Los días en que el trabajador se encuentra de licencia por enfermedad inculpable se computan para el cálculo del sueldo anual complementario (SAC). Esto se debe a que, conforme al artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, durante la licencia el empleado mantiene su remuneración habitual, lo que equivale a tiempo efectivamente trabajado a los fines del cálculo del aguinaldo.

Cuando una persona física o jurídica se dedica profesionalmente a otorgar préstamos de dinero fuera del sistema financiero formal, los intereses cobrados constituyen una prestación alcanzada por el IVA a la alícuota general del 21%. La normativa solo reconoce tratamientos diferenciales para entidades reguladas por la Ley de Entidades Financieras o para operaciones expresamente exentas, como los créditos hipotecarios destinados a vivienda.

Quienes solo perciben ingresos por trabajo en relación de dependencia no están obligados a presentar declaración jurada anual del Impuesto a las Ganancias, siempre que las retenciones practicadas por el empleador cubran íntegramente el tributo. La obligación aparece únicamente si ARCA requiere expresamente la presentación, o si existen otros ingresos alcanzados que no hubieran sido objeto de retención.

Al solicitar la baja como empleador en el Sistema Registral, queda inhabilitado el acceso al servicio “Simplificación Registral – Empleadores”, lo que impide generar los certificados del art. 80 de la Ley 20.744. Según la RG (AFIP) 2322/2007 y las consultas frecuentes publicadas por ARCA, una vez producida la baja definitiva, la única alternativa práctica para emitir los certificados pendientes es reingresar al servicio de simplificación registral y volver a cargar la fecha de inicio como empleador, sin dar de alta nuevamente el impuesto “301 – Reg. Seg. Social Empleador”, de modo de habilitar el sistema sin generar obligaciones adicionales.

La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios modifica el Digesto de Normas Técnico-Registrales para adecuar el procedimiento de visualización de la Cédula de Identificación Digital en la aplicación “Mi Argentina”. Al respecto, se establece que el titular registral, persona humana o jurídica, puede habilitar a terceros para visualizar la cédula de su automotor, lo que no altera su responsabilidad civil por daños salvo en los casos de contratos de leasing, donde la responsabilidad recae en el tomador conforme al artículo 1243 del Código Civil y Comercial.

El Ministerio de Economía autoriza la ampliación de la emisión de las Letras del Tesoro Nacional capitalizables en pesos con vencimiento el 16 de enero de 2026 (LECAP S16E6) y el 27 de febrero de 2026 (LECAP S27F6), hasta un máximo de $4,5 billones de valor nominal original cada una, a fin de instrumentar una operación de conversión con el Banco Central de la República Argentina.

La Comisión Nacional de Trabajo Agrario fija las remuneraciones mínimas para el personal de semilleros en todo el país, con vigencia escalonada a partir del 1° de julio, 1° de agosto y 1° de septiembre de 2025, hasta el 31 de agosto de 2026, manteniéndose vigentes hasta ser reemplazadas por nuevas disposiciones.

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo fija en $70.460,98 el importe correspondiente al Módulo Previsional (MOPRE), aplicando la equivalencia del 22% del Haber Mínimo Garantizado con vigencia desde septiembre 2025. Este valor se utiliza como referencia para la graduación de sanciones a empleadores autoasegurados, aseguradoras de riesgos del trabajo y compañías de seguros de retiro en caso de incumplimiento de obligaciones.

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo autoriza, con carácter transitorio y excepcional, a los médicos integrantes de la Comisión Médica Central a intervenir en el análisis y firma de dictámenes de expedientes en trámite ante las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, con el fin de agilizar la gestión y garantizar la capacidad operativa frente al aumento de presentaciones.

La Comisión Nacional de Valores actualiza el marco normativo aplicable a los fideicomisos financieros con el objetivo de agilizar procesos de autorización, inscripción y registración, reducir formalidades y eliminar exigencias consideradas obsoletas, sin comprometer la transparencia ni la protección del inversor.

Se modifica la Resolución General 2463 y su complementaria para precisar que los saldos acreedores registrados en el sistema “Cuentas Tributarias” correspondientes a períodos fiscales con vencimiento anterior al 1 de enero del quinto año previo solo podrán aplicarse si la Agencia de Recaudación y Control Aduanero los identifica preliminarmente como viables, en línea con el plazo de prescripción de cinco años previsto en la Ley 11.683. La resolución entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

Se sustituye el régimen de compensación de obligaciones fiscales previsto en la Resolución General 1658 y sus modificatorias, estableciendo un nuevo marco normativo que habilita a contribuyentes y responsables sustitutos a cancelar deudas determinadas y exigibles mediante la utilización de saldos a favor de libre disponibilidad, aun cuando correspondan a distintos impuestos.

La Ley de Impuesto a las Ganancias permite diferir la gravabilidad de la utilidad generada en la venta de bienes de uso cuando el producido se reinvierte, dentro del plazo de un año, en la adquisición de otro bien de uso de similares características. En el caso de una empresa que vende un campo y lo reemplaza por terrenos destinados al mismo fin, la operatoria puede encuadrar en el régimen de venta y reemplazo, siempre que ambos inmuebles estén afectados a la explotación y no a la comercialización, que el campo vendido haya sido bien de uso durante al menos dos años y que la opción se comunique a la AFIP/ARCA antes del vencimiento de la declaración jurada del período.

Los monotributistas pueden seguir facturando servicios al exterior mediante Factura E y cobrar en dólares, siempre que no superen el tope de USD 36.000 anuales establecido por la normativa cambiaria vigente (Com. BCRA “A” 8153/2024). Dentro de ese límite, los fondos pueden acreditarse en cuentas locales sin obligación de liquidarlos a pesos, con plazo de ingreso de hasta 20 días hábiles desde el cobro. 

