La Dirección General de Rentas de la Provincia de Catamarca establece el procedimiento para que sus agentes fiscalizadores puedan actuar como compradores encubiertos en operativos destinados a verificar el cumplimiento de la obligación de emisión y entrega de facturas o comprobantes por parte de vendedores y prestadores de servicios.

La Dirección General de Rentas de la Provincia de Catamarca dispone la prórroga de las fechas de vencimiento para el primer y segundo  anticipo y pago anual de los impuestos inmobiliario y automotor correspondientes al período fiscal 2025, trasladándolas del 30 de mayo al 30 de junio de 2025.

Se aprueba un aumento del 5% en los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo del Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo instituido por la Ley 25.191, elevando los valores de $130.000 a $136.500 y de $260.000 a $273.000 respectivamente, con vigencia a partir del 1 de julio de 2025.

Se establece un régimen de percepción del impuesto sobre los ingresos brutos aplicable a los servicios digitales prestados por sujetos no residentes cuyo uso o consumo se verifique en la provincia de Santa Fe, a partir del 1 de julio de 2025.

La Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba modifica los requisitos formales para la inscripción de sucursales de sociedades extranjeras en la provincia, adecuando su normativa a la Ley General de Sociedades, al régimen de incentivo a grandes inversiones y a los estándares de prevención del lavado de activos.

Se modifican las tasas de interés aplicables a las deudas fiscales impagas y a las obligaciones en proceso de apremio previstas en los artículos 96 y 104 del Código Fiscal bonaerense, a partir del 1° de julio de 2025.

Se dispone la disolución del Fideicomiso Individual PPP Red de Autopistas y Rutas Seguras y del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de GLP, en el marco de las facultades conferidas al Poder Ejecutivo por la Ley 27.742 y su Decreto reglamentario 695/2024.

Se sustituye el artículo 2° de la Resolución General 5.675 con el fin de precisar las condiciones para la transferencia de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL) utilizados en la cancelación de obligaciones impositivas y aduaneras, conforme al Decreto 72/2023.

Se deroga la Ley 17.606 que obligaba a productores, comerciantes y particulares a inscribirse en un registro oficial y a emitir guías de sanidad para el tránsito de plantas o sus partes, estableciendo controles por parte del Estado que hoy son considerados excesivos y desactualizados.

Se derogan los regímenes destinados a la promoción de la ganadería ovina y de llamas, la actividad caprina, la sericicultura (producción del gusano de seda), la ganadería bovina en zonas áridas y semiáridas y la producción de búfalos de agua, junto con sus respectivas comisiones asesoras y registros.

Se modifica la Ley 25.613 que regula el régimen de importaciones para insumos destinados a investigaciones científico-tecnológicas, suprimiéndose el control estatal sobre los bienes importados y eliminándose la Comisión de Fiscalización y Seguimiento.

Se establece el procedimiento operativo para la utilización de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL) Serie 4A como medio de pago de obligaciones impositivas y aduaneras ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), conforme al Decreto 384/2025.

El Banco Central de la República Argentina publica los valores diarios actualizados de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), instrumento creado por la Ley 25.827 y ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). Esta publicación permite la adecuada indexación de operaciones financieras y crediticias vinculadas a dicha unidad.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero fija como período de feria fiscal de invierno del año 2025 el período comprendido entre el 14 y el 25 de julio, ambas fechas inclusive, durante el cual se suspenderá el cómputo de los plazos procedimentales vinculados con la aplicación, percepción y fiscalización de los tributos a su cargo, en línea con lo previsto en la Resolución General 1.983 y sus modificatorias.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejó sin efecto la exigencia del inciso iii) del punto 3 de la Comunicación A 8230, que condicionaba el acceso al mercado de cambios para repatriaciones de no residentes a una espera mínima de 180 días desde la liquidación de los fondos. Simultáneamente, incorporó estas operaciones en las excepciones previstas en el punto 3.16.3.5. del texto ordenado de Exterior y Cambios, eximiéndolas de presentar las declaraciones juradas requeridas en los puntos 3.16.3.1. a 3.16.3.4.

Se autoriza a los tenedores de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL) Serie 4, emitidos por el Banco Central de la República Argentina entre la fecha del decreto y el 30 de septiembre de 2025, a utilizarlos como dación en pago para cancelar obligaciones impositivas y aduaneras, con sus intereses, multas y accesorios.

Se dispone la emisión de una nueva Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 10 de julio de 2025, así como la ampliación de dos instrumentos ya existentes: la Letra del Tesoro con vencimiento el 15 de agosto de 2025 y el Bono del Tesoro a tasa fija con vencimiento el 30 de mayo de 2030. 

