Se modifica el Decreto 617/2024 para redefinir el mecanismo de designación de los integrantes del Consejo de Mayo, creado como órgano consultivo para la implementación de los lineamientos del Pacto de Mayo, ante la ausencia de propuestas por parte de los sectores convocados.

Se aprueban con carácter general las condiciones contractuales del Seguro de Caución para Obra y/o Suministros y/o Servicios Públicos, incorporándose dicha cobertura al Reglamento General de la Actividad Aseguradora. Las nuevas condiciones podrán ser utilizadas desde la publicación de la resolución en el Boletín Oficial.

Se establece en $67.039,26 el nuevo valor de referencia aplicable a las sanciones por incumplimientos en el marco del régimen de riesgos del trabajo, resultante de aplicar el 22% del Haber Mínimo Garantizado vigente a junio de 2025. La actualización se realiza conforme a lo dispuesto por el artículo 15 del Decreto 1.694/2009 y en función del nuevo haber mínimo fijado por ANSES mediante la Resolución 237/2025.

La Dirección Provincial de Rentas de Jujuy dispone la adhesión al Sistema Informático de Recaudación, Control e Información de Percepciones (SIRCIP), aprobado por la Comisión Arbitral mediante la Resolución General 9/2025, instaurando un nuevo régimen general de percepción del impuesto sobre los ingresos brutos aplicable tanto a contribuyentes locales como de Convenio Multilateral.

Se prorroga hasta el 30 de junio de 2025 inclusive el régimen de regularización de deudas fiscales establecido por el Decreto 1243/3 (ME)-2021, incorporando diversas adecuaciones normativas que actualizan las fechas de aplicación, amplían el universo de deudas comprendidas hasta enero de 2025 y modifican los porcentajes de reducción de intereses y multas.

Se establece una alícuota del 0% en los impuestos sobre los ingresos brutos y de sellos para las actividades económicas desarrolladas y los actos, contratos u operaciones formalizados entre el 18 y el 22 de junio de 2025 durante la realización de la “EXPONOA PRODUCTIVO 2025” en el Parque Industrial de la ciudad de Famaillá, provincia de Tucumán.

La Administración Provincial de Impuestos de Santa Fe establece el procedimiento para que bancos y entidades financieras comprendidas en la Ley 21.526 deduzcan hasta el 20% de la base imponible del impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente al período fiscal 2025, conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley 14.386.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aprueba formalmente su logotipo identificatorio institucional, el cual deberá ser utilizado en toda pieza gráfica o visual que haga mención al organismo. La medida responde al proceso de reorganización institucional iniciado con el Decreto N° 953/2024, que dispuso la disolución de la AFIP y la creación de ARCA como ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Economía, transfiriéndosele los recursos, funciones y responsabilidades del ente anterior.

La Superintendencia de Seguros de la Nación modifica el régimen documental aplicable a los accionistas personas físicas de entidades aseguradoras, eliminando la exigencia de presentar copias de las declaraciones juradas de impuestos a las ganancias, sobre los bienes personales o comprobantes de no alcanzado. A partir de ahora, solo será necesario cumplir con los requisitos establecidos en el formulario previsto como Anexo del punto 7.1.2. inc. a) apartado I), cuya presentación deberá revestir carácter de declaración jurada ante escribano público, quien certificará el cotejo de la documentación respaldatoria.

La Superintendencia de Seguros de la Nación sustituye íntegramente el punto 33.3 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708/2014) y establece nuevos lineamientos para el cálculo de reservas por siniestros pendientes y siniestros ocurridos pero no reportados (IBNR), aplicables desde los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025. Entre los principales cambios se incorpora de forma permanente el uso de la Tasa Pasiva BCRA (Comunicación 14.290) como coeficiente de actualización y se consolida la aplicación del índice FACPCE para el ajuste a moneda homogénea.

