En la causa 'Vicentin SAIC c/ Dirección General Impositiva', la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación que había determinado de oficio el IVA correspondiente a varios períodos fiscales. El tribunal consideró que la actora no logró demostrar la veracidad de las operaciones con los proveedores cuestionados, quienes presentaban irregularidades que ponían en duda su capacidad económica y operativa. En consecuencia, se desestimaron los agravios de la actora y se ratificó la resolución del Fisco.

En la causa 'Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional', el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 resolvió sobre la acción declarativa promovida por la CGT, en la que se solicitó la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley 27.802. El tribunal consideró que la CGT tiene legitimación activa para impugnar las disposiciones que afectan derechos laborales fundamentales, y que la acción se encuadra dentro de los requisitos establecidos para este tipo de demandas. En consecuencia, se admitió la medida cautelar solicitada por la actora, suspendiendo la aplicación de las normas cuestionadas hasta tanto se resuelva el fondo del asunto.

En la causa “Sevastei, Jorge c/ AFIP s/ amparo contra actos de particulares”, la Cámara Federal de Mendoza, Sala A, confirmó la sentencia que hizo lugar al amparo del contribuyente, rechazando la postura de la AFIP sobre la exclusión del régimen simplificado. El tribunal sostuvo que la operación que provoca el exceso de los parámetros del monotributo no puede ser alcanzada por el régimen general, ya que es precisamente la que determina la exclusión, la cual opera hacia el futuro. Asimismo, consideró procedente la vía del amparo al no acreditarse la existencia de un medio judicial más idóneo ni la complejidad alegada por el fisco.

En la causa 'Sindicato Empleados de Comercio de San Martín c/ Estado Nacional', el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín 2 hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el sindicato. La decisión implica la suspensión de la aplicación de los artículos 131 y 133 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en relación con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75 y otros convenios vinculados. El tribunal fundamentó su resolución en la verosimilitud del derecho invocado y el peligro de un daño irreparable en la demora, considerando la inminencia del vencimiento del convenio colectivo y los efectos adversos que la aplicación de las nuevas disposiciones podría generar sobre la estructura económica del sindicato y la representación de los trabajadores.

En la causa “ARAUCO ARGENTINA SA c/ DGA”, la Cámara Contencioso Administrativa Federal, Sala II, resolvió hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, declarando la inconstitucionalidad del Decreto 793/2018. Asimismo, se admitió la acción de repetición de derechos de exportación abonados sin causa, reconociendo el derecho de la actora a obtener el reintegro correspondiente. La decisión se fundamentó en la incompatibilidad del decreto con el texto constitucional y la falta de validez de los derechos de exportación establecidos por normas extralegales.

En la causa 'Meza Jorge Alberto c/ Seguvip Argentina SRL', la Cámara del Trabajo de Cipolletti resolvió a favor del actor, reconociendo su situación de despido indirecto. El tribunal fundamentó su decisión en la negativa de la empresa a asignar tareas efectivas y la falta de pago de salarios correspondientes a los meses de marzo y abril de 2022. Asimismo, se destacó que el cambio de destino laboral propuesto por la demandada no cumplía con los requisitos legales, constituyendo un ejercicio abusivo del ius variandi.

En la causa “Ferrero, Gabriel Darío c/ Mil Colección SRL y otros s/ despido”, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a las pretensiones del actor en relación a indemnizaciones y diferencias salariales. El tribunal analizó la validez del artículo 55 de la Ley 27.802, que establece criterios de actualización de deudas en juicios laborales, y determinó que su aplicación no resulta inconstitucional, aunque se advirtió sobre la necesidad de garantizar la igualdad ante la ley en el tratamiento de los créditos laborales.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la sentencia que había admitido parcialmente la potestad de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche para ejercer poderes de policía e imposición sobre el Aeropuerto Internacional de Bariloche. El Tribunal puso el eje en la invalidez constitucional de la ley provincial 3978 de Río Negro, que había anexado al ejido municipal el territorio donde se emplaza la estación aérea, ubicado dentro de la Reserva Nacional Nahuel Huapi –Zona Gutiérrez–. Con remisión a su precedente de Fallos: 347:552, la Corte reiteró que esas tierras integran un establecimiento sometido a jurisdicción federal y que la provincia no podía realizar actos de disposición sobre ellas. En consecuencia, la pretensión municipal de exigir habilitación comercial, declaraciones de ingresos y el pago de la tasa de seguridad e higiene carece de causa jurídica suficiente. 

