Se actualiza el anexo de la resolución 30/2018 de la ex Secretaría de Política Minera para modernizar y agilizar el procedimiento de inscripción en el Registro de Inversiones Mineras, en el marco de la ley 24.196 de fomento a la actividad minera.

Se autoriza la privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) a través de la venta del 90% de las acciones de titularidad del Estado Nacional, en cumplimiento de la Ley 23.696 y la Ley 27.742.

El beneficio de reducción del débito fiscal (50%, 30%, 10%) se aplicará automáticamente desde enero 2026 para quienes renunciaron al Monotributo en 2025, sin necesidad de cargas adicionales. Aunque el Sistema Registral indique que el beneficio está otorgado, no se reflejará en las declaraciones de IVA 2025 hasta el inicio del nuevo año calendario.

Los rendimientos obtenidos por una persona humana en 2024 por CEDEARs y acciones argentinas están alcanzados por el impuesto cedular, aplicándose el 15% para CEDEARs y el 5% para acciones locales. La declaración se realiza mediante el Portal Integrado (F.2022) y el impuesto se paga por VEP. Estos rendimientos deben reflejarse en el cuadro de variaciones patrimoniales de la declaración jurada de Ganancias.

La RG IGJ 4/2025 establece una moratoria para entidades con balances pendientes de hasta 10 ejercicios cerrados al 31/8/2024, permitiendo regularizar presentaciones a bajo costo. El trámite es presencial en la Mesa de Entradas de la IGJ (Av. Paseo Colón 291) con turno previo, presentando formularios específicos y estados contables adeudados; las fundaciones deben adjuntar además actas, plan trienal y documentación complementaria.

Es correcto aplicar la escala vigente de julio a diciembre en las liquidaciones mensuales del segundo semestre, ya que la RG 4003/2017 establece un esquema semestral de cálculo. La tabla anual solo se utiliza en la liquidación final para ajustar diferencias del período fiscal.

Las pérdidas en la producción de bienes de cambio se contabilizan conforme a la RT 17 y la RT 54, reconociéndose como costo del período, baja de inventario o “otros egresos” según su naturaleza. Los bienes de cambio deben valuarse al menor entre costo y valor neto de realización, registrando desvalorizaciones cuando corresponda, y revelando en notas las pérdidas significativas o inusuales con su causa.

Las PyMEs no pueden aplicar el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios como pago a cuenta del IVA, ya que la normativa solo permite computarlo contra el Impuesto a las Ganancias, según el artículo 13 del Decreto 380/2001.

Se reglamenta el régimen simplificado de importación de pequeños envíos de mercaderías originarias de la Isla Grande de Tierra del Fuego, creado por el Decreto 334/2025, destinado a personas humanas radicadas en el territorio continental para uso y consumo particular, con prohibición de comercialización.

Se dispone que los Agentes del Seguro de Salud, en el marco de la Ley 23.660, y las entidades de medicina prepaga reguladas por la Ley 26.682, deberán poner a disposición de sus afiliados y beneficiarios una credencial física de identificación, sin perjuicio de la coexistencia con formatos digitales.

Se instruye a la Subsecretaría de Energía Eléctrica a elaborar modificaciones al Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica, incorporando la figura de la concesión de obra pública como modalidad para las ampliaciones prioritarias definidas por la Resolución 715/25 del Ministerio de Economía.

Se transforma la Unidad Ejecutora del Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA) en una Unidad Ejecutora Especial Temporaria bajo la órbita de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. Se redefinen su estructura y cargos extraescalafonarios, incluyendo las funciones de director de proyecto, directores ejecutivos y gerencias técnicas, con el objetivo de asegurar la continuidad en la implementación y administración del sistema VUCEA.

Se aprueban modificaciones al marco regulatorio de la Ley N° 26.221 y al Decreto N° 304/2006, en el marco de la Ley N° 27.742 que declara sujeta a privatización a la sociedad Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA).

Se insta a las autoridades de contralor societario, de entidades civiles y de los registros públicos provinciales a establecer los mecanismos necesarios para que los Consorcios de Propiedad Horizontal puedan inscribirse voluntariamente en un libro especial en su jurisdicción, con el fin de obtener la rúbrica de los libros obligatorios y voluntarios exigidos por el Código Civil y Comercial de la Nación.

Se insta a las autoridades de contralor societario, de entidades civiles y de los registros públicos provinciales a dictar normas que permitan a las iglesias, confesiones, comunidades y entidades religiosas, inscriptas en el Registro Nacional de Cultos, acceder a la individualización y rúbrica de libros contables exigidos por el Código Civil y Comercial de la Nación, aun cuando no estén constituidas como asociaciones civiles o fundaciones.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala V, revocó una resolución de la Dirección General Impositiva (DGI) que había impugnado la declaración jurada del contribuyente por operaciones de compra y venta de títulos públicos en pesos y dólares durante 2008. El Tribunal Fiscal había confirmado la determinación de un ajuste impositivo, intereses y una multa millonaria, al entender que las diferencias de cotización constituían renta gravada. La Cámara consideró que el art. 20, inc. w) de la Ley de Impuesto a las Ganancias prevé una exención objetiva para este tipo de resultados, sin imponer requisitos adicionales como plazos mínimos de tenencia. Rechazó el uso del principio de "realidad económica" para limitar una exención clara y textual.

