La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) establece un nuevo marco de control sobre la consulta de información patrimonial y fiscal de personas con trascendencia pública. Mediante esta disposición, se definen los funcionarios alcanzados por la medida, abarcando desde autoridades nacionales, provinciales y municipales hasta directivos de empresas estatales y fuerzas de seguridad con determinados rangos.