Se considera el pago en término de las obligaciones tributarias vencidas en octubre, noviembre y diciembre de 2024 y enero de 2025 si se abonan hasta el 28 de febrero de 2025, con los intereses correspondientes.

Se eleva el umbral de ingresos brutos operativos para la designación como agente de percepción y retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, pasando de $60.000.000.- a $1.200.000.000.-

Se establece que la obligación legal de los empleadores de llevar un libro especial, registrado y rubricado conforme al artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo se considerará cumplida con la inscripción del trabajador en los sistemas registrales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en línea con lo dispuesto por el artículo 1° del Anexo II del Decreto 847/2024, reglamentario de la Ley 27.742. En consecuencia, se deja sin efecto la obligatoriedad de la Resolución 1162/14-SET en lo relativo a dicha exigencia formal dentro del ámbito de la Secretaría de Estado de Trabajo.

Se aprueba la versión 42.0 del programa aplicativo denominado “Régimen de regularización de deudas fiscales Dto. Nº 1243/3(ME)-2021”, a los fines de su utilización para el acogimiento al régimen establecido por el Decreto N° 1243/3 (ME)-2021, conforme lo  dispuesto por el artículo 8° de la RG (DGR) N° 59/21.-

Se prorroga hasta el día 28 de febrero de 2025 inclusive, la vigencia del Régimen de Regularización de Deudas Fiscales establecido por el Decreto N° 1243/3 (ME)-2021, efectuándose las adecuaciones normativas pertinentes, en razón del tiempo transcurrido desde la entrada en vigencia del mencionado decreto.

Se modifican las disposiciones sobre la validez de la constancia de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y los criterios para la aplicación del coeficiente en la determinación de obligaciones fiscales para agentes de percepción y retención.

Se fija en $100.000.-, desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2025 ambos inclusive, el monto mínimo de las deudas que revistan interés fiscal, a los fines que la Autoridad de Aplicación pueda disponer el descargo definitivo de las mismas.