Se establece que toda prescripción de medicamentos, dispositivos, estudios complementarios, prácticas y procedimientos deberá emitirse exclusivamente en formato electrónico o digital a través de plataformas registradas en el Registro Nacional de Plataformas Digitales de Salud (ReNaPDiS).

Se establece en $1.420 el valor de la suma fija prevista en el artículo 5° del Decreto 590/97, aplicable a partir del devengado de julio de 2025 para ambos regímenes: el Régimen General de Unidades Productivas y el Régimen Especial de Casas Particulares. La actualización se determina en función de la variación del índice RIPTE, conforme a lo dispuesto por las Resoluciones 467/21 y 649/22 del entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y las Resoluciones SRT 47/21, 51/24 y su modificatoria 75/24. El nuevo valor se abonará desde agosto de 2025.

Se aprueba el Modelo de Convenio de Préstamo BIRF 9823-AR, por un monto de hasta 230 millones de dólares estadounidenses, destinado al “Financiamiento Adicional para el Proyecto Fomentar Mejores Empleos con Programas Integrados de Formación y Empleo”, suscripto entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

Se establece que la anotación de boletos de compraventa, cesiones u otros derechos relativos a futuras unidades funcionales y complementarias requiere, como condición previa, la inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble de la escritura pública de afectación del inmueble, manifestando el compromiso de su posterior sometimiento a propiedad horizontal u otro régimen de subdivisión del suelo.

Se dispone el traspaso del Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social (REDLES) desde la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia hacia la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ambas dependientes del Ministerio de Capital Humano, con fecha límite para su efectivización el 31 de julio de 2025, prorrogable por acto administrativo.

Se establece un nuevo marco normativo para la identificación electrónica de bovinos, bubalinos y cérvidos, que será obligatoria a partir del 1 de enero de 2026, y se regula su implementación voluntaria para ovinos, caprinos, camélidos, porcinos y équidos. La norma detalla los dispositivos oficiales de identificación individual, sus características técnicas, especificaciones de color, dimensiones, codificación y normas de calidad según estándares internacionales ICAR.

Valores de aportes personales de los trabajadores autónomos que rigen a partir del 15 de julio de 2025 según las categorías mínimas de revista. Los nuevos valores son de aplicación para el período devengado julio/2025 y períodos anteriores que se encuentren adeudados.

Parámetros e importes a abonar mensualmente a partir del 1° de agosto de 2025. Las nuevas escalas que rigen a partir del 1 de agosto de 2025 resultan de la actualización semestral de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre el mes de junio 2025 y diciembre 2024. Para cada recategorización deberán considerarse los nuevos valores de los parámetros de ingresos brutos y alquileres devengados que surjan de la actualización que se efectúe en el mes de enero o julio inmediato siguiente a la finalización del semestre calendario respectivo, según corresponda.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación aprueba un nuevo reglamento para la administración de bienes secuestrados y objetos decomisados en causas penales, reemplazando la acordada 2/2018.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación eleva el importe del depósito exigido por el artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para la viabilidad del recurso de queja, fijándolo en $1.400.000. La medida regirá para los recursos presentados a partir del día 1° de agosto de 2025.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación actualiza el monto establecido en el artículo 242 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, elevándolo a $3.200.000 para determinar la inapelabilidad de sentencias y resoluciones en procesos donde el monto cuestionado sea inferior a dicha suma. La medida se aplicará a las demandas y reconvenciones iniciadas a partir del día 1° de agosto de 2025.

Se establece el listado de mercaderías que podrán ser comercializadas bajo el régimen simplificado de importación de pequeños envíos originarios del Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego, creado por el Decreto 334/25, para uso y consumo particular de personas humanas radicadas en el territorio continental.

La Secretaría de Energía delega en la Subsecretaría de Energía Eléctrica la administración de funciones vinculadas al Régimen de Fomento de Energías Renovables y al Régimen de Generación Distribuida, con el fin de optimizar la gestión de proyectos y beneficios fiscales. La medida abarca la emisión de Certificados de Inclusión en el Programa RenovAr, la inscripción en el Registro Nacional de Proyectos de Energía Renovable (RENPER), la aprobación de modificaciones contractuales, cambios de tecnología, relocalización de proyectos y aplicación de sanciones, así como la reglamentación necesaria para la implementación de incentivos promocionales.

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) extiende por 120 días adicionales la suspensión de la ejecutoriedad de la Resolución 581/2020, cuya aplicación había sido previamente suspendida por la Resolución 218/2025. La medida había dejado sin efecto la Resolución N.º 1510/1994 que prohibía que cooperativas de trabajo se dedicaran a actividades vinculadas a agencias de colocación, limpieza, seguridad, distribución de correspondencia y servicios eventuales.