Se dispone la actualización del régimen del “Defensor del Cliente”, creado por la Resolución 394/2018, con el fin de ampliar su alcance y facilitar la resolución ágil y preventiva de conflictos de consumo. La nueva normativa permite que el Defensor sea unipersonal o colegiado, interno o externo al proveedor, con homologación de la Autoridad de Aplicación.

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial dispuso la creación de la Ventanilla Federal Única de Reclamos de Defensa del Consumidor en el ámbito de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo, como único medio formal para la recepción de reclamos en todo el país.

La Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda dispusieron la emisión de la “Letra del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimiento 28 de noviembre de 2025” (VNO hasta $5 billones), en el marco del artículo 38 de la ley 27.701 de Presupuesto 2023 —vigente para 2025 conforme decreto 1131/2024— y sus normas complementarias.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero dispuso la modificación de la Resolución General 4.310 para extender de 33 a 45 días corridos el plazo adicional otorgado a los sujetos del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) para subsanar incumplimientos de tipo formal detectados a través del mecanismo de inducción.

El Ministerio de Economía deja sin efecto múltiples programas, subprogramas y planes vinculados a vivienda y hábitat —incluidos Argentina Construye, Casa Propia, Reconstruir, Habitar Comunidad, Habitar Inclusión y el Plan Argentina Hace— por no ajustarse a criterios de eficiencia en la gestión pública.

El Ministerio de Economía dispone el inicio del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), en cumplimiento del Decreto 494/2025. La medida instruye a la Unidad Ejecutora Especial “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” a contratar a un banco del sector público nacional para realizar la tasación del paquete accionario y a coordinar la venta de al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico a través de licitación pública nacional e internacional, dentro de un plazo de ocho meses.

El Poder Ejecutivo Nacional prorroga hasta el 31 de diciembre de 2025 el plazo previsto en el Decreto 747/2024 para que las jurisdicciones y entidades del sector público nacional rescindan los contratos celebrados en virtud de normas que obligaban a contratar exclusivamente con empresas estatales como YPF, Aerolíneas Argentinas, Nación Seguros y el Banco Nación.

El Poder Ejecutivo Nacional autoriza la transferencia de las acciones de las sociedades Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila —creadas para la reversión de los complejos hidroeléctricos— desde ENARSA hacia la Secretaría de Energía, y dispone su posterior venta mediante un concurso público nacional e internacional sin base, en el marco de la Ley 23.696 y de la Ley 27.742.

La RG (ARCA) 5705/2025 dispuso que el sistema “IVA Simple” será obligatorio desde las declaraciones juradas correspondientes a noviembre de 2025, aunque puede utilizarse en forma opcional desde junio. Sin embargo, incluso en esta etapa de adhesión anticipada, el sistema exige la registración de comprobantes con apertura de conceptos en el Portal IVA. Esto significa que el contribuyente debe discriminar crédito y débito fiscal según actividad, tipo de operación, tipo de sujeto y alícuota, algo que antes se informaba solo en la DJ de IVA.

Según el artículo 40 de la Ley 24.977, quienes adhieren al monotributo deben ingresar el componente previsional, salvo que se encuentren en alguno de los supuestos de excepción (trabajador en relación de dependencia con aportes, menores de 18 años, beneficiarios de regularización Ley 24.476 o afiliados obligatorios a caja profesional provincial). En el caso de un administrador de SAS que cobra honorarios sin generar aportes previsionales ni de obra social, no se configura ninguna de estas excepciones.

Una farmacia responsable inscripta se encuentra obligada a practicar retenciones conforme a la RG (AFIP) 830. El pago de alquiler a una persona jurídica encuadra en el régimen del Anexo II, apartado 3 (código 30), correspondiente a locaciones de inmuebles urbanos. El locador, al ser persona jurídica, está incluido como sujeto pasible de retención (Anexo V).

Cuando una sociedad cierra balance fuera de término y ya tiene prevista la baja de impuestos y el cese de actividades en los meses siguientes, correspondería incluir una nota a los estados contables informando esta circunstancia. Según la RT 17 (sección 4.9) y la NIC 10, se trata de un hecho posterior relevante que no requiere ajuste porque no confirma una situación existente al cierre, pero sí debe revelarse para garantizar la transparencia.

