Luego de una reunión entre funcionarios nacionales y contadores, el Ministerio de Economía confirmó que impulsará modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal. Los cambios apuntan a reforzar la seguridad jurídica del régimen y despejar dudas sobre los requisitos de adhesión al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno enviará al Congreso una nueva versión del proyecto de Inocencia Fiscal, incorporando modificaciones surgidas a partir de las observaciones realizadas por contadores especialistas en materia tributaria durante reuniones mantenidas con funcionarios nacionales.

La decisión representa un reconocimiento oficial de que diversos aspectos de la Ley 27.799 y de la reglamentación del Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias generan incertidumbre entre potenciales adherentes, especialmente en lo referido a los requisitos de acceso y permanencia dentro del esquema.

Durante su exposición en el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), Caputo sostuvo que el nuevo texto busca otorgar un impulso adicional a la iniciativa y favorecer la incorporación al circuito formal de los denominados “dólares del colchón”, con el objetivo de canalizar esos fondos hacia inversiones productivas.

Los cambios que analiza el Gobierno

Aunque el texto definitivo todavía no fue enviado al Congreso, de las reuniones mantenidas entre funcionarios y especialistas tributarios surgieron varios cambios que el Gobierno estaría dispuesto a incorporar para ampliar el alcance del régimen y otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes.

Uno de los principales ajustes sería la eliminación o flexibilización de los topes de ingresos y patrimonio exigidos para adherir al Régimen Simplificado de Ganancias. Actualmente, la Ley 27.799 establece límites que dejan afuera a numerosos contribuyentes que podrían estar interesados en ingresar fondos no declarados al sistema formal. La intención oficial sería restringir la exclusión únicamente a los grandes contribuyentes bajo fiscalización específica.

Otro punto central es la redefinición de la “discrepancia significativa”, concepto que actualmente puede provocar la pérdida de los beneficios del régimen. Entre las alternativas analizadas figura la fijación de un umbral monetario objetivo para evitar que diferencias menores, errores materiales o cuestiones interpretativas deriven en la exclusión automática del contribuyente.

También se estudia permitir la rectificación voluntaria de declaraciones juradas antes de una determinación de oficio por parte de ARCA. De esta manera, el contribuyente podría corregir inconsistencias detectadas y regularizar su situación sin perder automáticamente la protección otorgada por el régimen.

Las modificaciones buscarían además aclarar el tratamiento de diversas situaciones que generan incertidumbre en la aplicación práctica de la norma. Entre ellas se encuentran los bienes exteriorizados en el blanqueo de capitales de la Ley 27.743, las herencias, los dividendos presuntos, las rentas presuntas de primera categoría, las diferencias de cambio y otras operaciones financieras que podrían impactar en el cálculo de los ingresos computables para acceder al régimen.

Asimismo, se pretende precisar cómo operará la presunción de exactitud respecto de los períodos fiscales no prescriptos, cuál será el efecto de las inspecciones o fiscalizaciones ya iniciadas y de qué manera se evaluarán los ajustes técnicos vinculados con amortizaciones, inventarios o ajuste por inflación impositivo. Estos aspectos son considerados claves por los profesionales debido a que determinan el verdadero alcance de la protección fiscal prometida por el programa.

Finalmente, otra de las cuestiones que podría recibir modificaciones es la exigencia de utilización del sistema financiero formal para el ingreso y utilización de fondos, especialmente en relación con los denominados “dólares del colchón”, uno de los principales objetivos perseguidos por la iniciativa oficial.  

Lo que viene…

Asimismo, la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) elevó una serie de consultas técnicas vinculadas con la declaración jurada simplificada correspondiente al período fiscal 2025, incluyendo el alcance de las rentas exentas, el tratamiento del impuesto cedular, la situación de monotributistas inscriptos en Ganancias y el efecto de las fiscalizaciones en curso sobre los beneficios previstos por el régimen.

Mientras se esperan precisiones oficiales, comienza a instalarse otro debate: el de los plazos. Diversos especialistas advierten que el proceso legislativo, sumado a la posterior reglamentación de los cambios, podría extenderse más allá de los vencimientos actualmente previstos para la adhesión y presentación de las declaraciones juradas.

En ese contexto, varios referentes del sector profesional consideran que será difícil que la nueva ley se encuentre plenamente operativa antes del 27 de julio de 2026, fecha actualmente prevista para los vencimientos del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales de personas humanas. Por ese motivo, ya comenzaron a surgir pedidos para establecer una nueva prórroga que permita a los contribuyentes evaluar las modificaciones antes de tomar decisiones definitivas sobre su adhesión al régimen.

La discusión legislativa que se abrirá en las próximas semanas será determinante para definir el alcance final de la denominada Inocencia Fiscal. El desafío del Gobierno será lograr que el nuevo esquema genere suficiente previsibilidad jurídica para incentivar el ingreso de fondos al sistema formal sin afectar las facultades de fiscalización del organismo recaudador.