El Poder Ejecutivo promulga la Ley 27.793, que declara la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año, y que introduce un conjunto de medidas orientadas a garantizar derechos fundamentales de las personas con discapacidad, entre ellas la creación de la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social, la cobertura médica integral para sus titulares, el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad y el financiamiento del sistema de prestaciones básicas y de los prestadores alcanzados por la Ley 24.901.

Se dispone la ampliación de la emisión de la “Letra del Tesoro Nacional Intransferible en Dólares Estadounidenses vencimiento 7 de enero de 2030”, por un valor nominal de USD 3.215.138, a ser entregada al Banco Central de la República Argentina. La medida se enmarca en lo establecido por el decreto 1104/2024, que autoriza a sustituir con títulos públicos el 60% de los intereses de las letras intransferibles en cartera del BCRA, manteniendo el 40% en efectivo.

Se deroga la Resolución 2400/2023 de la Superintendencia de Servicios de Salud por resultar incompatible con el régimen de seguridad social y se aprueban nuevas cláusulas mínimas obligatorias para los contratos entre entidades de medicina prepaga, agentes del seguro de salud y sus beneficiarios. 

Se aprueba un régimen integral y consolidado para la habilitación sanitaria de los vehículos que transportan animales vivos y productos, subproductos y derivados de origen animal bajo la competencia del SENASA. La norma unifica y reemplaza regulaciones previas, fijando la obligatoriedad de contar con habilitación sanitaria, tarjeta identificatoria y Documento de Tránsito electrónico (DT-e), así como el cumplimiento de condiciones de bienestar animal, lavado y desinfección de unidades y densidades máximas de carga.

De acuerdo con el artículo 18 de la LCT, cuando un trabajador renuncia y luego es recontratado por el mismo empleador, la antigüedad se acumula, sumando los períodos trabajados en cada vínculo, sin importar la causa de la interrupción. En el ejemplo planteado (alta en enero 2024, renuncia en diciembre 2024 y nuevo ingreso en agosto 2025), corresponde reconocer 1 año de antigüedad más el tiempo del nuevo contrato. En el alta temprana, se informa siempre la fecha de reingreso (agosto 2025 en este caso), mientras que el cómputo de la antigüedad acumulada se aplica para beneficios laborales como vacaciones, preaviso, indemnizaciones y adicionales. La categoría laboral puede modificarse, salvo disposición expresa de convenio o acuerdo entre las partes.

El artículo 130 de la Ley de Contrato de Trabajo permite anticipar hasta el 50% de la remuneración mensual, sin que el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) funcione como límite adicional. La interpretación mayoritaria entiende que el tope del 50% se calcula sobre el sueldo bruto, ya que el neto depende de retenciones posteriores. No obstante, parte de la doctrina sugiere verificar que el anticipo no supere la mitad aproximada del neto, en resguardo de la intangibilidad salarial. Los anticipos deben documentarse en recibos formales, registrarse en el Libro de Sueldos, abonarse por medios habilitados y descontarse de la liquidación final del período, asegurando así la trazabilidad y correcta imputación.

Los gastos en que incurre una empresa por congresos, conferencias y viajes de negocios, incluidos los reintegros a empleados, son deducibles en el Impuesto a las Ganancias como gastos de representación (art. 91 inc. h) LIG), siempre que se vinculen directamente con la obtención o conservación de ganancias gravadas. La deducción tiene un tope del 1,5% de las remuneraciones pagadas al personal en relación de dependencia (sin contar gratificaciones extraordinarias).

Los contribuyentes de minimercados pueden inscribirse en el Registro de Sujetos No Alcanzados – Productos de Consumo Masivo (RG 5329/2023) para evitar percepciones de IVA. Si el alta definitiva es rechazada o dada de baja, corresponde utilizar los mecanismos previstos en la norma: reconsideración dentro de los 7 días corridos y, en caso de nuevo rechazo, presentación de disconformidad dentro de los 15 días, adjuntando documentación que acredite la realidad económica. Si se acredita la procedencia, ARCA restituirá la caracterización 555 con vigencia desde el mes siguiente a la notificación.

La enseñanza primaria y secundaria en colegios privados incorporados a la enseñanza oficial está exenta de IVA según la Ley del impuesto. Sin embargo, los cursos extracurriculares de inglés solo quedarían exentos si se limitan estrictamente a los contenidos previstos en los planes oficiales de estudio. En caso de tratarse de programas propios, con certificaciones o contenidos distintos a los oficiales, la actividad se considera gravada y alcanzada por la alícuota general de IVA.

