Se modifican y complementan diversas normas vinculadas a la autorización e impresión de comprobantes, adecuándolas al nuevo esquema establecido por la RG 5762 que sustituyó a la RG 1575.

Se sustituye la RG 1575 reglamentándose un nuevo procedimiento de autorización de comprobantes clase “A” para responsables inscriptos en IVA, disponiéndose la eliminación de los comprobantes clase “M” y con dos variantes de factura “A”: con la leyenda “OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN” —que obliga al adquirente a practicar retenciones de IVA y Ganancias— y con la leyenda “PAGO EN CBU INFORMADA”, que impone la cancelación por transferencia o depósito en la cuenta declarada por el emisor.

La Comisión Arbitral del Convenio Multilateral dispuso que las presentaciones y pagos de la primera quincena de septiembre 2025 correspondientes a los sistemas SIRCAR y SIRTAC se consideren cumplidos en término si se realizan hasta el viernes 26 de septiembre inclusive. La medida responde a fallas técnicas extraordinarias registradas los días 22 y 23 que impidieron a agentes de retención y percepción cumplir con sus obligaciones en las fechas originales. 

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modifica la estructura organizativa de la Dirección General de Aduanas, la Dirección General Impositiva y diversas Subdirecciones Generales, incluyendo Fiscalización, Institucional, Administración y Sistemas y Telecomunicaciones, a fin de optimizar la distribución de funciones sin incrementar la cantidad de unidades orgánicas.

La Comisión Nacional de Valores modifica las Normas (N.T. 2013 y mod.) para establecer el cronograma definitivo de pago de la tasa de fiscalización y control anual de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamenta la aplicación del beneficio de alícuota 0% en derechos de exportación establecido por el Decreto 685/2025, que alcanza a los productos cárnicos incluidos en su Anexo I hasta el 31 de octubre de 2025.

La Secretaría de Industria y Comercio dispone la derogación de resoluciones y disposiciones dictadas en el marco de leyes ya derogadas como la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y la normativa sobre el Observatorio de Precios. La medida busca reducir la dispersión normativa, eliminar regulaciones obsoletas y consolidar un marco legal más claro, en línea con la política de simplificación administrativa impulsada por la Ley 27.742 y los Decretos 70/2023 y 650/2025.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca establece una prórroga automática y excepcional de 360 días corridos para las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) registradas antes de la entrada en vigencia del Decreto 682/2025, siempre que el inicio de embarque opere con posterioridad al 23 de septiembre de 2025.

El Banco Central de la República Argentina incorporó un nuevo punto al texto ordenado sobre Exterior y Cambios, con vigencia desde el 19 de septiembre de 2025. La norma establece que determinados sujetos vinculados a entidades financieras —accionistas con participación igual o superior al 5%, directores, síndicos, gerentes, integrantes de consejos de vigilancia y sus familiares cercanos— deberán presentar una declaración jurada al solicitar acceso al mercado de cambios.

El Banco Central de la República Argentina dispuso adecuaciones en el régimen de Exterior y Cambios para facilitar repatriaciones vinculadas a operaciones de inversión.

El Banco Central de la República Argentina dispuso dejar sin efecto el límite anual de USD 36.000 previsto para la excepción de la obligación de liquidar cobros de exportaciones de servicios realizadas por personas humanas, habilitando su percepción sin restricción de monto.

Se aprueba un formulario específico para que las instituciones responsables de propuestas de formación acrediten la contratación del seguro de responsabilidad civil exigido en el marco del Componente de Formación Profesional Básica de la Línea de Formación Básica del Plan de Formación Profesional y Continua.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero reglamenta los requisitos y procedimientos para que los exportadores de productos agrícolas comprendidos en la Ley 21.453 y en el Anexo I del Decreto 682/2025 accedan a la reducción de la alícuota de derechos de exportación al 0%.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero incorpora al régimen permanente de facilidades de pago un plan específico para contribuyentes en concurso preventivo o en estado de quiebra con continuidad que mantengan su actividad.

Se establece en 0% la alícuota de derechos de exportación para las mercaderías cárnicas incluidas en el anexo, con vigencia hasta el 31 de octubre de 2025. Los exportadores deberán liquidar al menos el 90% de las divisas dentro de los tres días hábiles de oficializado el permiso de embarque, ya sea por cobros, anticipos o financiamiento.

Se fija en 0% la alícuota del derecho de exportación para las mercaderías de granos y subproductos detalladas en el anexo del decreto, hasta el 31 de octubre de 2025 inclusive o hasta que las registraciones de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) alcancen un total de USD 7.000 millones, lo que ocurra primero. 

En la liquidación final de un contrato a plazo fijo corresponde abonar las remuneraciones pendientes, el proporcional de sueldo anual complementario y las vacaciones proporcionales no gozadas. Si el contrato tuvo una duración menor a un año y se extingue al vencimiento con preaviso, no corresponde indemnización. En cambio, si la duración fue igual o mayor a un año, se aplica la indemnización reducida del art. 247 LCT (la mitad de la prevista en el art. 245). Si el empleador no preavisa, debe abonarse la indemnización sustitutiva de un mes, y si la ruptura es anticipada, se deben reconocer los salarios que hubieran correspondido hasta el vencimiento pactado.

La Ley de Contrato de Trabajo establece que la prórroga o renovación de un contrato a plazo fijo solo es válida si existe una causa objetiva y comprobable que justifique la transitoriedad. En caso contrario, la relación se presume como contrato por tiempo indeterminado desde su inicio (art. 90 LCT).

