El Poder Ejecutivo Nacional prorroga hasta el 31 de diciembre de 2025 el plazo previsto en el Decreto 747/2024 para que las jurisdicciones y entidades del sector público nacional rescindan los contratos celebrados en virtud de normas que obligaban a contratar exclusivamente con empresas estatales como YPF, Aerolíneas Argentinas, Nación Seguros y el Banco Nación.

El Poder Ejecutivo Nacional autoriza la transferencia de las acciones de las sociedades Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila —creadas para la reversión de los complejos hidroeléctricos— desde ENARSA hacia la Secretaría de Energía, y dispone su posterior venta mediante un concurso público nacional e internacional sin base, en el marco de la Ley 23.696 y de la Ley 27.742.

Se crea la Oficina de Bienes Recuperados como organismo desconcentrado del Ministerio de Justicia, designada como autoridad de aplicación del régimen aprobado por el Decreto 575/25 para la conservación, administración y disposición de bienes provenientes de actividades ilícitas cautelados y recuperados en procesos penales de competencia nacional y federal, así como en los de extinción de dominio.

El Poder Ejecutivo aprueba el Régimen de Conservación, Administración y Disposición de los Bienes Provenientes de Actividad Ilícita Cautelados y Recuperados en procesos penales de la justicia nacional y federal y en procedimientos de extinción de dominio. La norma centraliza en el Ministerio de Justicia la administración y custodia de estos bienes, reservando a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) su enajenación o concesión comercial.

Se autoriza la transferencia de las acciones de las sociedades concesionarias de los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila —actualmente en poder de Energía Argentina S.A. (ENARSA)— a la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, y su posterior venta mediante un Concurso Público Nacional e Internacional sin base, bajo el régimen de la Ley 23.696.

Se establece una alícuota del 0% para el derecho de exportación aplicable a mercaderías originadas en el sector minero comprendidas en posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur, con el objetivo de promover el valor agregado nacional, incentivar la competitividad exportadora y estimular la inversión en actividades productivas, especialmente en el contexto de la transición energética global.

Se sustituye el Anexo I del Decreto 659/96 y su modificatorio, aprobando una nueva Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales que actualiza los criterios para determinar el daño psicofísico derivado de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, conforme a avances médicos y tecnológicos.

Se dispone la disolución de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) y se reformula el Decreto 815/99 para concentrar las funciones de actualización del Código Alimentario Argentino (CAA) en el Ministerio de Salud —a través de la ANMAT— y en el Ministerio de Economía —a través del SENASA—, quienes actuarán mediante resoluciones conjuntas.

Se aprueban modificaciones al Decreto 744/2004 reglamentario de la Ley 25.761 para actualizar el régimen legal aplicable a desarmaderos y comercialización de autopartes usadas, incorporando un sistema digital integral que sustituye los trámites presenciales por gestiones electrónicas.

Se establece que las empresas industriales radicadas en el Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego, que hayan adherido al régimen de promoción dispuesto por el Decreto 727/2021, no estarán alcanzadas por las limitaciones previstas en los decretos 1139/1988 y 1395/1994 vinculadas al cómputo del crédito fiscal presunto en IVA y al tratamiento en Ganancias.

El Poder Ejecutivo Nacional vetó en su totalidad los Proyectos de Ley Nros. 27.791, 27.792 y 27.793 sancionados por el Congreso el 10 de julio de 2025, argumentando que implican un incremento del gasto público superior a 7 billones de pesos para 2025 y 17 billones para 2026, sin previsión presupuestaria suficiente ni fuentes de financiamiento concretas.

Se establece una reducción permanente de las alícuotas del derecho de exportación para mercaderías comprendidas en distintas cadenas agroindustriales, incluyendo granos (soja, maíz, trigo, girasol, cebada, sorgo) y carnes, conforme al detalle del anexo del decreto. La norma entra en vigencia al día siguiente de su publicación.

Se dispone una nueva prórroga parcial en la aplicación de los aumentos previstos en los montos fijos del impuesto sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, correspondientes a las actualizaciones por IPC acumulado de los trimestres comprendidos entre enero de 2024 y marzo de 2025.

Se dispone el otorgamiento de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 a abonarse en agosto de 2025 para titulares de jubilaciones y pensiones a cargo de ANSES, incluyendo prestaciones contributivas del SIPA, pensiones no contributivas, PUAM y beneficios de regímenes transferidos a la Nación.

Se establece el procedimiento para la solicitud y otorgamiento de la ciudadanía argentina por naturalización a personas extranjeras que hayan realizado una inversión relevante en el país, conforme a lo dispuesto en el artículo 2° bis de la Ley N° 346 de Ciudadanía, incorporado por el Decreto 366/2025.

Se actualizan los anexos II, III y V del Decreto 557/2023 y sus modificatorios, referentes a la Lista Nacional de Excepciones al Arancel Externo Común, los bienes de capital con derecho de importación extrazona diferencial y la lista de alícuotas sujetas a incremento arancelario transitorio.

Se crea un fondo especial de hasta $10.000 millones para otorgar subsidios extraordinarios a los residentes afectados por las inundaciones ocurridas los días 16 y 17 de mayo de 2025 en Zárate, Campana, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Salto, Mercedes y San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires.

Se autoriza la privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) a través de la venta del 90% de las acciones de titularidad del Estado Nacional, en cumplimiento de la Ley 23.696 y la Ley 27.742.

Se transforma la Unidad Ejecutora del Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA) en una Unidad Ejecutora Especial Temporaria bajo la órbita de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. Se redefinen su estructura y cargos extraescalafonarios, incluyendo las funciones de director de proyecto, directores ejecutivos y gerencias técnicas, con el objetivo de asegurar la continuidad en la implementación y administración del sistema VUCEA.

Se aprueban modificaciones al marco regulatorio de la Ley N° 26.221 y al Decreto N° 304/2006, en el marco de la Ley N° 27.742 que declara sujeta a privatización a la sociedad Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA).

Se insta a las autoridades de contralor societario, de entidades civiles y de los registros públicos provinciales a establecer los mecanismos necesarios para que los Consorcios de Propiedad Horizontal puedan inscribirse voluntariamente en un libro especial en su jurisdicción, con el fin de obtener la rúbrica de los libros obligatorios y voluntarios exigidos por el Código Civil y Comercial de la Nación.

Se insta a las autoridades de contralor societario, de entidades civiles y de los registros públicos provinciales a dictar normas que permitan a las iglesias, confesiones, comunidades y entidades religiosas, inscriptas en el Registro Nacional de Cultos, acceder a la individualización y rúbrica de libros contables exigidos por el Código Civil y Comercial de la Nación, aun cuando no estén constituidas como asociaciones civiles o fundaciones.

Se aprueba el Modelo de Convenio de Préstamo BIRF 9823-AR, por un monto de hasta 230 millones de dólares estadounidenses, destinado al “Financiamiento Adicional para el Proyecto Fomentar Mejores Empleos con Programas Integrados de Formación y Empleo”, suscripto entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

Se dispone la disolución de tres fondos fiduciarios públicos nacionales: el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) y el Fideicomiso para la administración del Fondo Nacional del Manejo del Fuego, en cumplimiento de las facultades otorgadas por la Ley 27.742.

Se aprueban las adecuaciones a la Ley 15.336 y a la Ley 24.065 en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 161 y 162 de la Ley 27.742, con el objetivo de modernizar el régimen federal de energía eléctrica, promover la libre contratación y la competencia, optimizar el uso de los recursos del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, garantizar la seguridad jurídica de los inversores y consolidar un marco normativo que favorezca la participación privada en el sector.

Se autoriza al Órgano Responsable de la coordinación de los sistemas que integran la Administración Financiera del Sector Público Nacional a realizar el canje de la Letra Fiscal de Liquidez (LeFi) con vencimiento el 17 de julio de 2025, emitida al amparo de la Resolución Conjunta N° 40/2024, en cartera del Banco Central de la República Argentina, mediante la entrega de Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en Pesos (LECAP) por hasta un valor nominal original de pesos veintiocho billones, considerando el valor técnico y los precios de mercado de los instrumentos involucrados.

Se introducen modificaciones a la Ley 24.196 de Inversiones para la Actividad Minera y a la Ley 24.466, con el objeto de simplificar procedimientos administrativos, reducir cargas burocráticas y reasignar competencias en materia de información geológica.

Se constituye el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, creado por la Ley 27.742, que reemplazará y asumirá las funciones asignadas al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autarquía e independencia funcional y presupuestaria.

Se aprueba el texto ordenado de la Ley 24.076 y sus modificatorias, que regirá bajo la denominación “Ley 24.076 – T.O. 2025”, en el marco de lo establecido por el artículo 161 de la Ley 27.742 que creó el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad.

Se modifica la Ley N° 26.020 que regula la industria y comercialización del gas licuado de petróleo (GLP), estableciendo un nuevo esquema normativo que limita la intervención del Estado exclusivamente a funciones de fiscalización y control de seguridad, eliminando la autorización previa para operar en los distintos segmentos de la actividad y consagrando la libertad de precios, importación y exportación del producto.