La Procuración del Tesoro presentó un recurso de apelación contra la resolución del fuero laboral que había suspendido parcialmente la Ley 27.802. El planteo sostiene que la cautelar fue dictada sin fundamentos suficientes, con efectos expansivos indebidos y en violación de principios constitucionales.

El Gobierno nacional, a través de la Procuración del Tesoro, formalizó la apelación contra la medida cautelar dictada el 30 de marzo de 2026, que había dispuesto la suspensión de un conjunto significativo de artículos de la Ley 27.802 de reforma laboral.

El recurso fue presentado en la causa “CGT c/ Estado Nacional s/ acción declarativa”, donde el Ejecutivo sostiene que la decisión judicial le genera un “gravamen actual, concreto y de imposible reparación ulterior”, solicitando su revocación y elevación a instancias superiores.

Uno de los ejes centrales del planteo es la inconsistencia del propio fallo, ya que el juez interviniente, apenas días después, el 6 de abril de 2026, resolvió revocar parcialmente la cautelar respecto del artículo 55, restableciendo su vigencia.

Según el Estado, este cambio evidencia que la decisión original fue adoptada de manera “prematura y sin el análisis suficiente”, lo que pone en duda la validez del resto de las suspensiones dispuestas.

En ese marco, el recurso enfatiza que la cautelar afectó decenas de artículos de una ley sancionada por el Congreso, sin acreditar de manera concreta los perjuicios invocados, lo que —según el Gobierno— resulta incompatible con los estándares exigidos para este tipo de medidas.

Además, se cuestiona de forma directa la competencia del fuero laboral para intervenir en el caso. El Estado sostiene que, al tratarse de una demanda contra el Estado Nacional y de la impugnación de una ley, la causa debe tramitar ante el fuero contencioso administrativo federal, en línea con la jurisprudencia de la Corte Suprema.

Otro punto clave del recurso es la inexistencia de un caso concreto, requisito indispensable para habilitar el control judicial. El Gobierno argumenta que la CGT impugnó la ley en forma abstracta, sin identificar situaciones específicas de aplicación ni perjuicios reales, lo que transforma indebidamente al Poder Judicial en un órgano consultivo.

En la misma línea, se cuestiona la legitimación colectiva de la CGT, señalando que no representa de manera directa a todos los trabajadores y que no se acreditaron los requisitos exigidos por la Corte Suprema para las acciones colectivas, como la homogeneidad del grupo o la imposibilidad de acciones individuales.

El recurso también pone el foco en la gravedad institucional de la medida cautelar, al advertir que ningún juez tiene facultades para suspender una ley del Congreso con efectos generales (erga omnes), ya que ello altera el sistema constitucional de división de poderes.

En ese sentido, se cita jurisprudencia de la Corte Suprema que limita este tipo de decisiones, destacando que la declaración de inconstitucionalidad debe ser siempre una medida de última ratio, basada en un caso concreto y con fundamentos suficientes.

Asimismo, el Estado cuestiona que la cautelar fue dictada sin analizar en detalle cada uno de los artículos suspendidos, señalando que en muchos casos el juez se limitó a describir las normas sin justificar su supuesta inconstitucionalidad o perjuicio.

Finalmente, el Gobierno advierte que la medida genera un impacto directo sobre el interés público, al paralizar una reforma legislativa orientada —según su fundamento— a modernizar el régimen laboral, reducir la litigiosidad y promover el empleo formal.

Con la apelación ya presentada, el conflicto judicial por la reforma laboral ingresa en una nueva etapa, donde será clave la definición de las instancias superiores respecto de la validez de la cautelar y el alcance de la ley.

Texto completo de la apelación del Gobierno