Según la RG 830, Anexo III, inciso i), los importes facturados por agencias de viajes y turismo en concepto de pasajes no están sujetos a retención de Ganancias siempre que se encuentren discriminados en la factura. Sin embargo, otros conceptos incluidos en la misma factura, como comisiones, honorarios por servicios de organización o paquetes turísticos propios, no gozan de esta exclusión, por lo que sobre dichos montos sí corresponde aplicar la retención.

Las facturas de servicios de telefonía, internet y comunicaciones móviles se encuentran expresamente excluidas del régimen de retención de Ganancias establecido por la RG 830. El Anexo III, inciso d), dispone que no corresponde practicar retención cuando se trata de pagos efectuados a empresas prestadoras de servicios públicos o de comunicaciones móviles por el desarrollo de su actividad específica.

La venta de frutas, hortalizas y legumbres frescas, refrigeradas o congeladas tributa IVA al 10,5%, de acuerdo con el art. 28 de la Ley de IVA. Esta alícuota reducida aplica siempre que los productos no hayan pasado por procesos de cocción o elaboración que los conviertan en preparados. En cambio, para otros artículos no alcanzados por la reducción —como alimentos envasados, elaborados o distintos a frutas y verduras frescas— corresponde la alícuota general del 21%.

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo establece un procedimiento que habilita a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, empleadores autoasegurados y no asegurados a ofrecer, de manera opcional y discrecional, una compensación económica a trabajadores que hayan recibido el alta médica sin secuelas incapacitantes, o cuyo dictamen de la Comisión Médica determine ausencia de incapacidad laboral permanente.

El Poder Ejecutivo promulga la Ley 27.793, que declara la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año, y que introduce un conjunto de medidas orientadas a garantizar derechos fundamentales de las personas con discapacidad, entre ellas la creación de la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social, la cobertura médica integral para sus titulares, el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad y el financiamiento del sistema de prestaciones básicas y de los prestadores alcanzados por la Ley 24.901.

Se dispone la ampliación de la emisión de la “Letra del Tesoro Nacional Intransferible en Dólares Estadounidenses vencimiento 7 de enero de 2030”, por un valor nominal de USD 3.215.138, a ser entregada al Banco Central de la República Argentina. La medida se enmarca en lo establecido por el decreto 1104/2024, que autoriza a sustituir con títulos públicos el 60% de los intereses de las letras intransferibles en cartera del BCRA, manteniendo el 40% en efectivo.

Se deroga la Resolución 2400/2023 de la Superintendencia de Servicios de Salud por resultar incompatible con el régimen de seguridad social y se aprueban nuevas cláusulas mínimas obligatorias para los contratos entre entidades de medicina prepaga, agentes del seguro de salud y sus beneficiarios. 

Se aprueba un régimen integral y consolidado para la habilitación sanitaria de los vehículos que transportan animales vivos y productos, subproductos y derivados de origen animal bajo la competencia del SENASA. La norma unifica y reemplaza regulaciones previas, fijando la obligatoriedad de contar con habilitación sanitaria, tarjeta identificatoria y Documento de Tránsito electrónico (DT-e), así como el cumplimiento de condiciones de bienestar animal, lavado y desinfección de unidades y densidades máximas de carga.

De acuerdo con el artículo 18 de la LCT, cuando un trabajador renuncia y luego es recontratado por el mismo empleador, la antigüedad se acumula, sumando los períodos trabajados en cada vínculo, sin importar la causa de la interrupción. En el ejemplo planteado (alta en enero 2024, renuncia en diciembre 2024 y nuevo ingreso en agosto 2025), corresponde reconocer 1 año de antigüedad más el tiempo del nuevo contrato. En el alta temprana, se informa siempre la fecha de reingreso (agosto 2025 en este caso), mientras que el cómputo de la antigüedad acumulada se aplica para beneficios laborales como vacaciones, preaviso, indemnizaciones y adicionales. La categoría laboral puede modificarse, salvo disposición expresa de convenio o acuerdo entre las partes.

El artículo 130 de la Ley de Contrato de Trabajo permite anticipar hasta el 50% de la remuneración mensual, sin que el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) funcione como límite adicional. La interpretación mayoritaria entiende que el tope del 50% se calcula sobre el sueldo bruto, ya que el neto depende de retenciones posteriores. No obstante, parte de la doctrina sugiere verificar que el anticipo no supere la mitad aproximada del neto, en resguardo de la intangibilidad salarial. Los anticipos deben documentarse en recibos formales, registrarse en el Libro de Sueldos, abonarse por medios habilitados y descontarse de la liquidación final del período, asegurando así la trazabilidad y correcta imputación.

Los gastos en que incurre una empresa por congresos, conferencias y viajes de negocios, incluidos los reintegros a empleados, son deducibles en el Impuesto a las Ganancias como gastos de representación (art. 91 inc. h) LIG), siempre que se vinculen directamente con la obtención o conservación de ganancias gravadas. La deducción tiene un tope del 1,5% de las remuneraciones pagadas al personal en relación de dependencia (sin contar gratificaciones extraordinarias).

Los contribuyentes de minimercados pueden inscribirse en el Registro de Sujetos No Alcanzados – Productos de Consumo Masivo (RG 5329/2023) para evitar percepciones de IVA. Si el alta definitiva es rechazada o dada de baja, corresponde utilizar los mecanismos previstos en la norma: reconsideración dentro de los 7 días corridos y, en caso de nuevo rechazo, presentación de disconformidad dentro de los 15 días, adjuntando documentación que acredite la realidad económica. Si se acredita la procedencia, ARCA restituirá la caracterización 555 con vigencia desde el mes siguiente a la notificación.