Se modifican los requisitos del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar) para ampliar el alcance de la línea “Finalización de la educación obligatoria” a estudiantes que asisten a instituciones privadas gratuitas o de contribución reducida, siempre que emitan títulos oficiales y estén ubicadas en zonas sin oferta estatal equivalente.

Se aprueba la implementación y el uso obligatorio del Sistema de Seguimiento de Solicitudes de Acceso a la Información desarrollado por la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), el cual será de utilización obligatoria a partir del 1° de septiembre de 2025 por parte de todos los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la Ley 27.275.

Se crea el Programa de Fortalecimiento de Protección de Datos Personales en la Administración Pública Nacional con el objetivo de consolidar una estrategia institucional para mejorar el tratamiento de datos personales en los organismos del Estado, garantizando el cumplimiento de la Ley 25.326 y promoviendo la seguridad jurídica, la transparencia y la autodeterminación informativa.

Se aprueban modificaciones al Decreto 744/2004 reglamentario de la Ley 25.761 para actualizar el régimen legal aplicable a desarmaderos y comercialización de autopartes usadas, incorporando un sistema digital integral que sustituye los trámites presenciales por gestiones electrónicas.

Se establece que las empresas industriales radicadas en el Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego, que hayan adherido al régimen de promoción dispuesto por el Decreto 727/2021, no estarán alcanzadas por las limitaciones previstas en los decretos 1139/1988 y 1395/1994 vinculadas al cómputo del crédito fiscal presunto en IVA y al tratamiento en Ganancias.

El Poder Ejecutivo Nacional vetó en su totalidad los Proyectos de Ley Nros. 27.791, 27.792 y 27.793 sancionados por el Congreso el 10 de julio de 2025, argumentando que implican un incremento del gasto público superior a 7 billones de pesos para 2025 y 17 billones para 2026, sin previsión presupuestaria suficiente ni fuentes de financiamiento concretas.

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) aprueba las alícuotas promedio correspondientes al año calendario 2024 para cada una de las actividades incluidas en el Clasificador Internacional Industrial Uniforme (CIIU).

Se introducen importantes modificaciones al régimen de facilidades de pago dispuesto por la Resolución General 5684, destinado a regularizar saldos del impuesto a las ganancias en los que se hayan computado quebrantos de forma incorrecta o con ajuste por inflación.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispone que las obligaciones fiscales con vencimiento el 30 de julio de 2025 se considerarán cumplidas en término si son presentadas o abonadas hasta el 1 de agosto de 2025 inclusive. La medida responde a las dificultades técnicas registradas ese día que impidieron el acceso a los sistemas con clave fiscal.

Se dispone la emisión de dos nuevas Letras del Tesoro Nacional vinculadas al dólar estadounidense con vencimientos el 29 de agosto y 30 de septiembre de 2025, ambas con cupón cero y suscripción en pesos al tipo de cambio oficial. Además, se amplían emisiones previas de instrumentos similares con vencimientos hasta el 31 de octubre de 2025 y se afecta el monto no colocado de un bono vinculado al dólar emitido en diciembre. 

La Comisión Nacional de Valores (CNV) inicia el procedimiento de elaboración participativa de normas para reglamentar un régimen de autorización automática de oferta pública de fondos comunes de inversión abiertos.

Se modifica la Resolución General 830 con el objetivo de precisar que los beneficios y rescates vinculados a los seguros de cese laboral —implementados en el marco del Sistema de Cese Laboral reglamentado por el Decreto 847/2024— no se encuentran alcanzados por el régimen de retención del impuesto a las ganancias previsto en dicha resolución.

Se abrogan las Resoluciones Generales 4.167, 4.179, 185 y 4.588, eliminando regímenes de retención y percepción del impuesto a las ganancias y al valor agregado que regían sobre operaciones realizadas con vales alimentarios y ventas de carnes y subproductos derivados de la faena de hacienda bovina, bubalina y porcina.

Se modifica el inciso b) del artículo 2° de la Resolución General 2126, incorporando nuevas actividades económicas a la presunción de consumidor final en el régimen de percepción del impuesto al valor agregado.

Se establece que todas las denuncias de irregularidades fiscales realizadas mediante la aplicación “ARCA Móvil” deberán efectuarse ingresando con Clave Fiscal nivel 2 o superior, sustituyendo el esquema de denuncias anterior.

Se extiende hasta el 31 de diciembre de 2025 la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal y de la traba de medidas cautelares dispuesta por la Resolución General 5628, en beneficio de las entidades sin fines de lucro registradas al 25 de julio de 2025 y los contribuyentes del sector salud. La medida responde a la prórroga establecida por la Resolución 1066/2025 del Ministerio de Economía, que complementa la Resolución 1445/2024. La resolución mantiene la posibilidad de actuación por parte del fisco en casos de grave afectación del interés público, prescripción inminente o caducidad de instancia. Entra en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial.

Se establece, con carácter de excepción, que las entidades financieras comprendidas en la Ley 21.526, los agentes de liquidación y compensación (ALyC) registrados ante la CNV y las sociedades depositarias de fondos comunes de inversión podrán cumplir la presentación del régimen de información correspondiente al período junio de 2025 hasta el último día hábil del mes de agosto del mismo año. La resolución entra en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial.

