Además, redefine el concepto de inversor calificado, incorpora los activos virtuales y establece límites específicos para proteger a inversores no profesionales.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó un nuevo esquema regulatorio que incorpora el financiamiento colectivo al régimen de oferta pública con autorización automática, mediante la Resolución General (CNV) 1125/2026 publicada en el Boletín Oficial. La medida apunta a ampliar las alternativas de financiamiento para empresas y facilitar el acceso al mercado de capitales mediante procesos más ágiles y simplificados.

El nuevo régimen permite canalizar emisiones de bajo y mediano impacto a través de esquemas de crowdfunding, habilitando la participación de inversores no calificados sin restricciones en cuanto a cantidad, aunque con límites de inversión claramente definidos. En este sentido, se establece que cada inversor podrá destinar hasta 3.000 UVA por emisión y un máximo de 10.000 UVA en el conjunto de inversiones bajo este sistema, con un adicional vinculado a su patrimonio (5% por operación y 10% acumulado).

En paralelo, la normativa incorpora nuevas definiciones relevantes para el funcionamiento del mercado. Entre ellas, se destaca la inclusión de los activos virtuales como parte del patrimonio computable para determinar la condición de inversor calificado, junto con inversiones en el exterior. En este marco, se fija un umbral de 350.000 UVA para acceder a dicha categoría.

Asimismo, se actualizan los montos máximos de emisión dentro del régimen de mediano impacto, elevando los topes a 15.000.000 UVA por emisión y 30.000.000 UVA acumulados en el caso de acciones. A su vez, se establecen excepciones a los límites tradicionales de emisión y agregación cuando se trate de financiamiento colectivo bajo este régimen.

Desde el punto de vista operativo, la CNV habilita la utilización de plataformas de financiamiento colectivo registradas como canal de colocación, junto con los mecanismos tradicionales del mercado. También se introduce la obligación de presentar la información en lenguaje claro, con el objetivo de mejorar la comprensión de los riesgos por parte de los inversores.

La resolución se enmarca en una estrategia más amplia de modernización del mercado de capitales, orientada a reducir costos regulatorios, agilizar los procesos de autorización y promover la participación de nuevos actores, manteniendo estándares de transparencia y protección del inversor. La norma entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.