Se reglamenta el funcionamiento actualizado del Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo (SNAC), con eje en la implementación prioritaria del arbitraje electrónico, el fortalecimiento de los derechos de los consumidores vulnerables y la incorporación de nuevas tecnologías, incluyendo inteligencia artificial, para la gestión eficiente de controversias en relaciones de consumo.

La Comisión Arbitral del Convenio Multilateral ratifica la Disposición de Presidencia N° 9/2025, que extendió hasta el 4 de julio de 2025 el plazo para la presentación de la declaración jurada anual CM05 correspondiente al período fiscal 2024.

El Ministerio de Justicia establece la creación del Registro de Sociedades de Gestión Colectiva de Derechos de Autor y Conexos en el ámbito de la Dirección Nacional del Derecho de Autor (DNDA). A partir de esta norma, las asociaciones civiles que pretendan gestionar colectivamente derechos de autor y conexos deberán obtener autorización previa de la DNDA mediante la Plataforma TAD, cumpliendo con los requisitos fijados en el Anexo I. Las entidades ya reconocidas serán incorporadas de oficio al registro.

La Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal revocó la sentencia de primera instancia y dejó sin efecto la resolución de la AFIP que había excluido de pleno derecho del Régimen Simplificado (Monotributo) a un contribuyente por haber superado el límite de ingresos anuales de la categoría H. La exclusión se basó en la facturación registrada entre julio de 2017 y junio de 2018. Sin embargo, el Tribunal consideró que uno de los comprobantes computados correspondía a una prestación de servicios devengada en un período anterior al auditado, lo que dejaba al contribuyente dentro del límite permitido. La Cámara resaltó que el criterio aplicable para medir los ingresos es el del devengado y que en el caso existía prueba suficiente para demostrar que al menos una de las facturas cuestionadas no debía ser computada en el período fiscalizado.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que había declarado la inconstitucionalidad de los artículos 103, 104 y 106 de la Ley 27.430 respecto de Tabacalera Sarandí S.A. La Cámara consideró que el impuesto mínimo a los cigarrillos, al recaer desproporcionadamente sobre productos baratos y ultrabaratos, vulneraba el principio de igualdad y el derecho a ejercer industria lícita. Sin embargo, la Corte rechazó la acción al concluir que la empresa no logró probar de forma suficiente el daño invocado ni la relación directa entre la aplicación del tributo y la supuesta inviabilidad de su actividad comercial. El Tribunal sostuvo que los fines extrafiscales perseguidos por el legislador, como la protección de la salud pública y la reducción del tabaquismo, son constitucionalmente válidos, y que la carga de demostrar la irrazonabilidad o arbitrariedad de la norma pesa sobre quien la impugna. Por insuficiencia probatoria, el planteo fue desestimado y se impusieron las costas a la parte vencida.

La Subsecretaría de Seguridad Social aprueba el índice combinado previsto en la Ley 26.417 (texto según Ley 27.609) para la actualización trimestral de las remuneraciones mensuales utilizadas en el cálculo de haberes previsionales, aplicable a trabajadores en relación de dependencia que cesen desde el 31 de agosto de 2025 o soliciten el beneficio desde el 1 de septiembre de 2025.

La Subsecretaría de Seguridad Social aprueba nuevas tarifas sustitutivas del Convenio de Corresponsabilidad Gremial celebrado entre la USIMRA y las entidades representativas de la producción foresto industrial de la Provincia del Chaco, homologado por Resolución 42/2015. La actualización considera las modificaciones salariales recientes y el régimen de contribuciones patronales vigente conforme a la Ley 27.541 y el Decreto 128/2019, manteniendo la detracción sin actualización.

