La enseñanza primaria y secundaria en colegios privados incorporados a la enseñanza oficial está exenta de IVA según la Ley del impuesto. Sin embargo, los cursos extracurriculares de inglés solo quedarían exentos si se limitan estrictamente a los contenidos previstos en los planes oficiales de estudio. En caso de tratarse de programas propios, con certificaciones o contenidos distintos a los oficiales, la actividad se considera gravada y alcanzada por la alícuota general de IVA.

La Comisión Nacional de Valores modifica integralmente las normas aplicables a fideicomisos financieros y fondos comunes de inversión, con el fin de simplificar procesos, eliminar redundancias y unificar criterios regulatorios.

Se dispone, por única vez, que las obligaciones de ingreso de las sumas percibidas y/o del impuesto propio devengado por los agentes de liquidación y percepción del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias correspondientes a los hechos imponibles perfeccionados entre el 16 y el 22 de septiembre de 2025 podrán cumplirse hasta el 24 de septiembre de 2025 inclusive. La medida modifica en forma excepcional el cronograma previsto en la Resolución General 4.172.

Se dispone la ampliación de la emisión de la Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento 31 de octubre de 2025 (LELINK D31O5), hasta un máximo de valor nominal original USD 2.500 millones, con el objeto de concretar una operación de conversión con el Banco Central de la República Argentina.

Se modifican las disposiciones de la Resolución General 4.775 con el fin de simplificar la inscripción en el Régimen de Transportistas de Hidrocarburos con Beneficios. La medida elimina la obligación de acreditar la inscripción en el Registro Único del Transporte Automotor (R.U.T.A.), derogado por el Decreto 1.109/2024, y sustituye las referencias normativas relativas al control de condiciones de seguridad, remitiendo ahora a la Resolución 414/2021 de la Secretaría de Energía, que reemplazó a la Resolución 404/1994.

Valores de aportes personales de los trabajadores autónomos que rigen a partir del 15 de septiembre de 2025 según las categorías mínimas de revista. Los nuevos valores son de aplicación para el período devengado agosto/2025 y períodos anteriores que se encuentren adeudados.

Los pagos que realiza una sociedad por el alquiler de la vivienda particular y de automóviles de sus directores no son deducibles como gastos propios de la actividad, ya que constituyen erogaciones de carácter personal (arts. 91 y 92 LIG). Sin embargo, pueden tratarse como beneficios en especie otorgados a los directores, en tanto constituyen compensaciones susceptibles de valoración en dinero (art. 82 LIG y art. 177 DR). En tal carácter, son deducibles como retribuciones siempre que se registren formalmente como remuneración en especie y se encuentren alcanzadas por Ganancias en cabeza del beneficiario.

El artículo 130 de la Ley de Contrato de Trabajo regula los adelantos de remuneraciones, permitiendo anticipar hasta el 50% del sueldo del período (y excepcionalmente más, ante casos graves). En cambio, el artículo 133 establece el límite general del 20% para deducciones, retenciones o compensaciones sobre haberes ya devengados, como garantía de intangibilidad salarial. La propia redacción del art. 133 (“salvo lo dispuesto en el artículo 130”) aclara que su tope no aplica a adelantos de sueldos. En consecuencia, al otorgar anticipos, corresponde aplicar el art. 130 directamente, sin superponer el límite del 20% del art. 133.

Cuando un automóvil fue declarado en Ganancias como 100% afectado a la actividad y se dedujeron amortizaciones, su venta debe facturarse con IVA al 21% sobre el total del precio de enajenación, aun cuando en Bienes Personales se hubiera declarado como parcialmente afectado. La proporción utilizada en Bienes Personales no altera el encuadre fiscal, ya que en Ganancias quedó reconocido como bien de uso de la actividad. En consecuencia, la omisión de facturar la venta o de ingresar el débito fiscal expone a un alto riesgo de impugnación por parte de ARCA, al existir una clara trazabilidad entre la afectación declarada y el aprovechamiento de deducciones previas.