A partir del 1 de enero de 2026, quedarán derogadas las resoluciones que establecían un peso mínimo obligatorio para la faena de animales bovinos, en línea con el principio de libre mercado establecido por el Decreto 70/2023. La medida elimina las disposiciones contenidas en las Resoluciones 68/2007 y 547/2008, así como sus modificatorias y complementarias, que imponían umbrales mínimos de peso y regímenes sancionatorios para su incumplimiento.

La Dirección Provincial de Ingresos Públicos de San Luis establece las cotizaciones diarias del dólar estadounidense para el mes de mayo de 2025, aplicables cuando la base imponible de los tributos provinciales esté expresada en moneda extranjera. 

Se establece en la Provincia de San Juan el Certificado de Mano de Obra Formal Industrial (CEMOFI), destinado a empresas manufactureras que acrediten el cumplimiento de condiciones laborales, previsionales y de radicación local de sus trabajadores. A quienes obtengan este certificado se les otorgará un bono de crédito fiscal anual de $3.000.000 por cada empleado industrial formal registrado durante el año 2024, que podrá aplicarse mensualmente contra tributos provinciales durante 2025.

Se prorroga hasta el 30 de junio de 2025 el vencimiento de las declaraciones juradas mensuales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos Régimen General y Convenio Multilateral correspondientes a los períodos de enero a mayo de 2025, exclusivamente para los contribuyentes que hayan sido beneficiados con el Certificado de Mano de Obra Formal Industrial (CEMOFI), conforme al Decreto 349-MPTel-2025 y sus normas reglamentarias.

La Comisión Nacional de Valores establece un régimen específico para la representación digital de ciertos valores negociables mediante tecnologías de registro distribuido (TRD), como parte de un entorno de prueba regulatorio (sandbox) de un año de duración. La normativa permite que determinados valores representativos de deuda, certificados de participación de fideicomisos financieros y cuotapartes de fondos comunes de inversión cerrados —con activos subyacentes del mundo real y sin cotización en mercados habilitados— puedan ser representados digitalmente y comercializados a través de plataformas y aplicaciones móviles de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) registrados.

Se establece un nuevo marco normativo para la certificación, trazabilidad y control de autopartes y elementos de seguridad alcanzados por el Anexo C del Decreto 779/1995, en reemplazo del régimen anterior dispuesto por la Resolución 166/2019. El nuevo sistema requiere que todas las autopartes de seguridad cuenten con Licencia de Certificación emitida por organismos reconocidos, tanto para productos de origen nacional como importados, y dispone la obligatoriedad de un Código QR visible que permita verificar en tiempo real los datos de certificación, incluyendo origen, fabricante, modelo y organismo certificador.

La Dirección General de Rentas de la provincia de Salta dispone la adhesión al Sistema Informático de Recaudación, Control e Información de Percepciones (SIRCIP), aprobado por la Comisión Arbitral mediante la RG 09/2025, estableciendo su aplicación como único régimen para todos los agentes de percepción del impuesto a las actividades económicas, tanto para contribuyentes locales como para los comprendidos en el Convenio Multilateral. 

Se prorroga al 1 de agosto de 2025 la entrada en vigencia del nuevo régimen de pago a cuenta del Impuesto a las Actividades Económicas establecido por la Resolución General 08/2025, que modifica el sistema regulado originalmente por la RG 12/2016. 

La Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro adhiere al Sistema Informático de Recaudación, Control e Información de Percepciones (SIRCIP), aprobado por la Comisión Arbitral mediante la Resolución General (CA) 9/2025, con el objetivo de modernizar, armonizar y centralizar la gestión de percepciones del impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Se crea el Programa de Sostenibilidad y Fomento del Empleo Rionegrino “Hacer Río Negro”, en el ámbito de la Secretaría de Trabajo provincial, con el objetivo de acompañar a empresas radicadas en la provincia que acrediten situación de crisis económica, a fin de preservar los puestos de trabajo formal.

La ANMAT establece un nuevo marco normativo que regula la publicidad dirigida al público de productos para la salud, alimentos, cosméticos y afines, aplicable a todos los medios tradicionales, no tradicionales y digitales. La disposición reemplaza la normativa anterior y fija criterios unificados para especialidades medicinales de venta libre, suplementos dietarios, productos cosméticos, higiénicos, domisanitarios, médicos de uso sin prescripción y de diagnóstico para autoevaluación.

La Superintendencia de Seguros de la Nación modifica los criterios para determinar el capital computable y la computabilidad de inmuebles y bienes de uso en el marco del Reglamento General de la Actividad Aseguradora.

Se deroga la Resolución 960/1986 del Ministerio de Economía, que extendía las exigencias de tipificación, empaque y fiscalización de hortalizas frescas con destino a los mercados de interés nacional, con el objetivo de reducir trabas burocráticas y simplificar el marco normativo del sector frutihortícola.