Se transforma la Unidad Ejecutora del Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA) en una Unidad Ejecutora Especial Temporaria bajo la órbita de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. Se redefinen su estructura y cargos extraescalafonarios, incluyendo las funciones de director de proyecto, directores ejecutivos y gerencias técnicas, con el objetivo de asegurar la continuidad en la implementación y administración del sistema VUCEA.

Se insta a las autoridades de contralor societario, de entidades civiles y de los registros públicos provinciales a establecer los mecanismos necesarios para que los Consorcios de Propiedad Horizontal puedan inscribirse voluntariamente en un libro especial en su jurisdicción, con el fin de obtener la rúbrica de los libros obligatorios y voluntarios exigidos por el Código Civil y Comercial de la Nación.

Se insta a las autoridades de contralor societario, de entidades civiles y de los registros públicos provinciales a dictar normas que permitan a las iglesias, confesiones, comunidades y entidades religiosas, inscriptas en el Registro Nacional de Cultos, acceder a la individualización y rúbrica de libros contables exigidos por el Código Civil y Comercial de la Nación, aun cuando no estén constituidas como asociaciones civiles o fundaciones.

Se aprueba el Modelo de Convenio de Préstamo BIRF 9823-AR, por un monto de hasta 230 millones de dólares estadounidenses, destinado al “Financiamiento Adicional para el Proyecto Fomentar Mejores Empleos con Programas Integrados de Formación y Empleo”, suscripto entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

Se crea un Régimen Promocional de Reducción de la Carga Fiscal para contribuyentes del Impuesto a las Actividades Económicas de Salta, aplicando una reducción del 20% en las alícuotas vigentes para actividades de comercio, hoteles y restaurantes, condicionado al cumplimiento de parámetros de conducta fiscal y límites de base imponible.

Se modifica la Ley N° 6806 - Tarifaria 2025 - estableciendo la eliminación o reducción a costo cero de más de 60 trámites administrativos no tributarios del Gobierno de la Ciudad con el objetivo de reducir la carga burocrática para vecinos, PyMEs, prestadores de servicios y empresas.

Se establece en la órbita de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas de la provincia de Córdoba un registro destinado a iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas comprendidas en la Ley 21.745, que no integran la Iglesia Católica Apostólica Romana. La norma elimina la obligación de constituirse como asociación civil o fundación para poder rubricar libros contables conforme a lo dispuesto por los artículos 320 a 331 del Código Civil y Comercial de la Nación, permitiendo que dichas organizaciones actúen bajo sus propios estatutos y accedan voluntariamente a la toma de razón.

Se establece que entre el 7 y el 21 de julio de 2025, ambas fechas inclusive, no se computarán días hábiles administrativos para los plazos procedimentales en el ámbito de la Dirección General de Rentas de Tucumán, en concordancia con la feria judicial provincial. Durante ese período se suspenden los cómputos de plazos para contestación de requerimientos, citaciones o actuaciones administrativas, los cuales comenzarán a correr a partir del primer día hábil siguiente.

Se modifica el régimen especial de regularización de deudas fiscales aplicable a las actividades de transporte automotor urbano e interurbano de pasajeros en Tucumán. En particular, se extiende el alcance a las obligaciones vencidas y exigibles al 30 de junio de 2025 inclusive, y se establece como fecha de referencia para los beneficios el 1° de julio de 2025.

Se extiende hasta el 31 de julio de 2025 la vigencia del Régimen de Regularización de Deudas Fiscales creado por el Decreto 1243/3 (ME)-2021, incorporando importantes modificaciones en los requisitos, exclusiones, fechas de referencia y beneficios aplicables. La prórroga abarca deudas vencidas y exigibles al 30 de abril de 2025, e introduce nuevos porcentajes de reducción de intereses y sanciones.

Se dispone la disolución de tres fondos fiduciarios públicos nacionales: el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) y el Fideicomiso para la administración del Fondo Nacional del Manejo del Fuego, en cumplimiento de las facultades otorgadas por la Ley 27.742.

Se establece un incremento del 6,91% sobre la valuación fiscal vigente correspondiente al año 2025 para la totalidad de los inmuebles de la provincia, con aplicación a partir del tercer trimestre, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 7971 y sus modificatorias. 

Se establece el índice de actualización que regirá para el incremento adicional de las cuotas 4 a 6 del impuesto inmobiliario rural, urbano y suburbano del período fiscal 2025, conforme a lo dispuesto por los artículos 1° y 2° de la Ley 14.386.

Se prorroga por treinta días adicionales, contados desde su vencimiento y a partir de la publicación del presente decreto, la emergencia declarada originalmente por el Decreto 316/25 y prorrogada por el Decreto 874/25, en los partidos bonaerenses de Bahía Blanca, Coronel Rosales, Villarino, Puán, Coronel Suárez, Adolfo Alsina y Guaminí, así como en otros distritos afectados por las intensas tormentas del 6 de marzo de 2025.

Se extiende hasta el 30 de junio de 2025 la alícuota diferencial del cero por ciento (0%) en los impuestos sobre los Ingresos Brutos y para la Salud Pública para la actividad de fabricación de papel y cartón, conforme a lo dispuesto originalmente por el Decreto N° 1228/3 (MEyP)-2024 y sus prórrogas.

Se aprueban las adecuaciones a la Ley 15.336 y a la Ley 24.065 en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 161 y 162 de la Ley 27.742, con el objetivo de modernizar el régimen federal de energía eléctrica, promover la libre contratación y la competencia, optimizar el uso de los recursos del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, garantizar la seguridad jurídica de los inversores y consolidar un marco normativo que favorezca la participación privada en el sector.

Se introducen modificaciones a la Ley 24.196 de Inversiones para la Actividad Minera y a la Ley 24.466, con el objeto de simplificar procedimientos administrativos, reducir cargas burocráticas y reasignar competencias en materia de información geológica.

Se constituye el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, creado por la Ley 27.742, que reemplazará y asumirá las funciones asignadas al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autarquía e independencia funcional y presupuestaria.

Se aprueba el texto ordenado de la Ley 24.076 y sus modificatorias, que regirá bajo la denominación “Ley 24.076 – T.O. 2025”, en el marco de lo establecido por el artículo 161 de la Ley 27.742 que creó el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad.

Se modifica la Ley N° 26.020 que regula la industria y comercialización del gas licuado de petróleo (GLP), estableciendo un nuevo esquema normativo que limita la intervención del Estado exclusivamente a funciones de fiscalización y control de seguridad, eliminando la autorización previa para operar en los distintos segmentos de la actividad y consagrando la libertad de precios, importación y exportación del producto.

Se establece el pago de un bono extraordinario previsional por un monto máximo de $70.000, que será abonado en el mes de julio de 2025 a titulares de prestaciones contributivas a cargo de la ANSES, pensiones no contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Se dispone un nuevo cronograma de aplicación de los incrementos de los montos fijos del impuesto sobre los combustibles líquidos y del impuesto al dióxido de carbono previstos en la Ley 23.966 y actualizados conforme el artículo 7° del Anexo del Decreto 501/2018, correspondiente al primer trimestre de 2024 y a los cuatro trimestres del año calendario 2024 y primer trimestre de 2025.

Se establece que el monto mínimo aplicable a la sobretasa proporcional de actuación del 1,5% prevista en el inciso 3 del artículo 22 de la Ley 8467 y sus modificatorias, incorporado por la Ley 9863, será el indicado en el artículo 19 de la citada Ley, es decir $20.000.-. Este mecanismo de tributación ad valorem deberá abonarse por la parte recurrente sobre el importe total cuestionado, incluyendo sanciones, en los recursos de apelación interpuestos ante el Tribunal Fiscal de Apelación.

Se prorroga hasta el 31 de marzo de 2026 la aplicación de las alícuotas reducidas de Derechos de Exportación previstas en el Decreto 38/2025 exclusivamente para los productos agrícolas incluidos en el Anexo del presente decreto, que incluyen, entre otros, trigo, cebada, harina de trigo y de cereales, sémolas, malta, extracto de malta y salvados.

Se dispone la derogación de la Ley 26.060, que creó el Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la Producción Algodonera, y del Decreto 527/2007 que la reglamentaba, debido al vencimiento del Fondo de Compensación de Ingresos para la Producción Algodonera y a la imposibilidad de instrumentar los seguros previstos por falta de oferta del mercado asegurador.

Se aprueba una ley que crea un sistema normativo integral para la protección de los consumidores frente a estafas en el ámbito virtual en la provincia del Chubut, estableciendo obligaciones para organismos públicos y promoviendo la participación del sector privado.

Se prorroga por doce meses la vigencia de los beneficios fiscales establecidos en la Ley 4003-F, destinados a promover la actividad económica en la provincia del Chaco. La medida alcanza a la eximición del pago del impuesto sobre los ingresos brutos y su adicional del 10 % para contribuyentes que se inscriban e inicien actividades por primera vez, excluyendo a los adheridos a la categoría A del régimen simplificado provincial, así como a la eximición de las contribuciones patronales al Fondo para Salud Pública correspondientes a empleadores del sector privado. 

Se introducen modificaciones a la Ley Tarifaria Provincial de Chaco (ley 299-F) que contemplan una reducción escalonada de la alícuota general del impuesto sobre los ingresos brutos, que será del 3,2% hasta el 31 de diciembre de 2025 y del 2,9% a partir del 1 de enero de 2026.

Se introducen importantes reformas al Código Tributario de la provincia del Chaco (ley 83-F) que actualizan la regulación de agentes de recaudación, adecuan exenciones y redefinen el tratamiento impositivo de distintas operaciones.

Se dispone que hasta el 31 de diciembre de 2025 no se aplicará el tratamiento alicuotario general previsto para ventas a consumidores finales en el artículo 7° de la Ley N° 8467, respecto de las operaciones realizadas por sujetos alcanzados por el Decreto Nº 3800/3 (ME)-2005 y sus modificatorios, correspondientes a actividades del sector textil.