Pago voluntario de multas en Defensa del Consumidor

Defensa del Consumidor: crean un régimen de pago voluntario con reducción del 50% de multas

Se establece un nuevo mecanismo de pago voluntario de multas con reducción del 50% en la Ley de Defensa del Consumidor.

Redacción BDC22/05/2026
Inicio > Actualidad > Economía y Finanzas > Defensa del Consumidor: crean un régimen de pago voluntario con reducción del 50% de multas

Defensa del Consumidor: crean un régimen de pago voluntario con reducción del 50% de multas

El Decreto 377/2026 modifica la Reglamentación de la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240, incorporando un procedimiento de pago voluntario de multas. La medida es aplicable a infractores que consientan la sanción y abonen dentro de los diez días hábiles de notificada la resolución.

El Poder Ejecutivo Nacional modificó la Reglamentación de la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240 e incorporó un mecanismo de pago voluntario para los casos en que la Autoridad Nacional de Aplicación imponga multas por infracciones al régimen consumeril.

La medida fue establecida mediante el Decreto 377/2026, publicado en el Boletín Oficial el 22 de mayo de 2026, y entró en vigencia desde esa misma fecha.

El nuevo inciso incorporado al artículo 45 de la reglamentación dispone que, en los casos de imposición de multa, el infractor podrá cumplir con la sanción consintiéndola y pagando el 50% de la suma fijada dentro de los diez días hábiles de notificada la resolución.

El beneficio quedará sin efecto si, dentro de ese plazo, el infractor interpone el recurso directo previsto en el artículo 45 de la Ley N° 24.240 contra la resolución dictada.

La norma también establece un límite expreso: la reducción no podrá dar como resultado un monto inferior al mínimo previsto en el artículo 47, inciso b), de la Ley de Defensa del Consumidor.

Según los considerandos del decreto, el procedimiento sancionatorio nacional no contemplaba hasta ahora una reducción de este tipo para proveedores infractores que abonaran la multa en plazo, a diferencia de lo previsto por varias autoridades locales de aplicación y por otras normas vinculadas a la regulación del comercio interior.

El Poder Ejecutivo fundamentó la modificación en la necesidad de generar incentivos para disminuir la litigiosidad administrativa y judicial, reducir costos para la Administración Pública Nacional y para los proveedores, y lograr una gestión más ágil en la resolución de las actuaciones administrativas.

Scroll al inicio