La entidad empresaria presentó una serie de pedidos vinculados al proyecto de reforma de Inocencia Fiscal anunciado por el Gobierno y reclamó medidas transitorias para evitar un mayor deterioro financiero del sector. Paralelamente, cuestionó las propuestas tributarias impulsadas por el FMI y propuso una reforma estructural centrada en Ingresos Brutos, tasas municipales y regímenes de recaudación provinciales.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó al ministro de Economía, Luis Caputo, la adopción de medidas extraordinarias para aliviar la situación fiscal de las pequeñas y medianas empresas mientras se avanza con el proyecto de reforma de la denominada Ley de Inocencia Fiscal, cuya nueva versión será enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo.

La entidad empresaria pidió que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) suspenda temporalmente la aplicación de multas a las PyMEs durante el período de espera previsto en la futura normativa. Además, propuso que cuando el contribuyente regularice la obligación intimada dentro de los quince días posteriores a ese plazo, la sanción se reduzca en un 50%, aplicándose el monto total únicamente ante el incumplimiento definitivo.

El planteo también incluyó la suspensión de las ejecuciones fiscales y de los embargos que actualmente pueden recaer sobre las empresas alcanzadas por procedimientos de cobro judicial. Según CAME, la medida permitiría evitar un agravamiento de la situación financiera de numerosos contribuyentes mientras se definen las modificaciones legislativas impulsadas por el Gobierno.

En materia de regularización de deudas, la entidad propuso la creación de un régimen especial de facilidades de pago que contemple hasta 48 cuotas, una condonación del 50% de los intereses devengados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación.

La iniciativa alcanzaría tanto a las obligaciones vencidas al 31 de mayo de 2026 como a los planes de facilidades vigentes y aquellos que hubieran caducado. El objetivo es brindar una herramienta que permita recomponer la capacidad de pago de las PyMEs sin afectar la continuidad de sus actividades.

Los pedidos de CAME se producen pocos días después de que la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) formulara una solicitud similar a ARCA para implementar un esquema extraordinario de regularización destinado a las pequeñas y medianas empresas.

Paralelamente, la entidad empresaria difundió un extenso documento en el que cuestionó las recomendaciones tributarias formuladas recientemente por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según CAME, las propuestas del organismo internacional se concentran en ampliar la base imponible del Impuesto a las Ganancias de cuarta categoría, extender el alcance del IVA y modificar el Monotributo, generando una mayor carga sobre trabajadores, pequeños contribuyentes y el consumo interno.

Para la organización, el principal problema tributario argentino no se encuentra en los impuestos nacionales sino en el sistema de tributación provincial y municipal. En particular, señaló el impacto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, las tasas municipales y los regímenes de retención y percepción que generan importantes saldos a favor inmovilizados para las empresas.

La entidad sostuvo que estos mecanismos funcionan como un financiamiento involuntario al sector público, ya que las retenciones y percepciones suelen superar el impuesto efectivamente determinado y las devoluciones pueden demorar varios años, provocando una pérdida significativa de valor por efecto de la inflación.

Frente a esta situación, CAME propuso la convocatoria a un Nuevo Consenso Fiscal entre Nación, provincias y municipios para avanzar en una reforma integral del sistema tributario subnacional. Entre los ejes planteados se encuentran la armonización de los regímenes de recaudación, la fijación de plazos obligatorios para la devolución de saldos a favor y la racionalización del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Asimismo, la entidad propuso que la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral asuma un rol más activo en la coordinación de los sistemas provinciales de retención y percepción, con facultades para homologar padrones, validar coeficientes y fiscalizar los mecanismos de devolución.

Desde la perspectiva empresaria, una reforma tributaria orientada a reducir los costos fiscales provinciales y municipales tendría un impacto más significativo sobre la competitividad, la inversión y la generación de empleo que las modificaciones sugeridas por el FMI sobre Ganancias, IVA o Monotributo.