Se sustituye la reglamentación de la Ley 26.589 de mediación prejudicial obligatoria, aprobada por el Decreto 1467/2011, para adaptarla al uso de herramientas digitales. El nuevo esquema dispone que las audiencias podrán realizarse mediante videoconferencia u otros medios análogos, con plena validez jurídica y garantizando la identidad, confidencialidad y principios rectores del procedimiento.

Se establece en 0% la alícuota de derechos de exportación para las mercaderías cárnicas incluidas en el anexo, con vigencia hasta el 31 de octubre de 2025. Los exportadores deberán liquidar al menos el 90% de las divisas dentro de los tres días hábiles de oficializado el permiso de embarque, ya sea por cobros, anticipos o financiamiento.

Se fija en 0% la alícuota del derecho de exportación para las mercaderías de granos y subproductos detalladas en el anexo del decreto, hasta el 31 de octubre de 2025 inclusive o hasta que las registraciones de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) alcancen un total de USD 7.000 millones, lo que ocurra primero. 

El Poder Ejecutivo promulga la Ley 27.793, que declara la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año, y que introduce un conjunto de medidas orientadas a garantizar derechos fundamentales de las personas con discapacidad, entre ellas la creación de la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social, la cobertura médica integral para sus titulares, el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad y el financiamiento del sistema de prestaciones básicas y de los prestadores alcanzados por la Ley 24.901.

El Poder Ejecutivo observa en su totalidad el Proyecto de Ley 27.794, sancionado por el Congreso el 20 de agosto de 2025, que establecía la redistribución automática de los recursos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, equiparándolos a la masa coparticipable de la Ley 23.548.

Se asigna al licenciado Pablo Agustín Lavigne, actual Secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía, el ejercicio transitorio de las competencias de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento, y de la Secretaría de Industria y Comercio, vacantes tras las renuncias de sus titulares.

El Poder Ejecutivo Nacional observa en su totalidad el Proyecto de Ley N.º 27.796, sancionado por el Congreso el 22 de agosto de 2025, que declaraba la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud por un año.

El Poder Ejecutivo Nacional observa en su totalidad el Proyecto de Ley N.º 27.795, sancionado por el Congreso el 21 de agosto de 2025, que establecía un régimen de financiamiento para universidades públicas y la recomposición salarial de su personal docente y no docente.

Se deroga el régimen jurídico aprobado por el Decreto 1025/2000 y su modificatorio, que regulaba la venta y distribución de diarios, revistas y afines en la vía pública y lugares públicos de circulación, por considerarlo obsoleto y restrictivo de la libre competencia. En consecuencia, se disuelve el Registro Nacional de Vendedores y Distribuidores de Diarios y Revistas.

Se restituye la plena vigencia de todas las normas derogadas, sustituidas o modificadas por los Decretos 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25, así como por los decretos posteriores dictados en consecuencia (531/25, 571/25, 583/25, 584/25 y 585/25), que habían dispuesto la fusión, disolución o transformación de diversos organismos de la Administración Pública Nacional.

Se dispone la restitución inmediata de todas las normas derogadas, sustituidas o modificadas por el DNU 340/2025, a fin de evitar un vacío regulatorio en la Marina Mercante Nacional luego del rechazo parlamentario del citado decreto y de otorgar certeza jurídica al sector.

El Poder Ejecutivo Nacional dispone un nuevo esquema de aplicación gradual de los incrementos en los montos fijos del impuesto sobre los combustibles líquidos y del impuesto al dióxido de carbono previstos en la Ley 23.966.

Se establece que los feriados nacionales trasladables previstos en la Ley 27.399 que coincidan con días sábado o domingo podrán trasladarse, según lo disponga la autoridad de aplicación, al lunes inmediato posterior o al viernes inmediato anterior.

Se dispone el pago de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 a abonarse en septiembre de 2025, destinado a titulares de jubilaciones y pensiones contributivas del SIPA, beneficiarios de regímenes especiales derogados y cajas provinciales y municipales transferidas, perceptores de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y titulares de pensiones no contributivas y graciables, incluidas madres de siete hijos o más. 

El Poder Ejecutivo Nacional dispuso la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo descentralizado del Ministerio de Salud, por un plazo inicial de 180 días corridos, prorrogables por igual término. La medida designa como Interventor al doctor Alejandro Alberto Vilches, quien asumirá las facultades de gobierno y administración que el Decreto 698/2017 otorga al Director Ejecutivo del organismo. La medida también limita la designación de la Subdirectora Ejecutiva Romina Gisele Núñez, dejando sin efecto su cargo.

