El presente comentario analiza las modificaciones introducidas por la Ley 27.799 al régimen de multas automáticas previsto en el artículo 38 de la Ley 11.683, con especial énfasis en la incorporación de mecanismos de aviso previo, la segmentación de plazos para la intimación administrativa y los beneficios de reducción de sanciones por cumplimiento espontáneo. Se examina el nuevo equilibrio entre automaticidad sancionatoria y garantías procedimentales, así como su impacto práctico en la gestión tributaria y en la prevención de contingencias fiscales.

La Ley N.° 27.799 introduce un cambio relevante en el paradigma de fiscalización tributaria al incorporar el denominado principio de “inocencia fiscal”, basado en la presunción de buena fe del contribuyente y en la segmentación del universo fiscal según niveles de riesgo. En tal contexto, se crea el régimen de declaración jurada simplificada del impuesto a las ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas, se establece el denominado “tapón fiscal” para períodos anteriores, se modifican los plazos de prescripción en la Ley 11.683, se actualizan los montos de sanciones por infracciones formales y materiales y se introducen ajustes en el régimen penal tributario. La reforma procura orientar la fiscalización hacia conductas de mayor riesgo fiscal, al tiempo que simplifica el cumplimiento para contribuyentes considerados cumplidores.

Se desarrolla un análisis técnico-práctico de la Ley 27.799, destacando que la reforma implica un cambio de paradigma en el régimen penal tributario y en el procedimiento fiscal argentino. La autora explica que la norma actualiza significativamente los umbrales de punibilidad para adecuarlos al contexto inflacionario, introduce un mecanismo de actualización automática por UVA, redefine las causales de dispensa y extinción de la acción penal mediante el pago, incorpora supuestos reglados de no denuncia ante diferencias interpretativas o rectificaciones espontáneas, establece un régimen de prescripción abreviada para contribuyentes cumplidores condicionado a la inexistencia de “discrepancia significativa” y crea un Régimen de Declaración Jurada Simplificada con efectos liberatorios. En este marco, el trabajo sostiene que la ley busca racionalizar el poder punitivo del Estado, fortalecer la seguridad jurídica y concentrar la persecución penal en conductas dolosas de significativa entidad económica.

La Ley 27.799, conjuntamente con el Decreto 93/2026, la RG ARCA 5820/2026 y las Instrucciones Generales ARCA 2/2026 y 3/2026, consolida un modelo de control tributario sustentado en automatización, segmentación de contribuyentes y explotación intensiva de datos financieros. La reforma impacta operativamente en los estudios contables al redefinir la dinámica de aplicación de multas formales, introducir la prescripción abreviada condicionada y habilitar un régimen opcional de declaración jurada simplificada en el Impuesto a las Ganancias, configurando un escenario que exige gestión preventiva del riesgo fiscal y monitoreo permanente de consistencia sistémica.

Te contamos cómo queda el régimen de multas por falta de presentación tras la reforma introducida por la Ley 27.799 y su reglamentación. Se analiza el momento de configuración de la infracción, el plazo segmentado previo a la intimación y el alcance de la reducción del 50% por pago voluntario.

Te contamos cómo opera, según nuestro criterio interpretativo de la IG 2/2026 de ARCA, el nuevo régimen segmentado de multas por falta de presentación: se analiza el plazo previo a la intimación, el momento en que la multa se torna exigible y cuándo corresponde la reducción del 50% por pago voluntario dentro de los quince días.

La Instrucción General (ARCA) 2/2026 reglamenta el procedimiento para la aplicación segmentada y gradual de la multa del artículo 38 de la Ley 11.683, conforme su actualización por la Ley 27.799, introduciendo un esquema de advertencia previa y plazos de espera diferenciados según el perfil de riesgo fiscal del contribuyente. La modificación no altera la configuración legal de la infracción ni el régimen de reducción por pago voluntario y, asimismo, no extiende su alcance al resto de las sanciones previstas en la ley procedimental, las cuales conservan su régimen sustantivo y operativo propio.

Se fijan las pautas procedimentales para la aplicación de la multa prevista en el artículo 38 de la Ley 11.683 por la falta de presentación en término de declaraciones juradas determinativas.

Se actualizan de manera sustancial los montos mínimos que determinan la configuración de los delitos tributarios y previsionales, elevando los umbrales económicos aplicables a la evasión, la apropiación indebida de tributos y los ilícitos vinculados a la seguridad social.

El proyecto de Principio de Inocencia Fiscal impulsado por el Poder Ejecutivo busca actualizar y modernizar el sistema penal tributario, adecuar los montos y plazos de la Ley de Procedimiento Fiscal N° 11.683 y establecer un nuevo régimen simplificado para la determinación del Impuesto a las Ganancias aplicable a personas humanas. Entre sus principales objetivos, se destacan la adecuación de los umbrales penales a valores económicos actuales, la concentración de la persecución penal en casos de significativa evasión y la introducción de un nuevo paradigma de confianza fiscal basado en la presunción de inocencia.