Se dispone la emisión de cuatro Letras del Tesoro en pesos para cubrir la demanda de la licitación del 13 de agosto de 2025: a tasa TAMAR con vencimiento 10 de noviembre de 2025, capitalizable con vencimiento 16 de enero de 2026, a tasa TAMAR con vencimiento 16 de enero de 2026 y a tasa TAMAR con vencimiento 13 de febrero de 2026, todas con colocación a la par, amortización íntegra al vencimiento y condiciones de capitalización mensual según la tasa aplicable determinada en licitación o por el promedio TAMAR más un margen.

La Comisión Nacional de Valores modifica la reglamentación de operaciones a plazo tipo pase para permitir su realización no solo sobre valores negociables de renta fija y variable, sino también sobre cheques de pago diferido, letras de cambio, pagarés, certificados de depósito y warrants, plazos fijos, facturas de crédito electrónicas MiPyMEs y otros valores negociables susceptibles de negociación en mercados autorizados conforme la Ley 26.831.

Se homologa, conforme a la Resolución General 3.561 y sus modificatorias, el equipo “Controlador Fiscal” de nueva tecnología marca Kretz, modelo NUM 100TEA, versión 01.02, tipo caja registradora, provisto por Kretz SA, que incorpora los campos requeridos por la RG 5.614 para discriminar en los comprobantes el IVA y demás impuestos nacionales indirectos según el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743).

Se actualizan las Resoluciones Generales 1.415 y 3.571 para adecuar la facturación e información de las distribuidoras de energía eléctrica que reciben excedentes de energía renovable inyectados por usuarios-generadores en el marco de la Ley 27.424.

Se modifica la Resolución General N° 1.921 para eliminar el cruce informático previo con el Manifiesto de Exportación (MANE) en la vía aérea y suprimir las autoliquidaciones de derechos de exportación aplicables a envíos en consignación y exportaciones de cuero, en línea con la eliminación de estos derechos dispuesta por la Resolución 727/2025 del Ministerio de Economía.

Se establece la obligatoriedad para los Agentes de Transporte Aduanero desconsolidadores de presentar, en formato digital y mediante los aplicativos web “Gestión de Manifiesto Acuático” y “Ratificación de Autoría de Manifiesto Acuático”, el manifiesto desconsolidado de importación para la vía acuática (formulario OM 744/2) ante el servicio aduanero.

Se crea la Oficina de Bienes Recuperados como organismo desconcentrado del Ministerio de Justicia, designada como autoridad de aplicación del régimen aprobado por el Decreto 575/25 para la conservación, administración y disposición de bienes provenientes de actividades ilícitas cautelados y recuperados en procesos penales de competencia nacional y federal, así como en los de extinción de dominio.

Se modifica el apartado 2 de los “Lineamientos para la Publicidad y Cartelería” para establecer que las aseguradoras que comercialicen pólizas mediante medios electrónicos deberán exhibir, de forma visible en el inicio de su página web institucional y en sus aplicaciones móviles, la opción para solicitar la baja de la póliza, información sobre cómo requerir copias de la póliza u otra documentación contractual, y el procedimiento para denunciar un siniestro. Esta obligación rige para pólizas contratadas electrónicamente en las ramas Automotores, Motovehículos, Combinado Familiar e Integral, Robo y Riesgos Similares, Otros Riesgos de Daños Patrimoniales y Accidentes Personales.

La Secretaría de Industria y Comercio aprobó un reglamento técnico integral que establece los requisitos esenciales de seguridad y calidad aplicables a diversos productos de consumo comercializados en la Argentina, reemplazando y unificando normas anteriores.

El Poder Ejecutivo aprueba el Régimen de Conservación, Administración y Disposición de los Bienes Provenientes de Actividad Ilícita Cautelados y Recuperados en procesos penales de la justicia nacional y federal y en procedimientos de extinción de dominio. La norma centraliza en el Ministerio de Justicia la administración y custodia de estos bienes, reservando a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) su enajenación o concesión comercial.

En la finalización de un contrato de trabajo a plazo fijo por cumplimiento del término, no corresponde indemnización por antigüedad, pero sí deben abonarse los días trabajados del mes, la proporción del Sueldo Anual Complementario y las vacaciones no gozadas con su respectivo SAC, conforme a los artículos 93 a 95 de la Ley de Contrato de Trabajo.