Se establece el marco regulatorio aplicable a la industria y comercialización del gas licuado de petróleo (GLP), comprendiendo la producción, fraccionamiento, transporte, almacenaje, distribución, servicios de puerto, comercialización y consumo, bajo la declaración de interés público. 

Se establece el marco operativo, administrativo y económico para el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate como ente de derecho público no estatal, fijando su capacidad legal, ámbito de actuación y los lineamientos para la determinación semestral del precio de la materia prima.

Se crea el Régimen de Aduana en Factoría (RAF), un esquema que permite a establecimientos industriales importar materias primas, insumos, partes y componentes bajo destinación suspensiva, con el objetivo de facilitar su transformación en productos con valor agregado destinados principalmente a la exportación. El régimen establece un marco operativo que combina beneficios aduaneros y fiscales, incluyendo la posibilidad de diferir la definición de la destinación definitiva de los bienes importados y la compensación del IVA generado en dichas operaciones con saldos a favor del impuesto.

Se declara que las disposiciones de los artículos 1° y 118 del Decreto 2284/1991, ratificado por la Ley 24.307, han derogado el régimen establecido por el Decreto-Ley 24.095/1945, ratificado por la Ley 12.921, y sus normas reglamentarias relativas a la distribución y venta de diarios, revistas y afines.

Se establece un nuevo régimen legal específico para la industria de la construcción, en sustitución del establecido por la Ley N° 17.258, definiendo su ámbito de aplicación que incluye a empleadores y trabajadores que ejecuten o trabajen en obras de ingeniería o arquitectura, así como aquellos que elaboren elementos o efectúen trabajos destinados exclusivamente a dichas obras de manera transitoria en sus propias empresas, y a quienes se desempeñen en talleres o depósitos vinculados a la conservación de los elementos de trabajo utilizados en esas obras.

Se establece un régimen general para los institutos de enseñanza pública de gestión privada, tanto comprendidos como no comprendidos en el sistema de financiamiento del Decreto 2542/1991 disponiéndose la obligación de informar anualmente a los padres o responsables los valores de matrícula y cuotas, las condiciones de pago y la cantidad de cuotas, y determinó que los aranceles no podrían modificarse durante el ciclo lectivo sin autorización previa de la autoridad competente. 

Se establece un régimen general de controles higiénico-sanitarios, bromatológicos y fitosanitarios aplicables a las importaciones de productos alimentarios de origen animal o vegetal.