Se aprueba la versión 7.0 del programa aplicativo “Bienes Personales - Acciones y Participaciones Societarias”, que deberán utilizar las sociedades comprendidas en la Ley General de Sociedades para confeccionar la declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales correspondiente a las participaciones societarias al 31 de diciembre de cada año. La nueva versión estará disponible en el sitio web de ARCA y será de uso obligatorio para las presentaciones, originales o rectificativas, que se realicen desde el día hábil siguiente a su publicación en el Boletín Oficial.

Se deroga el inciso e) del artículo 1° y el Anexo V de la Resolución General 3.421, eliminando así el régimen de información que alcanzaba a las personas humanas o jurídicas que prestaban servicios de transporte de caudales, traslado, tenencia o custodia de fondos y valores en el ámbito nacional. La medida mantiene la validez de las obligaciones vinculadas a hechos ocurridos durante la vigencia del régimen y comenzará a regir a partir del 1 de agosto de 2025.

Se abroga la Resolución General 2.762 y se deroga el artículo 1° de la Resolución General 4.551, eliminando el régimen de información que obligaba a declarar ante ARCA la titularidad y transferencia de embarcaciones y maquinarias autopropulsadas al momento de constituir, modificar o cancelar derechos reales sobre dichos bienes. La norma entra en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial.

Se incorpora al Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA) la “Autorización de Importación” y el “Aviso de Importación de Países Individualizados” emitidos por el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) para productos alimenticios, conforme a lo establecido por el Código Alimentario Argentino y su normativa complementaria.

Se dispone la incorporación al Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA) de la autorización para la importación de insumos industriales valorizados en origen, conforme al Decreto 1/2025 y la Resolución SIC 23/2025. La medida busca centralizar en la VUCEA la gestión de estos permisos mediante su validación automática en el Sistema Informático Malvina (SIM).

Se establece en $69.147,18 el valor actualizado que surge de aplicar la equivalencia del 22% sobre el Haber Mínimo Garantizado vigente a partir de agosto de 2025, de conformidad con el artículo 15 del Decreto 1694/2009. Esta unidad de referencia es utilizada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) para el cálculo de sanciones previstas en la Ley 24.557, en reemplazo del MOPRE.

Se establece una reducción permanente de las alícuotas del derecho de exportación para mercaderías comprendidas en distintas cadenas agroindustriales, incluyendo granos (soja, maíz, trigo, girasol, cebada, sorgo) y carnes, conforme al detalle del anexo del decreto. La norma entra en vigencia al día siguiente de su publicación.

Se dispone una nueva prórroga parcial en la aplicación de los aumentos previstos en los montos fijos del impuesto sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, correspondientes a las actualizaciones por IPC acumulado de los trimestres comprendidos entre enero de 2024 y marzo de 2025.

Se dispone el otorgamiento de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 a abonarse en agosto de 2025 para titulares de jubilaciones y pensiones a cargo de ANSES, incluyendo prestaciones contributivas del SIPA, pensiones no contributivas, PUAM y beneficios de regímenes transferidos a la Nación.

Se establece el procedimiento para la solicitud y otorgamiento de la ciudadanía argentina por naturalización a personas extranjeras que hayan realizado una inversión relevante en el país, conforme a lo dispuesto en el artículo 2° bis de la Ley N° 346 de Ciudadanía, incorporado por el Decreto 366/2025.

La Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal hizo lugar al recurso de apelación de ROEMMERS S.A.I.C.F. y declaró la inconstitucionalidad de los topes vigentes aplicados por la AFIP para deducir gastos y créditos fiscales por automóviles afectados a la actividad gravada, utilizados por agentes de propaganda médica (APM). Si bien la empresa no se encuentra comprendida en la excepción del art. 88, inciso l, de la ley del Impuesto a las Ganancias, la Cámara consideró que la falta de actualización de los límites establecidos ($20.000 para amortizaciones y $7.200 anuales para gastos de mantenimiento) implicaba una violación del principio de razonabilidad y del deber legal de revisión periódica. Se dejó sin efecto la determinación de oficio, los intereses y las sanciones impuestas, con costas por su orden.

La Cámara Federal de San Martín, Sala II, revocó la resolución que había rechazado la medida cautelar solicitada por Yamaha Motor Argentina S.A. contra la AFIP-DGI (hoy ARCA). La empresa, como responsable sustituto del impuesto sobre los bienes personales de sus accionistas, buscaba suspender los efectos de la intimación de pago y evitar embargos, bloqueos y medidas que afectaran su actividad comercial, en el marco de una controversia por la compensación con saldos a favor en el impuesto a las ganancias. El tribunal consideró que existía verosimilitud en el derecho invocado, respaldada por el fallo “Rectificaciones Rivadavia” de la Corte Suprema, y que el peligro en la demora se encontraba configurado por la ejecución fiscal en trámite. Se hizo lugar parcialmente a la cautelar, ordenando a la ARCA abstenerse de trabar embargos, impedir contrataciones con el Estado o bloquear certificados fiscales, previa caución de $15 millones y por un plazo de seis meses.

Se fijan las remuneraciones mínimas y los topes indemnizatorios del personal permanente de prestación continua comprendido en el Régimen de Trabajo Agrario de la Ley 26.727, con vigencia escalonada a partir del 1° de julio, 1° de agosto y 1° de septiembre de 2025, hasta el 31 de julio de 2026, conforme lo detallado en los anexos de la resolución.