La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia que había confirmado el cobro de la Tasa por Inspección, Seguridad e Higiene (TISH) a Western Union S.R.L. por parte del Municipio de Merlo. La empresa, dedicada al servicio de envío de dinero, desarrolla su actividad a través de convenios con otras firmas —Correo Argentino, Compañía Financiera Argentina y Credilogros— que ya tributan la tasa por sus propios locales en el municipio. El Máximo Tribunal concluyó que no se acreditó la existencia de un servicio municipal adicional de inspección que justificara un segundo pago, de modo que el intento de gravar también a Western Union implicaba una duplicación injustificada. La Corte se remitió a su precedente “Municipalidad de Concordia c/ Nación AFJP” (2009), reafirmando que la tasa solo procede cuando existe un servicio específico y diferenciado. En consecuencia, dejó sin efecto el fallo apelado y ordenó dictar una nueva sentencia conforme a esta doctrina.

La Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal hizo lugar al recurso de apelación de ROEMMERS S.A.I.C.F. y declaró la inconstitucionalidad de los topes vigentes aplicados por la AFIP para deducir gastos y créditos fiscales por automóviles afectados a la actividad gravada, utilizados por agentes de propaganda médica (APM). Si bien la empresa no se encuentra comprendida en la excepción del art. 88, inciso l, de la ley del Impuesto a las Ganancias, la Cámara consideró que la falta de actualización de los límites establecidos ($20.000 para amortizaciones y $7.200 anuales para gastos de mantenimiento) implicaba una violación del principio de razonabilidad y del deber legal de revisión periódica. Se dejó sin efecto la determinación de oficio, los intereses y las sanciones impuestas, con costas por su orden.