Se prorroga hasta el 30 de enero de 2026 la vigencia del régimen de regularización de deudas fiscales, ampliando el universo de obligaciones alcanzadas a aquellas vencidas y exigibles al 31 de octubre de 2025.

Se establece la utilización obligatoria del Volante Electrónico de Pago para la cancelación y regularización de obligaciones tributarias transferidas a cobro judicial, así como de honorarios, gastos y costas, en el marco del régimen de regularización vigente.

Se establece un procedimiento integral y unificado para la aplicación de sanciones por la omisión de presentación de declaraciones juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a su vencimiento, incluyendo anticipos mensuales, declaración jurada anual y obligaciones formales de contribuyentes y agentes de recaudación.

Se fijan las fechas de vencimiento aplicables a los distintos tributos que recauda, determina y fiscaliza la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos correspondientes al ejercicio fiscal 2026, incluyendo impuestos autodeclarativos, patrimoniales, tasas y contribuciones. La medida entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2026.

Se fijan las escalas de graduación y los montos aplicables a las multas por incumplimiento de los deberes formales previstos en el Código Tributario provincial para el ejercicio fiscal 2026.

Se reglamenta el régimen especial de pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicable a las personas humanas inscriptas como monotributistas sociales. 

Se establece el criterio aplicable para la conversión a moneda nacional de las bases imponibles expresadas en moneda extranjera a los fines del pago de tributos provinciales. La norma fija como referencia la cotización del tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina vigente al cierre de las operaciones del día hábil anterior al hecho generador de la obligación tributaria.

Se aprueba la Ley Impositiva correspondiente al ejercicio fiscal 2026, que introduce ajustes relevantes en los parámetros cuantitativos del sistema tributario provincial, manteniendo sin cambios sustanciales las alícuotas generales y especiales aplicables durante el año anterior.

Se establecen las alícuotas, importes fijos, mínimos y tasas retributivas de servicios aplicables en la Provincia de San Juan para el período fiscal 2026.

Se sustituyen diversos artículos del Código Tributario provincial con el objeto de redefinir el concepto de contribuyente y responsable tributario, actualizar el régimen de solidaridad, precisar el alcance de los deberes formales y el procedimiento sancionatorio, y reformular el hecho imponible, las exenciones y el régimen simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Se introducen modificaciones al régimen del Impuesto Inmobiliario y del Impuesto de Sellos mediante la incorporación de un tratamiento especial para lotes libres de construcciones pertenecientes a loteos, la redefinición del alcance de la exención aplicable a inmuebles de propiedad estatal y la adecuación de las reglas de gravabilidad de garantías reales, personales y fiduciarias.

Se fijan las alícuotas, mínimos, escalas y montos aplicables para el período fiscal 2026 en los principales tributos provinciales, incluyendo Impuesto Inmobiliario, Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos, Impuesto a los Automotores, gravámenes sobre loterías y rifas.

Se establece la utilización obligatoria del sistema informático S.I.Re. para la presentación de las declaraciones juradas correspondientes a los regímenes de percepción del impuesto de sellos y tasas retributivas de servicios a cargo de escribanos públicos. La obligación alcanza a los vencimientos que operen a partir del 12 de enero de 2026 y se aplica a los agentes de percepción designados en el régimen vigente. 

Se adecua el compendio unificado de resoluciones tributarias para el ejercicio 2026, actualizando los montos de ingresos que determinan la situación de indigencia o pobreza a los fines de acceder a exenciones en el impuesto inmobiliario. Asimismo, se incorporan nuevos regímenes de exención vinculados a la actividad cultural y a residencias universitarias, se redefinen disposiciones operativas de regímenes de retención y se establecen los calendarios de vencimientos y modalidades de pago de determinados tributos provinciales como el Inmobiliario, Automotor y Embarcaciones.

Se reglamentan las modificaciones introducidas al código tributario provincial, incorporando nuevas condiciones para exenciones en el impuesto inmobiliario a favor de personas mayores y en situación de vulnerabilidad social, precisiones sobre beneficios aplicables a consorcios camineros y estímulos fiscales vinculados a buenas prácticas agropecuarias.

Se adecúan las alícuotas del régimen de retención del impuesto sobre los ingresos brutos aplicables a los pagos de comisiones efectuados a productores e intermediarios de seguros.

Se incorpora un mecanismo de declaración jurada simple proforma en el impuesto sobre los ingresos brutos, basado en información ya disponible en poder de la administración tributaria y puesta a consideración del contribuyente.

Se prorroga el estado de emergencia y desastre agropecuario por inundación en circunscripciones determinadas de los partidos de Hipólito Yrigoyen, General Viamonte, Junín, Roque Pérez y Monte, ubicados en la Provincia de Buenos Aires. La extensión del régimen comprende el período entre el 1 de noviembre de 2025 y el 30 de abril de 2026 y alcanza exclusivamente a productores cuya actividad principal sea la explotación agropecuaria.

Se determinan los índices de liquidación aplicables a las deudas fiscales correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2026, a los fines del cálculo de los intereses por falta de pago de obligaciones tributarias en instancia prejudicial y en etapa de ejecución judicial.

Se reglamenta el adicional del impuesto sobre los ingresos brutos aplicable, durante el ejercicio fiscal 2026, a la explotación de terminales portuarias ubicadas en el territorio de la Provincia de Buenos Aires.

Se instrumenta el procedimiento de actualización trimestral de la unidad tarifaria utilizada como unidad de medida para la determinación de derechos, rentas diversas, arrendamientos y demás conceptos comprendidos en la normativa arancelaria vigente. 

Se fija el nuevo precio de adquisición del biodiesel destinado a la mezcla obligatoria con gasoil para las operaciones que se realicen durante enero de 2026, estableciéndose además un plazo máximo de pago de 7 días corridos desde la fecha de la factura.

Se fijan los precios mínimos de adquisición del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar y de maíz destinados a la mezcla obligatoria con nafta para las operaciones que se realicen durante enero de 2026.

Se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 la exclusión de los establecimientos educativos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial del régimen general de contribuciones patronales previsto en la Ley 27.541.

Se actualizan de manera sustancial los montos mínimos que determinan la configuración de los delitos tributarios y previsionales, elevando los umbrales económicos aplicables a la evasión, la apropiación indebida de tributos y los ilícitos vinculados a la seguridad social.

Se aprueba una nueva tabla de valuación de automotores y motovehículos que será utilizada como referencia para el cálculo de los aranceles aplicables a los trámites de inscripción inicial y transferencia registral.

Se aprueban nuevas tarifas sustitutivas aplicables al régimen de corresponsabilidad gremial correspondiente a la producción agrícola en la provincia del Chaco, alcanzando a las actividades de algodón, maíz, trigo, sorgo, soja y girasol.

Se aprueba una nueva actualización de la tarifa sustitutiva aplicable al régimen de corresponsabilidad gremial de la actividad tabacalera, en función de las últimas escalas salariales vigentes y de las modificaciones en materia de contribuciones patronales.

Se redefine el régimen aplicable a las sociedades gerentes de fondos comunes de inversión que se inscriban simultáneamente como agentes de negociación, estableciendo requisitos específicos de organización interna, segregación funcional, control regulatorio y prevención de conflictos de interés.

La Comisión Nacional de Valores sustituyó integralmente el Título III de las Normas (N.T. 2013), introduciendo una reforma amplia al régimen de retiro y cancelación de la oferta pública, ofertas públicas de adquisición (OPA), declaraciones unilaterales de adquisición (DUVA), aportes irrevocables a cuenta de futuras emisiones y capitalización de deudas.