Cuando un inmueble adquirido por el presidente de una SA nunca fue formalmente transferido a la sociedad por falta de escritura traslativa, la titularidad dominial sigue residiendo en la persona física. En este marco, la alternativa más consistente es que la venta se instrumente en cabeza del presidente, dejando la sociedad constancia en acta de que el aporte no se perfeccionó, dando de baja el bien de uso y documentando un comodato que justifique la explotación y los arrendamientos facturados. De esta forma, el inmueble se incorpora a las DDJJ del presidente, quien reflejará el resultado de la enajenación y la entrada de fondos.

La exclusión de un trabajador de un convenio colectivo no puede basarse únicamente en su consentimiento, ya que el encuadramiento está determinado por el ámbito personal de aplicación del CCT y por las tareas efectivamente desarrolladas, tratándose de normas de orden público. Solo pueden quedar fuera de convenio los empleados jerárquicos o de conducción (jefes, gerentes, directores) o aquellos expresamente exceptuados por el CCT.

La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) deroga la Resolución 38.580/2014, que había creado el Registro de Oficiales de Cumplimiento en el ámbito de la Gerencia de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Dicho registro obligaba a las aseguradoras a informar la designación, datos personales y de contacto de sus oficiales de cumplimiento y suplentes, así como a mantener actualizada esa información y comunicar cualquier sustitución en un plazo de 15 días.

El Ministerio de Economía fija en $26.500 millones el límite máximo anual para atender las solicitudes de devolución de saldos acumulados de IVA de las empresas prestadoras de servicios públicos con tarifas reducidas por subsidios, compensaciones tarifarias o fondos de asistencia económica otorgados por el Estado Nacional.

El SENASA aprueba un nuevo marco regulatorio para la vacunación antiaftosa en todo el territorio nacional, con aplicación desde 2025 y ajustes progresivos a partir de 2026. La norma establece estrategias diferenciadas por provincias y departamentos, fija períodos máximos de campaña (60 días, con excepciones de hasta 90 días), introduce el uso obligatorio del Acta de Vacunación Única y del registro digital en el SIGSA App Vacunación, y regula las modalidades de vacunación total, parcial, estratégica y “acta cero”. 

El Poder Ejecutivo observa en su totalidad el Proyecto de Ley 27.794, sancionado por el Congreso el 20 de agosto de 2025, que establecía la redistribución automática de los recursos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, equiparándolos a la masa coparticipable de la Ley 23.548.

El rechazo en la presentación del Libro de Sueldos Digital ocurre porque en el Sistema Registral – Jurisdicción Laboral sigue figurando la provincia original como activa, aunque el domicilio de explotación ya esté declarado en CABA. Para corregirlo, debe ingresarse con clave fiscal al servicio “Simplificación Registral” → “Jurisdicción Controlador Doc. Laboral”.

Cuando un fiduciante originario recibe en adjudicación una unidad cuyo valor de mercado supera al de sus aportes, la entonces AFIP —según criterios de Enlace con el CPCECABA (2006 y 2007)— interpreta que el resultado se mide por los aportes efectivamente realizados y no por el valor de plaza de la unidad. En Impuesto a las Ganancias, el costo atribuible al fiduciante-beneficiario es el monto de sus aportes, sin reconocer diferencia por mayor valor de adjudicación. En IVA, el hecho imponible se configura con la entrega de la posesión o la escritura, y la base imponible también se determina por los aportes.

En el régimen de la Ley 26.727, la indemnización por antigüedad sigue las pautas de la LCT pero con un piso mínimo de dos sueldos (art. 22). Una gratificación anual voluntaria de carácter remuneratorio debe incorporarse a la base indemnizatoria cuando se abona en forma reiterada, ya que adquiere el carácter de habitual y regular; la forma de hacerlo es prorrateando su importe en doceavos. Para la indemnización por antigüedad se aplica la mejor remuneración mensual normal y habitual de los últimos 12 meses, incluyendo el prorrateo de la gratificación. En cambio, para la indemnización sustitutiva del preaviso, corresponde calcularla sobre un promedio representativo de las remuneraciones normales y habituales, a fin de reflejar lo que el trabajador hubiera percibido en ese período.