El régimen de autoimpresores, regulado por la RG (AFIP) 100/1998 y sus modificatorias —en particular la RG 3665/2014—, exige determinados parámetros de facturación y cantidad de comprobantes emitidos para la inscripción. Sin embargo, la normativa contempla la posibilidad de solicitar la inscripción por excepción cuando esos parámetros no se alcanzan. En tal caso, el contribuyente debe gestionar el trámite a través del servicio “Regímenes de Facturación y Registración” con clave fiscal, detallando actividad, montos de operaciones y cantidad de comprobantes emitidos en los últimos doce períodos.

Se puede tramitar la cancelación retroactiva mediante el servicio “Presentaciones Digitales” con clave fiscal, seleccionando el motivo “Baja retroactiva de impuestos y/o regímenes”. Debe adjuntar la constancia de baja de matrícula profesional y, de corresponder, la baja en el registro de empleadores, manifestando expresamente que no hubo actividad ni facturación posterior al cese.

El trámite de “voluntad de permanencia en obra social” aplica únicamente a quienes contrataron un plan de medicina prepaga y desean mantener su cobertura en la obra social de origen, evitando la derivación automática de aportes a la prepaga según lo dispuesto por la Resolución 1/2025 y la Resolución 1608/2025. Quienes no poseen prepaga no deben realizar gestión alguna, ya que sus aportes continúan en la obra social declarada, aunque en la práctica no se haya concretado el alta.

Se dispone la unificación y actualización normativa en materia de contrataciones a distancia y comercio electrónico, estableciendo la obligatoriedad de incorporar en sitios web y canales digitales un “Botón de Arrepentimiento” y un “Botón de Baja de Servicios”, de acceso visible y directo, mediante los cuales los consumidores puedan ejercer la revocación de la aceptación de un producto o la rescisión de un servicio sin registración previa ni trámites adicionales.

La Comisión Nacional de Valores introduce ajustes en los regímenes de Autorización Automática de Oferta Pública de Acciones por bajo y mediano impacto para simplificar emisiones y facilitar el acceso al financiamiento, manteniendo los estándares de transparencia.

Se derogan las Resoluciones Generales 3.285 y 3.364 de la entonces AFIP, que establecían un régimen de información sobre operaciones económicas, incluso gratuitas, entre residentes en el país y representantes de sujetos o entes del exterior. La abrogación mantiene la validez de las obligaciones por hechos ocurridos durante la vigencia de las normas derogadas y rige a partir del 1 de septiembre de 2025.

Se abrogan la Resolución 8/2016 y sus modificatorias, que habían creado el esquema tarifario referencial para el transporte automotor de cargas de cereales, oleaginosas, afines y derivados, así como la Resolución Conjunta 1/2023 que estableció una mesa de trabajo para la determinación de precios de referencia.

Se declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en la provincia de San Juan desde el 1° de abril de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026 para las explotaciones frutihortícolas afectadas por granizo y/o Peronóspora en los departamentos de Angaco, 9 de Julio, Caucete, Chimbas, Sarmiento, Santa Lucía, Pocito, Rivadavia, Rawson, San Martín, Zonda, Iglesia, 25 de Mayo, Albardón, Ullum y Jáchal.

Se declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario desde el 1° de marzo hasta el 31 de agosto de 2025 para explotaciones rurales afectadas por inundaciones en circunscripciones de los partidos de Puán, Tornquist, Nueve de Julio, Carlos Casares, General Lamadrid, Coronel Suárez, Guaminí, Bolívar, Tapalqué, Veinticinco de Mayo, Saladillo y Roque Pérez de la provincia de Buenos Aires.

Se establece que todas las notificaciones que el INAES practique a cooperativas y mutuales en el marco de sus procesos y procedimientos administrativos se realizarán mediante la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), utilizando el domicilio electrónico constituido por cada entidad en dicha plataforma.

Se deroga el régimen jurídico aprobado por el Decreto 1025/2000 y su modificatorio, que regulaba la venta y distribución de diarios, revistas y afines en la vía pública y lugares públicos de circulación, por considerarlo obsoleto y restrictivo de la libre competencia. En consecuencia, se disuelve el Registro Nacional de Vendedores y Distribuidores de Diarios y Revistas.

El Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal establece el procedimiento para la registración de hipotecas divisibles sobre inmuebles afectados a proyectos inmobiliarios en el marco del DNU 1017/2024 y su reglamentación.

La Superintendencia de Seguros de la Nación modifica el Reglamento General de la Actividad Aseguradora para redefinir la categoría de grandes riesgos, estableciendo que serán aquellos con sumas aseguradas superiores a 3,5 millones de Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), siempre que no correspondan a planes sujetos a las modalidades de autorización previstas en otros puntos del reglamento y que no incluyan seguros de personas.

La Comisión Nacional de Valores establece un procedimiento de autorización automática para la constitución de Fondos Comunes de Inversión Abiertos cuando su denominación, objetivos y política de inversión, o régimen especial, sean idénticos a otros ya aprobados por el organismo y constituidos por la misma sociedad gerente.

Se restituye la plena vigencia de todas las normas derogadas, sustituidas o modificadas por los Decretos 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25, así como por los decretos posteriores dictados en consecuencia (531/25, 571/25, 583/25, 584/25 y 585/25), que habían dispuesto la fusión, disolución o transformación de diversos organismos de la Administración Pública Nacional.

Se dispone la restitución inmediata de todas las normas derogadas, sustituidas o modificadas por el DNU 340/2025, a fin de evitar un vacío regulatorio en la Marina Mercante Nacional luego del rechazo parlamentario del citado decreto y de otorgar certeza jurídica al sector.