La Cámara Federal de La Plata revocó la sentencia que había declarado la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias aplicado sobre un haber previsional, al considerar que no se acreditaron en el caso concreto las condiciones de vulnerabilidad exigidas por el precedente “García” de la Corte Suprema. Si bien se reconoció la procedencia formal de la acción declarativa de inconstitucionalidad sin necesidad de agotar la vía administrativa, el tribunal concluyó que la actora no demostró una situación de salud, económica o social que justificara excluirla del tributo. En consecuencia, se dejó sin efecto la orden de cesar retenciones y reintegrar sumas, manteniéndose la aplicación del impuesto. Las costas se impusieron por su orden.

En la causa “Ceballos Gabriel Axel c/ Iris Energía S.A.S. s/ despido”, la Cámara del Trabajo de Córdoba declaró la inconstitucionalidad del art. 56 de la Ley 27.802 —modificatorio del art. 277 de la LCT— en cuanto permite cancelar las sentencias laborales en cuotas (hasta 6 para grandes empresas y hasta 12 para pymes). El tribunal rechazó la pretensión de la demandada de aplicar dicho régimen de pago diferido, aun cuando acreditó su condición de PyME. La decisión se funda en la naturaleza alimentaria de los créditos laborales y en la afectación directa que la modalidad de pago en cuotas genera sobre su integridad.

En la causa “López Gabriel Hernán c/ Tecoar S.A. y otros s/ despido”, la Sala III de la Cámara Nacional del Trabajo confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda por despido indirecto. El tribunal consideró que la incorrecta registración de la jornada laboral del actor, quien trabajaba en realidad a tiempo completo, constituyó una injuria suficiente para justificar la ruptura del vínculo laboral. En lo que aquí interesa, la mayoría resolvió aplicar el art. 55 de la Ley 27.802 para la cuantificación de los intereses del crédito reconocido, por tratarse de un juicio en trámite y aún pendiente de sentencia definitiva al momento de la entrada en vigencia de esa norma. El fallo pone de relieve que la operatividad del art. 55 se vincula directamente con la existencia de un crédito proveniente de una relación individual del trabajo ya reconocido en sede judicial, pero aún sujeto a determinación en su monto final.

En la causa “MENDIGUREN, MAXIMILIANO HERNAN c/ LAVADERO TORINO S.A. s/DESPIDO”, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala I, declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la ley 27.802. La decisión se fundamentó en que dicha norma vulnera derechos constitucionales, afectando el derecho de propiedad y el principio de igualdad ante la ley. En consecuencia, se dispuso que el crédito reconocido al trabajador debe ser actualizado conforme a la regla general prevista en el artículo 54 de la misma ley.

En la causa “Unión de Empleados de la Justicia de la Nación c/ Estado Nacional s/ medida cautelar”, el Juzgado Nacional del Trabajo N° 30 hizo lugar a la medida precautoria solicitada por el sindicato actor y dispuso la suspensión de los efectos del Acuerdo de Transferencia de la función judicial laboral a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incorporado como Anexo I de la Ley 27.802.

La Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia de primera instancia que había ordenado a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) restablecer la CUIT de un contribuyente incluido en la “Base de Contribuyentes No Confiables – Base Apoc”. El tribunal entendió que la inhabilitación configuraba una vía de hecho, ya que se había ejecutado sin la existencia de un acto administrativo firme que resolviera el reclamo interpuesto en sede administrativa conforme al art. 35 inciso h) de la Ley 11.683. Hasta tanto dicho recurso no fuera resuelto, la suspensión de la CUIT no podía mantenerse por el efecto suspensivo previsto en la normativa.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia que había confirmado el cobro de la Tasa por Inspección, Seguridad e Higiene (TISH) a Western Union S.R.L. por parte del Municipio de Merlo. La empresa, dedicada al servicio de envío de dinero, desarrolla su actividad a través de convenios con otras firmas —Correo Argentino, Compañía Financiera Argentina y Credilogros— que ya tributan la tasa por sus propios locales en el municipio. El Máximo Tribunal concluyó que no se acreditó la existencia de un servicio municipal adicional de inspección que justificara un segundo pago, de modo que el intento de gravar también a Western Union implicaba una duplicación injustificada. La Corte se remitió a su precedente “Municipalidad de Concordia c/ Nación AFJP” (2009), reafirmando que la tasa solo procede cuando existe un servicio específico y diferenciado. En consecuencia, dejó sin efecto el fallo apelado y ordenó dictar una nueva sentencia conforme a esta doctrina.

La Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal revocó la sentencia de primera instancia y dejó sin efecto la resolución de la AFIP que había excluido de pleno derecho del Régimen Simplificado (Monotributo) a un contribuyente por haber superado el límite de ingresos anuales de la categoría H. La exclusión se basó en la facturación registrada entre julio de 2017 y junio de 2018. Sin embargo, el Tribunal consideró que uno de los comprobantes computados correspondía a una prestación de servicios devengada en un período anterior al auditado, lo que dejaba al contribuyente dentro del límite permitido. La Cámara resaltó que el criterio aplicable para medir los ingresos es el del devengado y que en el caso existía prueba suficiente para demostrar que al menos una de las facturas cuestionadas no debía ser computada en el período fiscalizado.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que había declarado la inconstitucionalidad de los artículos 103, 104 y 106 de la Ley 27.430 respecto de Tabacalera Sarandí S.A. La Cámara consideró que el impuesto mínimo a los cigarrillos, al recaer desproporcionadamente sobre productos baratos y ultrabaratos, vulneraba el principio de igualdad y el derecho a ejercer industria lícita. Sin embargo, la Corte rechazó la acción al concluir que la empresa no logró probar de forma suficiente el daño invocado ni la relación directa entre la aplicación del tributo y la supuesta inviabilidad de su actividad comercial. El Tribunal sostuvo que los fines extrafiscales perseguidos por el legislador, como la protección de la salud pública y la reducción del tabaquismo, son constitucionalmente válidos, y que la carga de demostrar la irrazonabilidad o arbitrariedad de la norma pesa sobre quien la impugna. Por insuficiencia probatoria, el planteo fue desestimado y se impusieron las costas a la parte vencida.

La Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal hizo lugar al recurso de apelación de ROEMMERS S.A.I.C.F. y declaró la inconstitucionalidad de los topes vigentes aplicados por la AFIP para deducir gastos y créditos fiscales por automóviles afectados a la actividad gravada, utilizados por agentes de propaganda médica (APM). Si bien la empresa no se encuentra comprendida en la excepción del art. 88, inciso l, de la ley del Impuesto a las Ganancias, la Cámara consideró que la falta de actualización de los límites establecidos ($20.000 para amortizaciones y $7.200 anuales para gastos de mantenimiento) implicaba una violación del principio de razonabilidad y del deber legal de revisión periódica. Se dejó sin efecto la determinación de oficio, los intereses y las sanciones impuestas, con costas por su orden.

La Cámara Federal de San Martín, Sala II, revocó la resolución que había rechazado la medida cautelar solicitada por Yamaha Motor Argentina S.A. contra la AFIP-DGI (hoy ARCA). La empresa, como responsable sustituto del impuesto sobre los bienes personales de sus accionistas, buscaba suspender los efectos de la intimación de pago y evitar embargos, bloqueos y medidas que afectaran su actividad comercial, en el marco de una controversia por la compensación con saldos a favor en el impuesto a las ganancias. El tribunal consideró que existía verosimilitud en el derecho invocado, respaldada por el fallo “Rectificaciones Rivadavia” de la Corte Suprema, y que el peligro en la demora se encontraba configurado por la ejecución fiscal en trámite. Se hizo lugar parcialmente a la cautelar, ordenando a la ARCA abstenerse de trabar embargos, impedir contrataciones con el Estado o bloquear certificados fiscales, previa caución de $15 millones y por un plazo de seis meses.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala V, revocó una resolución de la Dirección General Impositiva (DGI) que había impugnado la declaración jurada del contribuyente por operaciones de compra y venta de títulos públicos en pesos y dólares durante 2008. El Tribunal Fiscal había confirmado la determinación de un ajuste impositivo, intereses y una multa millonaria, al entender que las diferencias de cotización constituían renta gravada. La Cámara consideró que el art. 20, inc. w) de la Ley de Impuesto a las Ganancias prevé una exención objetiva para este tipo de resultados, sin imponer requisitos adicionales como plazos mínimos de tenencia. Rechazó el uso del principio de "realidad económica" para limitar una exención clara y textual.

El Juzgado Nacional del Trabajo N° 77 rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la ley 27.742 por parte del trabajador, quien impugnó la derogación de sanciones laborales previstas en la ley 25.323 y el art. 80 de la LCT. El tribunal consideró que la norma no vulnera derechos fundamentales ni el principio de progresividad. No obstante, hizo lugar parcialmente al reclamo de reparación integral por daño derivado del incumplimiento indemnizatorio, basándose en el Código Civil y Comercial. En este sentido, impuso al empleador una condena adicional equivalente a seis salarios, pese a la derogación del régimen sancionatorio anterior. La sentencia reafirma que, si bien el Congreso puede reformar el esquema de sanciones, ello no impide al Poder Judicial reconocer daños reales conforme a principios generales del derecho.

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la empresa COSEME S.A. y revocó la sentencia que había reconocido la existencia de una relación laboral entre la firma y el médico traumatólogo Tristán Manuel López Lozano. El fallo concluyó que durante más de once años el vínculo se desarrolló bajo un esquema de autonomía e independencia, sin reclamos laborales ni subordinación típica, por lo que no corresponde aplicar la presunción del art. 23 de la LCT. Se descartó la relación de dependencia y se rechazó íntegramente la demanda, con costas por su orden.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a los recursos de queja interpuestos por tres directores de Telecom Argentina S.A. condenados solidariamente al pago de créditos laborales por despido, junto a la empresa y dos contratistas. La Cámara Nacional del Trabajo había extendido la condena a los miembros del directorio con fundamento en un presunto fraude laboral, sin examinar en forma razonada las circunstancias concretas de su gestión. La Corte consideró arbitraria esa decisión por no evaluar pruebas clave ni el contexto propio de grandes sociedades anónimas, y revocó la sentencia. Reenvió el caso para un nuevo pronunciamiento.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a la acción declarativa de certeza promovida por Cepas Argentinas S.A. contra la Provincia de Córdoba y declaró la inconstitucionalidad del artículo 22 de la ley impositiva 10.324 (vigente en 2016), que establecía alícuotas agravadas del impuesto sobre los ingresos brutos para contribuyentes industriales sin establecimiento productivo en dicha jurisdicción. El Tribunal entendió que dicha norma violaba los artículos 9° a 12, 16 y 75 inc. 13 de la Constitución Nacional al crear una discriminación tributaria basada en el lugar de radicación de la planta industrial, afectando el comercio interprovincial y reinstaurando una “aduana interior” vedada por la Carta Magna. La Corte ratificó su competencia originaria, rechazó el dictamen de la Procuradora Fiscal que consideraba inexistente el “caso” y sostuvo que la actora acreditó un perjuicio concreto derivado de la norma impugnada.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso de queja interpuesto por Kia Argentina S.A. y revocó la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Misiones que había confirmado la aplicación del impuesto de sellos a solicitudes de adhesión con aceptación tácita. El fallo declara la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 174 del Código Fiscal de Misiones, por ser incompatible con el artículo 9°, inciso b), ap. 2, de la ley de coparticipación federal 23.548. El Tribunal sostuvo que el impuesto de sellos recae únicamente sobre actos instrumentados, es decir, documentados de manera tal que por sí solos permitan exigir el cumplimiento de obligaciones, lo que no ocurre cuando la aceptación es meramente tácita o por hechos. La decisión reafirma que la imposición local no puede desvirtuar los principios estructurales del régimen federal de coparticipación.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia que validaba la imposición de una tasa municipal exigida por la Comuna de Delfín Gallo a Aeropuertos Argentina 2000 S.A., concesionaria aeroportuaria. Se consideró arbitraria la decisión de la Cámara Federal de Tucumán que sostenía la validez del tributo pese a no haberse acreditado la prestación efectiva de servicios municipales específicos que lo justificaran. Se concluyó que dicha exigencia vulnera lo establecido en la Ley 23.548 sobre Coparticipación Federal, siendo requisito indispensable para las tasas municipales la prestación real y concreta del servicio.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo – Sala X resolvió las apelaciones interpuestas por ambas partes en un caso de despido que la empleadora justificó por fuerza mayor. Confirmó que el despido fue injustificado, ratificó la aplicación del agravante del artículo 2° de la Ley 25.323, sostuvo la procedencia de la indemnización del artículo 80 de la LCT y rechazó el reclamo por daño moral al no configurarse un acto ilícito adicional. Según el fallo, para que se configure la "fuerza mayor o falta o disminución de trabajo no imputable al empleador" se debe acreditar no solamente las circunstancias que determinaron la situación por la que atravesó la empresa, sino que además el empleador que invoca tal circunstancia debe alegar y probar la adopción de medidas concretas tendientes a paliar la situación que atraviesa.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala V falló parcialmente a favor de dos trabajadores no afiliados a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y a la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA), declarando la invalidez parcial de una cláusula convencional que establecía una cuota de solidaridad del 2% de su remuneración integral mensual. La Cámara consideró que dicha cuota, al ser superior a la cuota sindical de los afiliados (1.5%) y carecer de una limitación temporal clara, vulneraba la libertad sindical individual en su faz negativa, al implicar una afiliación forzada. Se rechazó la demanda de la UCRA en cuanto solicitaba la nulidad total de los acuerdos paritarios y la prohibición futura de incluir cláusulas similares.

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro hizo lugar parcialmente al recurso interpuesto por un grupo de trabajadores contra el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria de la Carne de Río Negro, revocando una resolución que atribuía al sindicato la titularidad de los fondos retenidos en cuentas judiciales. El tribunal determinó que los montos descontados de los salarios, en virtud de un aporte sindical declarado inconstitucional, debían ser restituidos a los trabajadores, evitando un enriquecimiento sin causa del sindicato.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso de la AFIP y confirmó el fallo que ordenó reconocer al actor como contribuyente cumplidor. El organismo recaudador había negado el beneficio previsto en la ley 27.260 debido a la presentación tardía de la declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales de 2015, a pesar de que la obligación tributaria estaba saldada. El máximo tribunal determinó que la AFIP aplicó un criterio excesivamente formalista, ya que la ley solo exigía el cumplimiento de las obligaciones tributarias sin establecer expresamente el requisito de presentación en término de la declaración jurada.