de responsabilidad en esquemas de contratación. En particular, concentró críticas en el FAL, al que caracterizó como el eje más sensible del texto, y anticipó iniciativas de control parlamentario sobre el destino de recursos asociados.
En cuanto a los contenidos que se difundieron como centrales tras la sanción, la reforma incluye cambios sobre la base de cálculo de la indemnización por despido sin causa, un nuevo criterio de actualización, la creación del FAL con contribuciones diferenciadas por tamaño de empresa, y la incorporación de mecanismos como el “banco de horas” para pactos de compensación de jornada. También se contemplan ajustes en el régimen de vacaciones, con un período de otorgamiento entre el 1 de octubre y el 30 de abril, y disposiciones sobre trabajadores de plataformas, además de previsiones institucionales como el traspaso de la justicia laboral nacional al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Un dato político relevante del cierre fue que el Senado ratificó el texto con la eliminación del artículo sobre licencias médicas que había generado controversia en el trámite legislativo, punto que se transformó en una condición para destrabar la aprobación.
Ver texto completo aprobado por Diputados cuyo texto fue el sancionado como ley por el Senado:
