En la causa 'Inspección General de Justicia c/ GYC Comunicaciones SA', la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó la resolución de la IGJ que impuso una multa de $4.000.000 a la empresa y su presidenta por la falta de presentación de estados contables correspondientes a varios ejercicios. El tribunal consideró que la apelante no logró desvirtuar la sanción, a pesar de argumentar imposibilidad material para presentar la documentación requerida debido a su incautación en un proceso penal. Asimismo, se evaluó la proporcionalidad de la multa en relación a la gravedad de la falta cometida.

En la causa colectiva promovida por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina contra el Estado Nacional, el Juzgado Nacional de 1ra Instancia del Trabajo n.° 63 revocó por contrario imperio la medida cautelar innovativa que había suspendido la aplicación del artículo 55 de la Ley 27.802. El juez señaló que, si bien el 30 de marzo de 2026 había dispuesto una cautelar de alcance federal respecto de la mayoría de los artículos impugnados, un nuevo análisis sobre el impacto concreto del artículo 55 lo llevó a modificar su decisión provisional. Destacó que la cautelar inicialmente dictada podía perjudicar a trabajadores de determinadas jurisdicciones donde la doctrina legal vigente prevé mecanismos de actualización de créditos laborales menos favorables que el esquema contemplado por esa norma. Sobre esa base, entendió que mantener la suspensión general del artículo 55 podía contrariar la tutela de los propios sujetos protegidos por el proceso. Por ello, dejó sin efecto la suspensión cautelar de esa disposición y estableció que cada jurisdicción deberá juzgar la pertinencia de aplicar los artículos 54 y 55 de la Ley 27.802 en los procesos en trámite, difiriendo el examen de fondo para la sentencia definitiva.

En la causa 'Burgos Natalia Elizabeth c/ Consorcio de Propietarios calle Cuenca 2379 s/ despido', el Juzgado Nacional del Trabajo Nro. 21 declaró la inconstitucionalidad del artículo 56 de la Ley 27.802, que permitía el fraccionamiento de los créditos laborales. El tribunal fundamentó su decisión en la violación de principios constitucionales y derechos humanos, destacando que el tratamiento diferenciado hacia los acreedores laborales resulta discriminatorio y confiscatorio. En consecuencia, se resolvió que el crédito reconocido debía ser abonado en un único pago, garantizando así el acceso efectivo a la justicia y la tutela judicial efectiva.

En la causa 'Pajón, Francisco Agapito s/ incidente de verificación de crédito', la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que había desestimado el carácter laboral del crédito del trabajador. El tribunal consideró que la indemnización por accidente de trabajo, aunque derivada de un contrato de seguros, debe ser tratada como un crédito laboral, otorgándole así los privilegios correspondientes en el marco de la ley concursal. En consecuencia, se ordenó el reconocimiento de intereses compensatorios devengados tras la quiebra de la aseguradora.

En la causa 'Prete, Pablo y otros s/ incidente de recurso extraordinario', la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto por el Ministerio Público Fiscal. La Corte destacó que los tribunales no pueden apartarse del principio de sujeción de los jueces a la ley ni atribuirse el rol de legislador para crear excepciones en la aplicación de las penas. En consecuencia, se dejó sin efecto la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que había modificado las penas impuestas en el caso de asociación ilícita fiscal.

En la causa 'Biondi María Luz - TF 49573-I c/ Dirección General Impositiva', la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación que admitió el cómputo de créditos fiscales por operaciones realizadas antes de que la actora fuera responsable inscripta en el IVA. El tribunal consideró que exigir la discriminación del IVA en los comprobantes resultaba irrazonable, dado que los proveedores no estaban obligados a hacerlo en el contexto de la condición de monotributista de la actora. En consecuencia, se desestimaron los agravios de la demandada y se confirmaron las costas a su cargo.

En la causa 'Rosemberg Adrián Alberto c/ Universidad Tecnológica Nacional', la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó los reclamos de salarios caídos e indemnización por despido interpuestos por el actor. El tribunal fundamentó su decisión en la naturaleza de la relación contractual, que se encuadró en locaciones de servicios y no en un vínculo laboral dependiente. Asimismo, se destacó la falta de estabilidad en el empleo y la ausencia de prueba que acredite la existencia de una relación laboral encubierta.

En la causa 'Tedeshi, Mara Yael del Valle c/ AFIP-DGI', la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la exclusión de la actora del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) por parte de la AFIP-DGI. La decisión se basa en la constatación de irregularidades en la emisión de facturas, específicamente por utilizar comprobantes con CAI vencido, lo que constituye una causal de exclusión según la normativa vigente. Asimismo, se desestimaron los agravios presentados por la actora, quien no logró demostrar la arbitrariedad de la resolución administrativa impugnada.

En la causa "Chiari Cesar Ulises c/ Ruben Teodoro Casares y/o Q.R.R. y propietario de cabañas hospedaje 'Rancho Pelo Largo' s/ indemnización laboral", el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes hizo lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por el actor. La decisión revocó la sentencia de la Cámara de Apelaciones que había rechazado la extensión de la condena a un tercero, argumentando que no había sido parte en el proceso principal. El tribunal fundamentó que la continuidad de la explotación del establecimiento justifica la extensión de la responsabilidad, garantizando así el derecho del trabajador a cobrar su indemnización.

En la causa 'Vicentin SAIC c/ Dirección General Impositiva', la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación que había determinado de oficio el IVA correspondiente a varios períodos fiscales. El tribunal consideró que la actora no logró demostrar la veracidad de las operaciones con los proveedores cuestionados, quienes presentaban irregularidades que ponían en duda su capacidad económica y operativa. En consecuencia, se desestimaron los agravios de la actora y se ratificó la resolución del Fisco.

En la causa 'Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional', el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 resolvió sobre la acción declarativa promovida por la CGT, en la que se solicitó la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley 27.802. El tribunal consideró que la CGT tiene legitimación activa para impugnar las disposiciones que afectan derechos laborales fundamentales, y que la acción se encuadra dentro de los requisitos establecidos para este tipo de demandas. En consecuencia, se admitió la medida cautelar solicitada por la actora, suspendiendo la aplicación de las normas cuestionadas hasta tanto se resuelva el fondo del asunto.

En la causa “Sevastei, Jorge c/ AFIP s/ amparo contra actos de particulares”, la Cámara Federal de Mendoza, Sala A, confirmó la sentencia que hizo lugar al amparo del contribuyente, rechazando la postura de la AFIP sobre la exclusión del régimen simplificado. El tribunal sostuvo que la operación que provoca el exceso de los parámetros del monotributo no puede ser alcanzada por el régimen general, ya que es precisamente la que determina la exclusión, la cual opera hacia el futuro. Asimismo, consideró procedente la vía del amparo al no acreditarse la existencia de un medio judicial más idóneo ni la complejidad alegada por el fisco.

En la causa 'Sindicato Empleados de Comercio de San Martín c/ Estado Nacional', el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín 2 hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el sindicato. La decisión implica la suspensión de la aplicación de los artículos 131 y 133 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en relación con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75 y otros convenios vinculados. El tribunal fundamentó su resolución en la verosimilitud del derecho invocado y el peligro de un daño irreparable en la demora, considerando la inminencia del vencimiento del convenio colectivo y los efectos adversos que la aplicación de las nuevas disposiciones podría generar sobre la estructura económica del sindicato y la representación de los trabajadores.

En la causa “ARAUCO ARGENTINA SA c/ DGA”, la Cámara Contencioso Administrativa Federal, Sala II, resolvió hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, declarando la inconstitucionalidad del Decreto 793/2018. Asimismo, se admitió la acción de repetición de derechos de exportación abonados sin causa, reconociendo el derecho de la actora a obtener el reintegro correspondiente. La decisión se fundamentó en la incompatibilidad del decreto con el texto constitucional y la falta de validez de los derechos de exportación establecidos por normas extralegales.

En la causa 'Meza Jorge Alberto c/ Seguvip Argentina SRL', la Cámara del Trabajo de Cipolletti resolvió a favor del actor, reconociendo su situación de despido indirecto. El tribunal fundamentó su decisión en la negativa de la empresa a asignar tareas efectivas y la falta de pago de salarios correspondientes a los meses de marzo y abril de 2022. Asimismo, se destacó que el cambio de destino laboral propuesto por la demandada no cumplía con los requisitos legales, constituyendo un ejercicio abusivo del ius variandi.

En la causa “Ferrero, Gabriel Darío c/ Mil Colección SRL y otros s/ despido”, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a las pretensiones del actor en relación a indemnizaciones y diferencias salariales. El tribunal analizó la validez del artículo 55 de la Ley 27.802, que establece criterios de actualización de deudas en juicios laborales, y determinó que su aplicación no resulta inconstitucional, aunque se advirtió sobre la necesidad de garantizar la igualdad ante la ley en el tratamiento de los créditos laborales.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la sentencia que había admitido parcialmente la potestad de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche para ejercer poderes de policía e imposición sobre el Aeropuerto Internacional de Bariloche. El Tribunal puso el eje en la invalidez constitucional de la ley provincial 3978 de Río Negro, que había anexado al ejido municipal el territorio donde se emplaza la estación aérea, ubicado dentro de la Reserva Nacional Nahuel Huapi –Zona Gutiérrez–. Con remisión a su precedente de Fallos: 347:552, la Corte reiteró que esas tierras integran un establecimiento sometido a jurisdicción federal y que la provincia no podía realizar actos de disposición sobre ellas. En consecuencia, la pretensión municipal de exigir habilitación comercial, declaraciones de ingresos y el pago de la tasa de seguridad e higiene carece de causa jurídica suficiente. 

La Cámara Federal de La Plata revocó la sentencia que había declarado la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias aplicado sobre un haber previsional, al considerar que no se acreditaron en el caso concreto las condiciones de vulnerabilidad exigidas por el precedente “García” de la Corte Suprema. Si bien se reconoció la procedencia formal de la acción declarativa de inconstitucionalidad sin necesidad de agotar la vía administrativa, el tribunal concluyó que la actora no demostró una situación de salud, económica o social que justificara excluirla del tributo. En consecuencia, se dejó sin efecto la orden de cesar retenciones y reintegrar sumas, manteniéndose la aplicación del impuesto. Las costas se impusieron por su orden.

En la causa “Ceballos Gabriel Axel c/ Iris Energía S.A.S. s/ despido”, la Cámara del Trabajo de Córdoba declaró la inconstitucionalidad del art. 56 de la Ley 27.802 —modificatorio del art. 277 de la LCT— en cuanto permite cancelar las sentencias laborales en cuotas (hasta 6 para grandes empresas y hasta 12 para pymes). El tribunal rechazó la pretensión de la demandada de aplicar dicho régimen de pago diferido, aun cuando acreditó su condición de PyME. La decisión se funda en la naturaleza alimentaria de los créditos laborales y en la afectación directa que la modalidad de pago en cuotas genera sobre su integridad.

En la causa “López Gabriel Hernán c/ Tecoar S.A. y otros s/ despido”, la Sala III de la Cámara Nacional del Trabajo confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda por despido indirecto. El tribunal consideró que la incorrecta registración de la jornada laboral del actor, quien trabajaba en realidad a tiempo completo, constituyó una injuria suficiente para justificar la ruptura del vínculo laboral. En lo que aquí interesa, la mayoría resolvió aplicar el art. 55 de la Ley 27.802 para la cuantificación de los intereses del crédito reconocido, por tratarse de un juicio en trámite y aún pendiente de sentencia definitiva al momento de la entrada en vigencia de esa norma. El fallo pone de relieve que la operatividad del art. 55 se vincula directamente con la existencia de un crédito proveniente de una relación individual del trabajo ya reconocido en sede judicial, pero aún sujeto a determinación en su monto final.

En la causa “MENDIGUREN, MAXIMILIANO HERNAN c/ LAVADERO TORINO S.A. s/DESPIDO”, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala I, declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la ley 27.802. La decisión se fundamentó en que dicha norma vulnera derechos constitucionales, afectando el derecho de propiedad y el principio de igualdad ante la ley. En consecuencia, se dispuso que el crédito reconocido al trabajador debe ser actualizado conforme a la regla general prevista en el artículo 54 de la misma ley.

En la causa “Unión de Empleados de la Justicia de la Nación c/ Estado Nacional s/ medida cautelar”, el Juzgado Nacional del Trabajo N° 30 hizo lugar a la medida precautoria solicitada por el sindicato actor y dispuso la suspensión de los efectos del Acuerdo de Transferencia de la función judicial laboral a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incorporado como Anexo I de la Ley 27.802.

La Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia de primera instancia que había ordenado a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) restablecer la CUIT de un contribuyente incluido en la “Base de Contribuyentes No Confiables – Base Apoc”. El tribunal entendió que la inhabilitación configuraba una vía de hecho, ya que se había ejecutado sin la existencia de un acto administrativo firme que resolviera el reclamo interpuesto en sede administrativa conforme al art. 35 inciso h) de la Ley 11.683. Hasta tanto dicho recurso no fuera resuelto, la suspensión de la CUIT no podía mantenerse por el efecto suspensivo previsto en la normativa.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia que había confirmado el cobro de la Tasa por Inspección, Seguridad e Higiene (TISH) a Western Union S.R.L. por parte del Municipio de Merlo. La empresa, dedicada al servicio de envío de dinero, desarrolla su actividad a través de convenios con otras firmas —Correo Argentino, Compañía Financiera Argentina y Credilogros— que ya tributan la tasa por sus propios locales en el municipio. El Máximo Tribunal concluyó que no se acreditó la existencia de un servicio municipal adicional de inspección que justificara un segundo pago, de modo que el intento de gravar también a Western Union implicaba una duplicación injustificada. La Corte se remitió a su precedente “Municipalidad de Concordia c/ Nación AFJP” (2009), reafirmando que la tasa solo procede cuando existe un servicio específico y diferenciado. En consecuencia, dejó sin efecto el fallo apelado y ordenó dictar una nueva sentencia conforme a esta doctrina.

La Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal revocó la sentencia de primera instancia y dejó sin efecto la resolución de la AFIP que había excluido de pleno derecho del Régimen Simplificado (Monotributo) a un contribuyente por haber superado el límite de ingresos anuales de la categoría H. La exclusión se basó en la facturación registrada entre julio de 2017 y junio de 2018. Sin embargo, el Tribunal consideró que uno de los comprobantes computados correspondía a una prestación de servicios devengada en un período anterior al auditado, lo que dejaba al contribuyente dentro del límite permitido. La Cámara resaltó que el criterio aplicable para medir los ingresos es el del devengado y que en el caso existía prueba suficiente para demostrar que al menos una de las facturas cuestionadas no debía ser computada en el período fiscalizado.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que había declarado la inconstitucionalidad de los artículos 103, 104 y 106 de la Ley 27.430 respecto de Tabacalera Sarandí S.A. La Cámara consideró que el impuesto mínimo a los cigarrillos, al recaer desproporcionadamente sobre productos baratos y ultrabaratos, vulneraba el principio de igualdad y el derecho a ejercer industria lícita. Sin embargo, la Corte rechazó la acción al concluir que la empresa no logró probar de forma suficiente el daño invocado ni la relación directa entre la aplicación del tributo y la supuesta inviabilidad de su actividad comercial. El Tribunal sostuvo que los fines extrafiscales perseguidos por el legislador, como la protección de la salud pública y la reducción del tabaquismo, son constitucionalmente válidos, y que la carga de demostrar la irrazonabilidad o arbitrariedad de la norma pesa sobre quien la impugna. Por insuficiencia probatoria, el planteo fue desestimado y se impusieron las costas a la parte vencida.

La Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal hizo lugar al recurso de apelación de ROEMMERS S.A.I.C.F. y declaró la inconstitucionalidad de los topes vigentes aplicados por la AFIP para deducir gastos y créditos fiscales por automóviles afectados a la actividad gravada, utilizados por agentes de propaganda médica (APM). Si bien la empresa no se encuentra comprendida en la excepción del art. 88, inciso l, de la ley del Impuesto a las Ganancias, la Cámara consideró que la falta de actualización de los límites establecidos ($20.000 para amortizaciones y $7.200 anuales para gastos de mantenimiento) implicaba una violación del principio de razonabilidad y del deber legal de revisión periódica. Se dejó sin efecto la determinación de oficio, los intereses y las sanciones impuestas, con costas por su orden.

La Cámara Federal de San Martín, Sala II, revocó la resolución que había rechazado la medida cautelar solicitada por Yamaha Motor Argentina S.A. contra la AFIP-DGI (hoy ARCA). La empresa, como responsable sustituto del impuesto sobre los bienes personales de sus accionistas, buscaba suspender los efectos de la intimación de pago y evitar embargos, bloqueos y medidas que afectaran su actividad comercial, en el marco de una controversia por la compensación con saldos a favor en el impuesto a las ganancias. El tribunal consideró que existía verosimilitud en el derecho invocado, respaldada por el fallo “Rectificaciones Rivadavia” de la Corte Suprema, y que el peligro en la demora se encontraba configurado por la ejecución fiscal en trámite. Se hizo lugar parcialmente a la cautelar, ordenando a la ARCA abstenerse de trabar embargos, impedir contrataciones con el Estado o bloquear certificados fiscales, previa caución de $15 millones y por un plazo de seis meses.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala V, revocó una resolución de la Dirección General Impositiva (DGI) que había impugnado la declaración jurada del contribuyente por operaciones de compra y venta de títulos públicos en pesos y dólares durante 2008. El Tribunal Fiscal había confirmado la determinación de un ajuste impositivo, intereses y una multa millonaria, al entender que las diferencias de cotización constituían renta gravada. La Cámara consideró que el art. 20, inc. w) de la Ley de Impuesto a las Ganancias prevé una exención objetiva para este tipo de resultados, sin imponer requisitos adicionales como plazos mínimos de tenencia. Rechazó el uso del principio de "realidad económica" para limitar una exención clara y textual.

El Juzgado Nacional del Trabajo N° 77 rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la ley 27.742 por parte del trabajador, quien impugnó la derogación de sanciones laborales previstas en la ley 25.323 y el art. 80 de la LCT. El tribunal consideró que la norma no vulnera derechos fundamentales ni el principio de progresividad. No obstante, hizo lugar parcialmente al reclamo de reparación integral por daño derivado del incumplimiento indemnizatorio, basándose en el Código Civil y Comercial. En este sentido, impuso al empleador una condena adicional equivalente a seis salarios, pese a la derogación del régimen sancionatorio anterior. La sentencia reafirma que, si bien el Congreso puede reformar el esquema de sanciones, ello no impide al Poder Judicial reconocer daños reales conforme a principios generales del derecho.