Se analiza el tema de la verificación de comprobantes emitidos mediante controlador fiscal, explicando por qué no cuentan con una validación online individual en ARCA y de qué manera el código QR obligatorio permite controlar la legitimidad formal del ticket y la habilitación del equipo emisor.

Se analiza el tratamiento impositivo de los honorarios judiciales percibidos por abogados responsables inscriptos cuando el cobro se realiza a través de una orden de pago emitida por el juzgado aclarando cuándo no existe obligación de emitir factura, cómo deben declararse esos ingresos y en qué casos sí corresponde facturar y a quién.

Se sustituye el artículo 19 de la RG 3561 y se modifican sus anexos para actualizar el régimen de emisión de comprobantes mediante controladores fiscales de nueva tecnología. Se elimina la periodicidad semanal para responsables inscriptos y exentos en IVA y la obligación de presentar los duplicados electrónicos de comprobantes clase A, A con leyenda y M.

Se detalla la obligación de incluir en las facturas de reventa los datos del despacho de importación conforme al Decreto 4531/65. y se analiza cómo afecta la omisión de estos datos en términos de trazabilidad, fiscalización y potenciales sanciones, y cuándo ARCA admite excepciones para operaciones con consumidores finales.

Se establece la adhesión de Entre Ríos al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor dispuesto por la Ley Nacional 27.743, obligando a los contribuyentes que venden bienes o prestan servicios a consumidores finales a publicar precios finales junto con el importe neto sin impuestos, acompañado de la leyenda “precios sin impuestos”.

Se modifica la Ley N° 7538 para establecer que todas las facturas y tickets emitidos a consumidores finales en la provincia de Mendoza deberán incluir, de forma legible y destacada, el número telefónico gratuito y/o canal digital de denuncias de la Dirección de Defensa del Consumidor o del organismo que la sustituya en el futuro. Además, el texto impreso deberá ajustarse a la redacción e información actualizada que establezca dicho organismo.

Se analiza el tratamiento del Impuesto al Valor Agregado en las prestaciones de servicios médicos según la entidad receptora del servicio y el momento de generación del débito fiscal.

La emisión de Factura “C” por parte de una cooperativa es correcta cuando existe una operación onerosa, es decir, una prestación de bienes o servicios que constituye hecho imponible, aun cuando esté exenta o no alcance el IVA. En cambio, los Recibos “C” se utilizan solo para documentar ingresos no comerciales o a título gratuito —como donaciones, aportes o contribuciones voluntarias— que no configuran operaciones gravadas.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero modifica la Resolución General 4.290 para establecer que el procedimiento excepcional de emisión de comprobantes electrónicos mediante el Código de Autorización Electrónico Anticipado (C.A.E.A.), regulado por la Resolución General 5.782, deberá utilizarse como primera opción de contingencia cuando los comprobantes se emitan a través del sistema “WebService”.

El domicilio que debe figurar en la factura es el del establecimiento o sucursal vinculada al punto de venta desde el cual se emite el comprobante. Cada punto de venta está asociado a un domicilio comercial declarado ante ARCA (ex AFIP) o la autoridad fiscal competente, y el comprobante debe reflejar esa dirección.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero sustituye integralmente a la Resolución General (AFIP) 2926 y redefine el régimen de emisión de comprobantes con Código de Autorización Electrónico Anticipado (C.A.E.A.).

La Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento del Ministerio de Economía extiende, desde el 1° de noviembre de 2025 hasta el 31 de octubre de 2026, el plazo de 21 días corridos para la aceptación, cancelación o rechazo de las Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs, previsto en los artículos 4°, 5°, 6° y 8° de la Ley 27.440.

Las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) ya no obtienen de forma automática la autorización para emitir facturas clase “A”. Según las Resoluciones Generales (ARCA) 5716/2025 y 5762/2025, deben cumplir los mismos requisitos que cualquier responsable inscripto, incluyendo acreditar solvencia patrimonial. Esta puede demostrarse mediante bienes o declaraciones juradas de los socios que posean al menos el 33% del capital social, o mediante bienes propios de la sociedad.

Los hoteles y restaurantes pueden emitir factura tipo “A” a nombre y CUIT de la empresa que contrata el servicio, sin necesidad de presentar el antiguo Formulario 8001, eliminado por la RG 4520. No obstante, el IVA incluido en esos comprobantes no sería computable como crédito fiscal, ya que la ley presume que los servicios de alojamiento y gastronomía no guardan relación directa con operaciones gravadas.

Las ventas de productos desde el territorio continental (como CABA) hacia Tierra del Fuego se consideran exportaciones según la Ley 19.640, por lo que deben documentarse con factura tipo “E”. Estas operaciones no llevan IVA, ya que se efectúan hacia el Área Aduanera Especial.

Los abogados inscriptos en el Monotributo pueden estar exceptuados de emitir comprobantes cuando perciben sus honorarios mediante liquidaciones judiciales, conforme a la Resolución General (AFIP) 1415. En esos casos, la liquidación firmada en el expediente actúa como comprobante válido. A efectos tributarios, todos los ingresos —tanto judiciales como extrajudiciales— deben incluirse para calcular los topes de facturación y realizar la recategorización del contribuyente dentro del régimen simplificado.

El comprobante “Cuenta de venta y líquido producto” se utiliza exclusivamente en operaciones de consignación o comisión vinculadas con la compraventa de bienes, donde el consignatario actúa en nombre propio pero por cuenta de un tercero. En esos casos, al vender a terceros debe facturar a su nombre y luego emitir la liquidación al comitente, discriminando el IVA para permitir su cómputo como crédito fiscal. En cambio, si la operatoria consiste en servicios —como fletes o intermediación en transporte—, no corresponde usar este tipo de comprobante: el prestador debe emitir una factura común por su comisión o servicio.

La ausencia de talonario de resguardo constituye un incumplimiento formal según la Ley 11.683 y la normativa de ARCA sobre comprobantes. Las multas previstas van desde $150 hasta $2.500 en casos leves, pero si se verifica la falta de documentación que respalde operaciones comerciales, pueden llegar hasta $45.000 e incluso aplicarse la clausura de 2 a 6 días (art. 40 de la Ley 11.683). La graduación depende de la gravedad, reincidencia y magnitud del negocio, aunque en la práctica los pequeños contribuyentes suelen enfrentar sanciones en el tramo bajo o medio, salvo que se detecte infracción en un operativo de control.

Para emitir remitos digitales a través de web services se debe habilitar un punto de venta exclusivo desde el servicio con Clave Fiscal de ARCA, seleccionando la opción “RECE para aplicativo y web services”. Posteriormente, corresponde gestionar el Código de Autorización de Impresión (CAI) para ese punto de venta, ya que debe figurar en todos los remitos, incluso en formato digital.

Se modifican y complementan diversas normas vinculadas a la autorización e impresión de comprobantes, adecuándolas al nuevo esquema establecido por la RG 5762 que sustituyó a la RG 1575.

Se sustituye la RG 1575 reglamentándose un nuevo procedimiento de autorización de comprobantes clase “A” para responsables inscriptos en IVA, disponiéndose la eliminación de los comprobantes clase “M” y con dos variantes de factura “A”: con la leyenda “OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN” —que obliga al adquirente a practicar retenciones de IVA y Ganancias— y con la leyenda “PAGO EN CBU INFORMADA”, que impone la cancelación por transferencia o depósito en la cuenta declarada por el emisor.

La Legislatura de Mendoza aprueba la adhesión al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor previsto en la Ley Nacional 27.743, disponiendo que los comprobantes fiscales emitidos en la provincia deberán detallar la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicable a la actividad del emisor.

El responsable inscripto que recibe comprobantes de sus proveedores debe verificar su validez para resguardar la deducción de gastos y el cómputo del crédito fiscal de IVA. Conforme a la Ley 11.683, el Decreto 477/1997 y la RG 100/1998, corresponde constatar que el emisor tenga CUIT activo y correcta categorización, que el comprobante cuente con CAE, CAI o CAEA autorizado y que no figure en la base de facturas apócrifas publicada por ARCA. También deben controlarse los datos esenciales del comprobante (denominación, numeración, domicilio, fecha, importe).

Los monotributistas pueden seguir facturando servicios al exterior mediante Factura E y cobrar en dólares, siempre que no superen el tope de USD 36.000 anuales establecido por la normativa cambiaria vigente (Com. BCRA “A” 8153/2024). Dentro de ese límite, los fondos pueden acreditarse en cuentas locales sin obligación de liquidarlos a pesos, con plazo de ingreso de hasta 20 días hábiles desde el cobro. 

El régimen de autoimpresores, regulado por la RG (AFIP) 100/1998 y sus modificatorias —en particular la RG 3665/2014—, exige determinados parámetros de facturación y cantidad de comprobantes emitidos para la inscripción. Sin embargo, la normativa contempla la posibilidad de solicitar la inscripción por excepción cuando esos parámetros no se alcanzan. En tal caso, el contribuyente debe gestionar el trámite a través del servicio “Regímenes de Facturación y Registración” con clave fiscal, detallando actividad, montos de operaciones y cantidad de comprobantes emitidos en los últimos doce períodos.