La Dirección Provincial de Rentas de Catamarca modificó el artículo 2º de la Resolución General 1708/2025, suprimiendo el requisito de adjuntar documentación en PDF para acreditar el desarrollo de la actividad económica al solicitar los beneficios de reducción de alícuota o exención en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, previstos en el Decreto Acuerdo 2980-HF-2025.

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba actualiza, a partir del 1° de junio de 2025, los valores fijos correspondientes a servicios, aranceles y tasas institucionales. Entre los conceptos alcanzados se incluyen la certificación de firmas, copias de dictámenes, digitalización, manifestación de bienes personales, tasa CEMANCE y hojas de seguridad para legalizaciones.

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba actualiza, a partir del 1° de junio de 2025, los montos fijos y escalas de honorarios establecidos en la Ley 7626. La medida da continuidad al criterio adoptado por el Consejo Directivo en diciembre de 2023 de implementar una actualización mensual de los valores mediante la aplicación del IPC Córdoba.

Se incrementa a $491.401 el monto límite de ingresos mensuales para acceder a la exención del Impuesto Inmobiliario en la provincia de Santa Fe, aplicable a inmuebles pertenecientes a personas jubiladas, pensionadas y con discapacidad. La medida sustituye el valor anterior de $455.001 y busca mantener la coherencia entre los criterios de exención y las variaciones del haber previsional provincial, asegurando el acceso al beneficio frente a la evolución inflacionaria. La resolución entra en vigencia a partir de su emisión.

Se establecen los requisitos, condiciones y procedimientos para tramitar la exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos prevista en el artículo 212 inciso h) del Código Fiscal de Santa Fe, aplicable a entidades de cobertura médica, asistencial u obra social regidas por las leyes nacionales 23.660 y 24.741.

Se aprueba la adhesión de Rincón Mining PTY LTD. Sucursal Argentina al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en el marco del Título VII de la ley 27.742, como Proyecto de Exportación Estratégica a Largo Plazo denominado “Proyecto Rincón”, localizado en el Salar de Rincón, provincia de Salta, con capacidad de producción de 53.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería, utilizando tecnología de Extracción Directa (DLE).

Se homologa el “Controlador Fiscal” modelo R-HAS-6100-FAR, versión 02.00, de la empresa COMPAÑÍA HASAR S A I C en línea con las disposiciones del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor de la Ley N° 27.743. La medida garantiza la correcta discriminación del impuesto al valor agregado y demás impuestos nacionales indirectos en los comprobantes emitidos por los contribuyentes que utilicen este tipo de caja registradora.

Se dispone la eliminación de la figura del “Prestador de Servicio de Almacenamiento de Imágenes” (PSAI) y se deroga la Resolución General Nº 5.432, en el marco de las medidas impulsadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero orientadas a la simplificación normativa y facilitación del comercio exterior.

Se dispone que la provisión de tarjetas de débito para cuentas a la vista (depósitos de ahorro, cuenta sueldo y cuentas especiales) será optativa y quedará sujeta a solicitud expresa de sus titulares, sin importar si la apertura de dichas cuentas se realiza presencialmente o por medios digitales.

Se establece la eliminación, a partir del 2 de junio de 2025, de la opción de cancelación anticipada a los 30 días para los depósitos a plazo fijo en pesos expresados en Unidades de Valor Adquisitivo actualizables por CER (UVA), captados por entidades financieras de personas humanas. En consecuencia, desde dicha fecha, estos depósitos tendrán un plazo mínimo obligatorio de 90 días sin posibilidad de cancelación anticipada previa. 

Se establecen modificaciones a la Resolución Normativa N° 1/2023 de la Dirección General de Rentas, en virtud de la reforma introducida por la Ley N° 11.042 al Artículo 25 de la Ley N° 9.459 –Código Arancelario para Abogados y Procuradores–. Las nuevas disposiciones reglamentan el procedimiento para que abogados matriculados en ejercicio, designados como asesores letrados ad hoc y cuyos honorarios regulados constituyan crédito fiscal por insolvencia del condenado en costas, puedan solicitar tanto la compensación como la transferencia de dicho crédito.