La Comisión Nacional de Valores modifica integralmente las normas aplicables a fideicomisos financieros y fondos comunes de inversión, con el fin de simplificar procesos, eliminar redundancias y unificar criterios regulatorios.

Se dispone, por única vez, que las obligaciones de ingreso de las sumas percibidas y/o del impuesto propio devengado por los agentes de liquidación y percepción del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias correspondientes a los hechos imponibles perfeccionados entre el 16 y el 22 de septiembre de 2025 podrán cumplirse hasta el 24 de septiembre de 2025 inclusive. La medida modifica en forma excepcional el cronograma previsto en la Resolución General 4.172.

Se dispone la ampliación de la emisión de la Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento 31 de octubre de 2025 (LELINK D31O5), hasta un máximo de valor nominal original USD 2.500 millones, con el objeto de concretar una operación de conversión con el Banco Central de la República Argentina.

Se modifican las disposiciones de la Resolución General 4.775 con el fin de simplificar la inscripción en el Régimen de Transportistas de Hidrocarburos con Beneficios. La medida elimina la obligación de acreditar la inscripción en el Registro Único del Transporte Automotor (R.U.T.A.), derogado por el Decreto 1.109/2024, y sustituye las referencias normativas relativas al control de condiciones de seguridad, remitiendo ahora a la Resolución 414/2021 de la Secretaría de Energía, que reemplazó a la Resolución 404/1994.

Valores de aportes personales de los trabajadores autónomos que rigen a partir del 15 de septiembre de 2025 según las categorías mínimas de revista. Los nuevos valores son de aplicación para el período devengado agosto/2025 y períodos anteriores que se encuentren adeudados.

Los pagos que realiza una sociedad por el alquiler de la vivienda particular y de automóviles de sus directores no son deducibles como gastos propios de la actividad, ya que constituyen erogaciones de carácter personal (arts. 91 y 92 LIG). Sin embargo, pueden tratarse como beneficios en especie otorgados a los directores, en tanto constituyen compensaciones susceptibles de valoración en dinero (art. 82 LIG y art. 177 DR). En tal carácter, son deducibles como retribuciones siempre que se registren formalmente como remuneración en especie y se encuentren alcanzadas por Ganancias en cabeza del beneficiario.

El artículo 130 de la Ley de Contrato de Trabajo regula los adelantos de remuneraciones, permitiendo anticipar hasta el 50% del sueldo del período (y excepcionalmente más, ante casos graves). En cambio, el artículo 133 establece el límite general del 20% para deducciones, retenciones o compensaciones sobre haberes ya devengados, como garantía de intangibilidad salarial. La propia redacción del art. 133 (“salvo lo dispuesto en el artículo 130”) aclara que su tope no aplica a adelantos de sueldos. En consecuencia, al otorgar anticipos, corresponde aplicar el art. 130 directamente, sin superponer el límite del 20% del art. 133.

Cuando un automóvil fue declarado en Ganancias como 100% afectado a la actividad y se dedujeron amortizaciones, su venta debe facturarse con IVA al 21% sobre el total del precio de enajenación, aun cuando en Bienes Personales se hubiera declarado como parcialmente afectado. La proporción utilizada en Bienes Personales no altera el encuadre fiscal, ya que en Ganancias quedó reconocido como bien de uso de la actividad. En consecuencia, la omisión de facturar la venta o de ingresar el débito fiscal expone a un alto riesgo de impugnación por parte de ARCA, al existir una clara trazabilidad entre la afectación declarada y el aprovechamiento de deducciones previas.

Cuando un inmueble adquirido por el presidente de una SA nunca fue formalmente transferido a la sociedad por falta de escritura traslativa, la titularidad dominial sigue residiendo en la persona física. En este marco, la alternativa más consistente es que la venta se instrumente en cabeza del presidente, dejando la sociedad constancia en acta de que el aporte no se perfeccionó, dando de baja el bien de uso y documentando un comodato que justifique la explotación y los arrendamientos facturados. De esta forma, el inmueble se incorpora a las DDJJ del presidente, quien reflejará el resultado de la enajenación y la entrada de fondos.