El Poder Ejecutivo Nacional prorroga hasta el 31 de diciembre de 2025 el plazo previsto en el Decreto 747/2024 para que las jurisdicciones y entidades del sector público nacional rescindan los contratos celebrados en virtud de normas que obligaban a contratar exclusivamente con empresas estatales como YPF, Aerolíneas Argentinas, Nación Seguros y el Banco Nación.

El Poder Ejecutivo Nacional autoriza la transferencia de las acciones de las sociedades Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila —creadas para la reversión de los complejos hidroeléctricos— desde ENARSA hacia la Secretaría de Energía, y dispone su posterior venta mediante un concurso público nacional e internacional sin base, en el marco de la Ley 23.696 y de la Ley 27.742.

Se crea la Oficina de Bienes Recuperados como organismo desconcentrado del Ministerio de Justicia, designada como autoridad de aplicación del régimen aprobado por el Decreto 575/25 para la conservación, administración y disposición de bienes provenientes de actividades ilícitas cautelados y recuperados en procesos penales de competencia nacional y federal, así como en los de extinción de dominio.

El Poder Ejecutivo aprueba el Régimen de Conservación, Administración y Disposición de los Bienes Provenientes de Actividad Ilícita Cautelados y Recuperados en procesos penales de la justicia nacional y federal y en procedimientos de extinción de dominio. La norma centraliza en el Ministerio de Justicia la administración y custodia de estos bienes, reservando a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) su enajenación o concesión comercial.

Se autoriza la transferencia de las acciones de las sociedades concesionarias de los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila —actualmente en poder de Energía Argentina S.A. (ENARSA)— a la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, y su posterior venta mediante un Concurso Público Nacional e Internacional sin base, bajo el régimen de la Ley 23.696.

Se establece una alícuota del 0% para el derecho de exportación aplicable a mercaderías originadas en el sector minero comprendidas en posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur, con el objetivo de promover el valor agregado nacional, incentivar la competitividad exportadora y estimular la inversión en actividades productivas, especialmente en el contexto de la transición energética global.

Se sustituye el Anexo I del Decreto 659/96 y su modificatorio, aprobando una nueva Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales que actualiza los criterios para determinar el daño psicofísico derivado de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, conforme a avances médicos y tecnológicos.

Se dispone la disolución de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) y se reformula el Decreto 815/99 para concentrar las funciones de actualización del Código Alimentario Argentino (CAA) en el Ministerio de Salud —a través de la ANMAT— y en el Ministerio de Economía —a través del SENASA—, quienes actuarán mediante resoluciones conjuntas.

Se aprueban modificaciones al Decreto 744/2004 reglamentario de la Ley 25.761 para actualizar el régimen legal aplicable a desarmaderos y comercialización de autopartes usadas, incorporando un sistema digital integral que sustituye los trámites presenciales por gestiones electrónicas.

Se establece que las empresas industriales radicadas en el Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego, que hayan adherido al régimen de promoción dispuesto por el Decreto 727/2021, no estarán alcanzadas por las limitaciones previstas en los decretos 1139/1988 y 1395/1994 vinculadas al cómputo del crédito fiscal presunto en IVA y al tratamiento en Ganancias.

El Poder Ejecutivo Nacional vetó en su totalidad los Proyectos de Ley Nros. 27.791, 27.792 y 27.793 sancionados por el Congreso el 10 de julio de 2025, argumentando que implican un incremento del gasto público superior a 7 billones de pesos para 2025 y 17 billones para 2026, sin previsión presupuestaria suficiente ni fuentes de financiamiento concretas.

Se establece una reducción permanente de las alícuotas del derecho de exportación para mercaderías comprendidas en distintas cadenas agroindustriales, incluyendo granos (soja, maíz, trigo, girasol, cebada, sorgo) y carnes, conforme al detalle del anexo del decreto. La norma entra en vigencia al día siguiente de su publicación.

Se dispone una nueva prórroga parcial en la aplicación de los aumentos previstos en los montos fijos del impuesto sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, correspondientes a las actualizaciones por IPC acumulado de los trimestres comprendidos entre enero de 2024 y marzo de 2025.

Se dispone el otorgamiento de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 a abonarse en agosto de 2025 para titulares de jubilaciones y pensiones a cargo de ANSES, incluyendo prestaciones contributivas del SIPA, pensiones no contributivas, PUAM y beneficios de regímenes transferidos a la Nación.

Se establece el procedimiento para la solicitud y otorgamiento de la ciudadanía argentina por naturalización a personas extranjeras que hayan realizado una inversión relevante en el país, conforme a lo dispuesto en el artículo 2° bis de la Ley N° 346 de Ciudadanía, incorporado por el Decreto 366/2025.