La Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial revocó una resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ) que había sometido a una sociedad anónima al régimen de fiscalización estatal permanente del artículo 299 inciso 2 de la Ley General de Sociedades, por contar con un capital social de exactamente $2.000.000.000.

La Sexta Cámara del Trabajo de Mendoza admitió el pedido de una empresa demandada para cancelar el capital de condena laboral en doce cuotas mensuales, en los términos del artículo 277 de la LCT, texto según Ley 27.802, por haber acreditado su condición de MiPyME y haber solicitado el beneficio dentro del plazo fijado en la sentencia, antes del inicio de la ejecución forzada.