La exclusión de un trabajador de un convenio colectivo no puede basarse únicamente en su consentimiento, ya que el encuadramiento está determinado por el ámbito personal de aplicación del CCT y por las tareas efectivamente desarrolladas, tratándose de normas de orden público. Solo pueden quedar fuera de convenio los empleados jerárquicos o de conducción (jefes, gerentes, directores) o aquellos expresamente exceptuados por el CCT.

La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) deroga la Resolución 38.580/2014, que había creado el Registro de Oficiales de Cumplimiento en el ámbito de la Gerencia de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Dicho registro obligaba a las aseguradoras a informar la designación, datos personales y de contacto de sus oficiales de cumplimiento y suplentes, así como a mantener actualizada esa información y comunicar cualquier sustitución en un plazo de 15 días.

El Ministerio de Economía fija en $26.500 millones el límite máximo anual para atender las solicitudes de devolución de saldos acumulados de IVA de las empresas prestadoras de servicios públicos con tarifas reducidas por subsidios, compensaciones tarifarias o fondos de asistencia económica otorgados por el Estado Nacional.

El SENASA aprueba un nuevo marco regulatorio para la vacunación antiaftosa en todo el territorio nacional, con aplicación desde 2025 y ajustes progresivos a partir de 2026. La norma establece estrategias diferenciadas por provincias y departamentos, fija períodos máximos de campaña (60 días, con excepciones de hasta 90 días), introduce el uso obligatorio del Acta de Vacunación Única y del registro digital en el SIGSA App Vacunación, y regula las modalidades de vacunación total, parcial, estratégica y “acta cero”. 

El Poder Ejecutivo observa en su totalidad el Proyecto de Ley 27.794, sancionado por el Congreso el 20 de agosto de 2025, que establecía la redistribución automática de los recursos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, equiparándolos a la masa coparticipable de la Ley 23.548.

El rechazo en la presentación del Libro de Sueldos Digital ocurre porque en el Sistema Registral – Jurisdicción Laboral sigue figurando la provincia original como activa, aunque el domicilio de explotación ya esté declarado en CABA. Para corregirlo, debe ingresarse con clave fiscal al servicio “Simplificación Registral” → “Jurisdicción Controlador Doc. Laboral”.

Cuando un fiduciante originario recibe en adjudicación una unidad cuyo valor de mercado supera al de sus aportes, la entonces AFIP —según criterios de Enlace con el CPCECABA (2006 y 2007)— interpreta que el resultado se mide por los aportes efectivamente realizados y no por el valor de plaza de la unidad. En Impuesto a las Ganancias, el costo atribuible al fiduciante-beneficiario es el monto de sus aportes, sin reconocer diferencia por mayor valor de adjudicación. En IVA, el hecho imponible se configura con la entrega de la posesión o la escritura, y la base imponible también se determina por los aportes.

En el régimen de la Ley 26.727, la indemnización por antigüedad sigue las pautas de la LCT pero con un piso mínimo de dos sueldos (art. 22). Una gratificación anual voluntaria de carácter remuneratorio debe incorporarse a la base indemnizatoria cuando se abona en forma reiterada, ya que adquiere el carácter de habitual y regular; la forma de hacerlo es prorrateando su importe en doceavos. Para la indemnización por antigüedad se aplica la mejor remuneración mensual normal y habitual de los últimos 12 meses, incluyendo el prorrateo de la gratificación. En cambio, para la indemnización sustitutiva del preaviso, corresponde calcularla sobre un promedio representativo de las remuneraciones normales y habituales, a fin de reflejar lo que el trabajador hubiera percibido en ese período.

Cuando una persona trabaja bajo relación de dependencia y, en paralelo, desarrolla una actividad independiente inscripta en IVA como responsable inscripto, corresponde su inscripción en el régimen de autónomos, ya que cada actividad genera obligaciones previsionales propias.

Se dispone la emisión de una nueva Letra del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR, con vencimiento el 15 de diciembre de 2025, por hasta $5 billones de valor nominal original, cuyos intereses se calcularán en base a la tasa promedio de depósitos mayoristas publicada por el BCRA más un margen determinado en licitación.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero establece un procedimiento sistémico y automático para la presentación de la Relación de Carga y del Manifiesto de Consolidación de Exportación en operaciones aéreas, a través del Sistema Informático MALVINA (SIM).

Se asigna al licenciado Pablo Agustín Lavigne, actual Secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía, el ejercicio transitorio de las competencias de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento, y de la Secretaría de Industria y Comercio, vacantes tras las renuncias de sus titulares.