Se actualizan las Resoluciones Generales 1.415 y 3.571 para adecuar la facturación e información de las distribuidoras de energía eléctrica que reciben excedentes de energía renovable inyectados por usuarios-generadores en el marco de la Ley 27.424.

Se modifica la Resolución General N° 1.921 para eliminar el cruce informático previo con el Manifiesto de Exportación (MANE) en la vía aérea y suprimir las autoliquidaciones de derechos de exportación aplicables a envíos en consignación y exportaciones de cuero, en línea con la eliminación de estos derechos dispuesta por la Resolución 727/2025 del Ministerio de Economía.

Se establece la obligatoriedad para los Agentes de Transporte Aduanero desconsolidadores de presentar, en formato digital y mediante los aplicativos web “Gestión de Manifiesto Acuático” y “Ratificación de Autoría de Manifiesto Acuático”, el manifiesto desconsolidado de importación para la vía acuática (formulario OM 744/2) ante el servicio aduanero.

Se crea la Oficina de Bienes Recuperados como organismo desconcentrado del Ministerio de Justicia, designada como autoridad de aplicación del régimen aprobado por el Decreto 575/25 para la conservación, administración y disposición de bienes provenientes de actividades ilícitas cautelados y recuperados en procesos penales de competencia nacional y federal, así como en los de extinción de dominio.

Se modifica el apartado 2 de los “Lineamientos para la Publicidad y Cartelería” para establecer que las aseguradoras que comercialicen pólizas mediante medios electrónicos deberán exhibir, de forma visible en el inicio de su página web institucional y en sus aplicaciones móviles, la opción para solicitar la baja de la póliza, información sobre cómo requerir copias de la póliza u otra documentación contractual, y el procedimiento para denunciar un siniestro. Esta obligación rige para pólizas contratadas electrónicamente en las ramas Automotores, Motovehículos, Combinado Familiar e Integral, Robo y Riesgos Similares, Otros Riesgos de Daños Patrimoniales y Accidentes Personales.

La Secretaría de Industria y Comercio aprobó un reglamento técnico integral que establece los requisitos esenciales de seguridad y calidad aplicables a diversos productos de consumo comercializados en la Argentina, reemplazando y unificando normas anteriores.

El Poder Ejecutivo aprueba el Régimen de Conservación, Administración y Disposición de los Bienes Provenientes de Actividad Ilícita Cautelados y Recuperados en procesos penales de la justicia nacional y federal y en procedimientos de extinción de dominio. La norma centraliza en el Ministerio de Justicia la administración y custodia de estos bienes, reservando a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) su enajenación o concesión comercial.

En la finalización de un contrato de trabajo a plazo fijo por cumplimiento del término, no corresponde indemnización por antigüedad, pero sí deben abonarse los días trabajados del mes, la proporción del Sueldo Anual Complementario y las vacaciones no gozadas con su respectivo SAC, conforme a los artículos 93 a 95 de la Ley de Contrato de Trabajo.

En IVA Simple, cuando el contribuyente realiza operaciones gravadas y exentas o no gravadas, el crédito fiscal puede informarse mediante prorrateo por asignación directa, prorrateo global o una combinación de ambos. Según la opción seleccionada en “Datos iniciales”, el sistema permite detallar el crédito computable por comprobante, registrar los importes prorrateados en una pestaña especial de “CF Computable Global” y discriminar entre crédito computable directo, por prorrateo, global, no computable y a restituir.

Un monotributista radicado en la provincia de Buenos Aires que presta servicios a consorcios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe inscribirse en el Convenio Multilateral si la actividad se realiza efectivamente en CABA o se considera localizada allí según el criterio de territorialidad y sustento territorial fijado por el artículo 1° del Convenio y la RG (CA) 5/2021.

Para la recategorización del monotributo en julio 2025 deben considerarse los ingresos brutos obtenidos en los últimos 12 meses, incluyendo tanto los obtenidos como responsable inscripto —con IVA incluido— como los generados bajo el régimen simplificado. Esto se basa en el artículo 9 del Anexo de la Ley 24.977 y su reglamentación, que establecen que el cálculo comprende la totalidad de ingresos obtenidos, sin importar el régimen bajo el cual se hayan generado.

Una SAS que inicia actividades con un empleado debe presentar sus declaraciones juradas de cargas sociales a través del servicio “Declaración en línea” hasta recibir notificación formal de ARCA indicando la obligatoriedad de utilizar el Libro de Sueldos Digital (LSD). Conforme a la RG 5250/2022, el uso del LSD solo es obligatorio para los empleadores notificados o que opten voluntariamente por adherirse, previa aceptación y comunicación de la fecha de inicio mediante el domicilio fiscal electrónico.

La Subsecretaría de Seguridad Social aprueba nuevas tarifas sustitutivas para el Convenio de Corresponsabilidad Gremial celebrado entre la UATRE y entidades representativas de la actividad forestal de la provincia del Chaco, homologado por Resolución 7/2010. La actualización se basa en las remuneraciones mínimas fijadas por la Resolución 151/2025 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario.

La Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda disponen la recompra al Banco Central de la República Argentina de la “Letra del Tesoro Nacional Intransferible en Dólares Estadounidenses vencimiento 3 de abril de 2029”, por un valor efectivo de USD 2.000 millones, equivalente a un precio de USD 61,184666 por cada USD 100 de valor nominal original, sobre un total emitido de USD 3.268.792.870.

Se otorgan a la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía amplias facultades para la gestión integral de los proyectos presentados bajo el Régimen de Crédito Fiscal establecido por la Ley 22.317, destinado a promover la capacitación en MIPYMES y emprendedores.