Cuando una persona trabaja bajo relación de dependencia y, en paralelo, desarrolla una actividad independiente inscripta en IVA como responsable inscripto, corresponde su inscripción en el régimen de autónomos, ya que cada actividad genera obligaciones previsionales propias.

Se dispone la emisión de una nueva Letra del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR, con vencimiento el 15 de diciembre de 2025, por hasta $5 billones de valor nominal original, cuyos intereses se calcularán en base a la tasa promedio de depósitos mayoristas publicada por el BCRA más un margen determinado en licitación.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero establece un procedimiento sistémico y automático para la presentación de la Relación de Carga y del Manifiesto de Consolidación de Exportación en operaciones aéreas, a través del Sistema Informático MALVINA (SIM).

Se asigna al licenciado Pablo Agustín Lavigne, actual Secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía, el ejercicio transitorio de las competencias de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento, y de la Secretaría de Industria y Comercio, vacantes tras las renuncias de sus titulares.

El Poder Ejecutivo Nacional observa en su totalidad el Proyecto de Ley N.º 27.796, sancionado por el Congreso el 22 de agosto de 2025, que declaraba la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud por un año.

El Poder Ejecutivo Nacional observa en su totalidad el Proyecto de Ley N.º 27.795, sancionado por el Congreso el 21 de agosto de 2025, que establecía un régimen de financiamiento para universidades públicas y la recomposición salarial de su personal docente y no docente.

Se dispone la ampliación de la emisión de la “Letra del Tesoro Nacional Intransferible en Dólares Estadounidenses vencimiento 7 de enero de 2030”, por un monto de valor nominal original de USD 1.576.915, a ser entregada al Banco Central de la República Argentina a la par. La medida tiene por objeto cancelar el 60% del cuarto cupón de intereses de la Letra del Tesoro Intransferible con vencimiento en septiembre de 2033, conforme a lo establecido en el artículo 9° del decreto 1104/2024.

Se aprueban los criterios de clasificación arancelaria Nros. 51/25 a 62/25, que ubican en posiciones de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) distintas mercaderías sometidas a consulta, tales como aparatos eléctricos de climatización portátiles, controladores de electroválvulas para riego, carretillas autopropulsadas, jarras térmicas de plástico, manufacturas decorativas, conjuntos de herramientas de estética, telas no tejidas aislantes, máscaras de soldadura con visor LCD, pompones ornamentales, medicamentos veterinarios y abonos líquidos para semillas, entre otros.

El Ministerio de Economía revoca el Contrato de Fideicomiso de Asistencia suscripto en 1998 entre el Consejo de Administración del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) y el Banco de la Nación Argentina, en el marco de la liquidación del FFFIR dispuesta por el decreto 463/2025.

La Subsecretaría de Seguridad Social aprobó la nueva tarifa sustitutiva del Convenio de Corresponsabilidad Gremial celebrado entre UATRE, la Federación Agraria Argentina (filial Chaco) y la Unión de Cooperativas Algodoneras Ltda. (UCAL), aplicable a la producción de algodón, maíz, trigo, sorgo, soja y girasol en la provincia del Chaco. La disposición rige desde su publicación en el Boletín Oficial.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció que la Dirección General Impositiva será la encargada de determinar las áreas que asumirán las funciones de control, declaración de caducidad y recupero de fondos vinculados al beneficio de Salario Complementario del Programa ATP, previstas originalmente en la Disposición AFIP N° 48/2021.

El responsable inscripto que recibe comprobantes de sus proveedores debe verificar su validez para resguardar la deducción de gastos y el cómputo del crédito fiscal de IVA. Conforme a la Ley 11.683, el Decreto 477/1997 y la RG 100/1998, corresponde constatar que el emisor tenga CUIT activo y correcta categorización, que el comprobante cuente con CAE, CAI o CAEA autorizado y que no figure en la base de facturas apócrifas publicada por ARCA. También deben controlarse los datos esenciales del comprobante (denominación, numeración, domicilio, fecha, importe).