Entre las principales novedades, la resolución incorpora definiciones específicas, obliga a informar la circulación de la documentación preliminar a través de TAD, fija un plazo máximo de 20 días hábiles para la vigencia de esa información y precisa las condiciones bajo las cuales podrán realizarse reuniones informativas antes de la autorización, notificación o publicación de la oferta.

La Comisión Nacional de Valores aprobó la Resolución General 1129/2026, mediante la cual modifica las Normas (N.T. 2013 y mod.) para introducir precisiones en el uso y difusión de prospectos preliminares, suplementos de prospecto y otros documentos de oferta utilizados antes del lanzamiento formal de una oferta pública.

El cambio impacta sobre las emisoras que realizan colocaciones sujetas a autorización previa de la CNV y también sobre aquellas que operan bajo regímenes de autorización automática, emisiones dentro de programas globales o bajo el régimen de emisor frecuente, donde no siempre existe una autorización previa del organismo. En ese marco, la CNV busca ordenar cómo puede circular la información preliminar y bajo qué condiciones puede llegar al mercado antes de la etapa definitiva.

Uno de los ejes centrales de la resolución es la incorporación de nuevas definiciones dentro de las Normas. Desde ahora, se reconoce expresamente qué debe entenderse por “Documento de Oferta Preliminar” y “Documento de Oferta Definitivo”, con un criterio amplio que abarca cualquier material impreso o digital utilizado para difundir información sobre una oferta pública, independientemente de la denominación que reciba.

La resolución también sustituye los artículos 8 a 10 de la Sección II del Capítulo IX del Título II, donde se regula la difusión de información previa a la autorización de oferta pública. Allí se establece que las emisoras podrán distribuir documentación preliminar antes de que la CNV autorice la oferta o, según el caso, antes de la notificación, publicación en la Autopista de la Información Financiera (AIF) o inicio del proceso de colocación. Para ello deberán incluir una leyenda obligatoria, en tinta roja y destacada, que aclare que el documento tiene carácter exclusivamente informativo, que la información puede modificarse y que no constituye una oferta de venta ni una invitación de compra.

Además, la emisora deberá comunicar a la CNV, a través de la plataforma TAD, que realizó esa distribución, acompañando copia de los documentos difundidos. La oportunidad de esa comunicación dependerá del régimen aplicable. En algunas emisiones deberá hacerse al iniciar el trámite de autorización; en otras, en forma previa o simultánea a la notificación inicial; y en los casos de programas globales o emisores frecuentes, podrá concretarse dentro del plazo previsto para presentar la documentación, aun cuando sea posterior a la colocación.

Otro punto relevante es que la CNV aclara que esos documentos preliminares no serán objeto de revisión, autorización ni aprobación por parte del organismo. No obstante, mantiene intactas sus facultades de supervisión y control, y precisa que la responsabilidad por la información difundida recaerá en los órganos de administración y fiscalización de la emisora, así como en los auditores respecto de los informes sobre estados contables que se acompañen.

La reforma también apunta a reforzar la consistencia informativa. La información del documento preliminar deberá ser coherente con la del documento definitivo, y cualquier modificación sustancial deberá identificarse expresamente. A su vez, una vez cumplida la autorización, notificación o publicación correspondiente, el documento preliminar deberá ser reemplazado por el definitivo, ya sin la leyenda de advertencia y con destaque de las modificaciones relevantes introducidas, cuando corresponda.

En materia de plazos, la CNV introduce una pauta concreta: la información contenida en los documentos preliminares no podrá tener una antigüedad superior a 20 días hábiles desde su emisión o última actualización respecto de la fecha de inicio de la colocación o de la publicación del documento definitivo, lo que ocurra primero. Si ese plazo vence sin que se haya publicado la versión definitiva, la emisora deberá informar al organismo si la colocación no se realizará o si fue prorrogada, y presentar la documentación correspondiente.

Para los regímenes de autorización automática o los supuestos en los que no se requiere autorización previa de la CNV, la norma exige adecuar las leyendas y dejar expresa constancia del régimen bajo el cual se efectúa la oferta, incluyendo la normativa aplicable y, cuando corresponda, el tipo de inversores destinatarios. El objetivo es que el inversor pueda identificar con claridad que se trata de una oferta encuadrada en un régimen especial y comprender sus características regulatorias.

La resolución también delimita con mayor precisión las reuniones informativas previas a la oferta. Esas reuniones podrán realizarse en forma presencial o virtual, en el país o en el exterior, pero deberán contar con invitaciones personalizadas, incluir advertencias sobre la falta de autorización o la necesidad de notificación o publicación, y desarrollarse en entornos con control de acceso. La información brindada deberá ser consistente con la contenida en el documento preliminar y no podrá utilizarse como vía de colocación anticipada.

En esa línea, la CNV admite la recepción de indicaciones de interés durante el período previo, aunque aclara que no tendrán carácter vinculante. También exige que, si se difundió información general al público sobre la base del documento preliminar, el prospecto definitivo sea luego difundido en condiciones equivalentes, tanto en la AIF como en los sistemas de información de los mercados donde negocien los valores.

Con esta modificación, el organismo procura mejorar la claridad operativa del régimen de oferta pública y reforzar la trazabilidad de la información que circula en instancias preliminares, sin alterar los principios centrales de protección al inversor ni la lógica de los regímenes automáticos ya vigentes. La resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.