La normativa vigente permite que una misma razón social lleve un único Libro Especial de Sueldos y Jornales que incluya tanto a trabajadores del régimen general como a los del régimen agrario, siempre que se cumplan los requisitos del artículo 52 de la Ley 20.744. La Ley 26.727 de Trabajo Agrario no establece la obligación de libros diferenciados, por lo que rige supletoriamente la LCT en materia de documentación laboral.

Las obligaciones impositivas y previsionales de socios de SRL y accionistas de SA varían según su participación y funciones. Quienes integran la administración (socios gerentes, presidentes o vicepresidentes) deben inscribirse en Ganancias, en IVA como exentos y como autónomos, además de tributar Bienes Personales si superan el mínimo no imponible. Los socios sin funciones ejecutivas ni prestación de servicios solo tributan Ganancias por utilidades y Bienes Personales si corresponde.

Las empresas cuya actividad principal es el transporte pueden computar como pago a cuenta del IVA el 45% del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos discriminado en los tickets factura A por la compra de gasoil destinado a vehículos directamente afectados al servicio, conforme a la Ley 23.966. El crédito no absorbido en un período puede trasladarse a los siguientes, y en el caso del transporte automotor internacional de carga, es posible solicitar su devolución como saldo de libre disponibilidad ante ARCA.

En sociedades, la utilidad obtenida al liquidar aportes en dólares mediante operaciones de dólar CCL se considera un rendimiento financiero gravado por el Impuesto a las Ganancias, dado que surge de la compraventa de títulos valores y no de una simple diferencia de cambio. Este resultado, generado por la diferencia entre la cotización oficial y la obtenida vía CCL, constituye renta de fuente argentina y debe incorporarse al resultado impositivo del ejercicio.

Al cierre del ejercicio, el crédito del 33% por impuesto a los débitos y créditos bancarios para contribuyentes no Pymes prescribe a los cinco años contados desde el 1° de enero del año siguiente a su generación, conforme al artículo 56 inciso a) de la Ley 11.683. Una vez vencido este plazo, los saldos no utilizados deben imputarse a resultados, pudiendo el excedente no trasladable tratarse como gasto deducible de acuerdo con criterios contable-fiscales aceptados.

El Banco Central dispone que las cuentas corrientes bancarias podrán abrirse y operar en dólares estadounidenses, permitiendo el libramiento de cheques únicamente en formato electrónico (ECHEQ).

El Banco Central establece que, desde el 8 de agosto de 2025, las nuevas prefinanciaciones de exportaciones con vida promedio mínima de tres años y un año de gracia para capital, o bien de dos años y dieciocho meses de gracia, otorgadas por entidades financieras del exterior o locales con fondeo externo, podrán aplicar los cobros de exportaciones de bienes y servicios a cuentas en moneda extranjera locales o externas para garantizar el pago de capital e intereses, hasta un límite del 125% de los servicios a abonar en el mes corriente y los seis siguientes. También se autoriza el acceso al mercado de cambios para constituir garantías con igual finalidad.

Se establecen las fechas, requisitos y herramientas operativas para la ejecución del Programa Crédito Fiscal 2025, en el marco del Régimen de Crédito Fiscal previsto en la Ley 22.317. Se fija como plazo de presentación de propuestas desde la entrada en vigencia de la norma hasta el 30 de septiembre de 2025, tomando como mes de nómina abril de 2025 y como período de cálculo del 30% u 8‰ el comprendido entre mayo de 2024 y abril de 2025.

Se modifican diversos artículos de la Resolución 204/2000, reglamentaria del Régimen de Importación de Bienes Integrantes de Grandes Proyectos de Inversión, a fin de adecuarlos a los cambios introducidos por la Resolución 938/2025 y facilitar su aplicación.

Se dispone el diferimiento, por única vez y con carácter excepcional, de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019) en las jurisdicciones de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico, fijando la nueva fecha para el 10 de noviembre de 2025.

Desde el Decreto 170/2024, un trabajador puede elegir libremente su obra social al iniciar una relación laboral, sin obligación de permanecer un año en la del convenio colectivo si no ejerció opción previa. Solo debe mantener 12 meses la obra social elegida, salvo que opte por una prepaga habilitada, y comunicar el cambio para derivar aportes en el F.931 tras tres meses.

Si en junio 2025 un contribuyente superó el tope de facturación vigente ($82.370.281,28), corresponde su exclusión del Monotributo, aun cuando en agosto los límites se hayan actualizado y su facturación quede dentro del nuevo parámetro. La evaluación se realiza con los valores vigentes al momento de configurarse el exceso, conforme al art. 20 de la Ley 24.977.

Según la RG 5720/2025 de ARCA, la primera etapa de devolución del Impuesto PAIS solo incluye pagos a cuenta no computados por reducción de alícuota, acuerdos de precios o zonas francas. Los casos en que el despacho se pagó al 7,5 % y el acceso al MULC fue al 0 % quedarán para una segunda etapa, que será reglamentada con un nuevo procedimiento tras el cierre de los 45 días de la etapa inicial.

Los monotributistas que exportan servicios pueden ingresar hasta USD 36.000 anuales sin liquidarlos al peso, según la Comunicación “A” 8153/2024 del BCRA, siempre que cumplan los plazos y restricciones cambiarias. Para el Monotributo, deben emitir factura “E” y convertir el importe a pesos al tipo de cambio comprador del BNA del día anterior, sumando esos ingresos al resto para verificar los topes del régimen, sin beneficios especiales por exportar.

Si las cuidadoras continúan trabajando sin interrupción en beneficio de un familiar del empleador fallecido, la Ley 26.844 presume continuidad laboral, conservando antigüedad y condiciones, por lo que no corresponde pagar indemnización. Solo si hay interrupción mayor a 30 días o cierre formal del vínculo se abona el 50 % de la indemnización por antigüedad.