La Provincia de Santa Fe sanciona una ley integral cuyo objetivo es prevenir, detectar, erradicar y sancionar la violencia y el acoso en todos los ámbitos laborales, incluyendo las violencias por razones de género, tanto en sectores públicos como privados, formales e informales, rurales y urbanos. La normativa establece un marco amplio de protección para trabajadoras y trabajadores en distintas situaciones laborales y contractuales, incluyendo postulantes, voluntarios y personas desvinculadas.

La Provincia de Santa Fe establece un régimen específico orientado a favorecer la inserción y estabilidad laboral de personas jóvenes mayores de 18 años sin cuidados parentales, cuyas situaciones jurídicas se encuentren definitivamente resueltas y sin posibilidad de adopción, conforme la Ley Provincial N° 12.967.

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) de Córdoba establece la actualización mensual del valor del módulo que rige los aranceles indicativos para servicios profesionales en las áreas impositiva, laboral, previsional, contable, auditoría y actuación judicial, ajustándolo en esta oportunidad a $45.533 desde el 1 de junio de 2025.

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Formosa actualiza el valor del Módulo de Actuación Profesional (MAPRO), unidad de referencia para el cálculo de honorarios mínimos sugeridos y tasas administrativas vinculadas a certificaciones, legalizaciones y otras actuaciones profesionales. Desde el 19 de mayo de 2025, el MAPRO queda fijado en $10.200, ajustándose sucesivamente a $10.400 desde el 1 de junio, $10.500 desde el 1 de julio y $10.700 desde el 1 de agosto de 2025, siguiendo la variación del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) dividido por treinta días, con redondeos a favor del consumidor.

Se modifica la Resolución General N° 4.597 y sus complementarias, redefiniendo los sujetos obligados a generar y presentar el “Libro de IVA Digital”, limitando esta obligación a los sujetos exentos en el impuesto al valor agregado, con con excepción de reparticiones públicas, monotributistas, personas humanas con actividad exclusiva de venta de diarios y revistas, cooperadoras escolares, centros de jubilados, entre otros.

Se establece la implementación de un procedimiento electrónico simple, integral y asistido para la determinación, liquidación y presentación de declaraciones juradas del impuesto al valor agregado (IVA), a través del servicio “PORTAL IVA”, disponible en el sitio web oficial de ARCA.

Se dispone la transferencia al Fideicomiso Financiero y de Administración “Fondo de Garantías Argentino” (FoGAr) de los fondos remanentes no comprometidos de los Fondos de Afectación Específica creados por decretos en el marco de la emergencia productiva: $463.733.915.006 del FAE MiPyMEs (Decreto 326/2020), $371.116.166.197 del FAE PCA (Decretos 332/2020 y 376/2020) y $165.568.634.155 del FAE ATP (Decreto 621/2020). La resolución entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Se deroga la resolución 537/1992 del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, eliminando así las disposiciones que imponían derechos de exportación y el cálculo de la base imponible por pieza de cuero para los cueros bovinos. Esta medida se adopta en el marco de las políticas de simplificación, desburocratización, reducción de trámites, eliminación de impuestos distorsivos y apertura comercial dispuestas por el decreto 70/2023 y su decreto complementario 38/2025, que fijó en cero por ciento la alícuota del Derecho de Exportación aplicable a estos productos. La derogación entra en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial.

Se deroga la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía y Minería, que establecía la obligación para los titulares de bocas de expendio de combustibles de informar al Estado los precios minoristas dentro de las ocho horas de producida una modificación en el surtidor. La medida se fundamenta en los principios de libre mercado, desregulación y competencia leal, previstos por el decreto 70/2023 y la ley 27.742, promoviendo la autonomía comercial y reduciendo costos operativos y burocráticos. La derogación entra en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial.