El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe declara aplicable en su jurisdicción la Resolución Técnica 61 emitida por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), que introduce modificaciones a las Resoluciones Técnicas 34 y 35 e incorpora adecuaciones a las RT 32 y 33, en materia de auditoría y otros encargos de aseguramiento, incluyendo desarrollos vinculados a información de sostenibilidad.

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe dispuso la actualización de los aranceles aplicables a la legalización de trabajos y actuaciones profesionales, con vigencia a partir del 1 de febrero de 2026. La medida alcanza a auditorías, certificaciones, encargos de compilación, manifestaciones de bienes y demás informes sujetos a legalización.

Se analiza qué importe de ingresos debe informarse en el Requerimiento de Información de la UIF —histórico o ajustado por inflación— cuando los Contadores Públicos actúan como auditores de empresas alcanzadas por los umbrales de ingresos, conforme al marco contable aplicable.

Se analiza si una diferencia menor detectada en auditoría entre los sueldos devengados registrados contablemente y las remuneraciones declaradas en el F. 931 debe corregirse obligatoriamente, a la luz del concepto de significatividad y del enfoque de seguridad razonable previsto en la normativa profesional de auditoría.

Se analiza cómo deben registrarse y exponerse contablemente los intereses originados en ventas con financiación, distinguiendo entre el resultado operativo y el resultado financiero, de acuerdo con los criterios de la normativa contable profesional vigente.

Se analiza en qué ejercicio corresponde dar de alta un bien de uso cuando existen anticipos pagados en un año y la entrega y facturación definitiva se producen en el siguiente detallando cómo se determina el momento del reconocimiento contable, qué rol cumplen el anticipo, la factura y la entrega del bien, y cuándo debe comenzar la depreciación.

Se analiza el tratamiento contable y tributario del IVA crédito fiscal correspondiente a comprobantes recibidos fuera de término y no imputados en la declaración jurada del último período del ejercicio.

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Corrientes dispone una actualización integral de los honorarios mínimos profesionales aplicables en la provincia a partir del 1 de diciembre de 2025. La medida fija nuevas escalas para tareas contables, de auditoría, impositivas, laborales, previsionales, societarias y de consultoría, además de actualizar el valor de la Unidad de Tiempo (UTI).

Se actualiza el procedimiento administrativo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Tierra del Fuego para la gestión de saldos a favor de clientes originados en pagos por trámites de legalización.

Las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) de la Provincia de Buenos Aires deben rubricar sus libros contables exclusivamente de forma digital ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ), según lo dispuesto en la Disposición 49/2024. El proceso incluye: solicitud de habilitación online, creación de usuario externo con CUIT, generación de hash para cada archivo, y su registro en el sistema con trazabilidad entre archivos. Se deben respetar los plazos legales para cada tipo de libro y conservar tres copias por seguridad. La falta de cumplimiento en los 90 días posteriores a la constitución puede implicar ser consideradas inactivas.

Se fijan nuevos valores por Derecho de Certificación de Firmas para las actuaciones profesionales ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta, aplicables desde el 1° de diciembre de 2025. La actualización abarca las actuaciones de tipo A, B, C y D, diferenciando los montos según tramos de activos, pasivos, transacciones o recursos ordinarios, según corresponda. 

Se incorpora a la Resolución Técnica N° 54 “Normas Contables Profesionales: Norma Unificada Argentina de Contabilidad” un nuevo Capítulo destinado a los estados contables de entidades cooperativas, con el objetivo de integrar en la norma unificada los requisitos contables específicos que hasta ahora estaban previstos en la Resolución Técnica N° 24. 

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia del Neuquén establece una nueva escala de honorarios profesionales en materia de auditoría y contabilidad, con vigencia desde el 1° de noviembre de 2025, reemplazando la fijada por la Resolución 759.

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe fijó el monto del Derecho Anual de Ejercicio Profesional (DAEP) correspondiente al año 2026 en $144.000 para contadores públicos y actuarios graduados después del 31 de diciembre de 2023, y para licenciados en Economía, Administración, Doctores en Estadística y Estadísticos.

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Corrientes dispone la actualización de los honorarios mínimos profesionales que regirán desde el 1° de noviembre de 2025.

La documentación contable y fiscal debe conservarse por al menos diez años desde su fecha de emisión o del último asiento, según el artículo 328 del Código Civil y Comercial de la Nación. Puede mantenerse en soporte digital solo si la empresa obtiene autorización previa del Registro Público (IGJ u organismo competente) conforme al artículo 329, mediante un trámite que requiere descripción técnica del sistema, dictamen de contador y transcripción de la resolución de autorización en los libros societarios. En materia impositiva, la Ley 11.683 y el Decreto 1397/79 también exigen conservar la documentación por diez años, ya que se suman los cinco años de prescripción más cinco adicionales.

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Corrientes dispuso la reducción del porcentaje de retención establecido por la Resolución 667/90 (RG) sobre los honorarios percibidos a través del sistema de cobro indirecto, que pasa del 8% al 7% a partir del 1° de octubre de 2025. 

Cuando una sociedad adquiere un inmueble en cuotas en dólares y solo cuenta con el boleto de compraventa —sin posesión ni escritura—, el bien no se reconoce aún como activo fijo, sino como un crédito o compromiso en moneda extranjera. Según la RT 56 (FACPCE) y la Ley del Impuesto a las Ganancias, las deudas o créditos en moneda extranjera deben valuarse al tipo de cambio vigente al cierre de cada ejercicio, y las diferencias de cambio que se generen son resultados gravados. 

Se aprueba la reglamentación de la Ley 3428, que exceptúa a las personas jurídicas privadas sin fines de lucro cuyos ingresos brutos anuales sean inferiores al límite de la categoría C del monotributo de la obligación de presentar estados contables con firma de contador público.

La certificación literal de estados contables, regulada por la RT 37 y modificada por la RT 53 de la FACPCE, se limita a constatar que los estados contables fueron transcriptos en los libros obligatorios (Diario o Inventario y Balances) de manera completa y exacta. No supone emitir opinión técnica sobre su razonabilidad ni implica auditoría, por lo que el riesgo profesional es mínimo si se verifica dicha transcripción. El contador solo debe firmar la certificación emitida y no las hojas del balance incluidas en los libros, dado que su responsabilidad se acota a esa constatación formal.

La Cámara Segunda del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe establece un nuevo régimen de afiliación a Económicas Salud (ES) para personas de entre 41 y 55 años de edad, con vigencia a partir del 11 de agosto de 2025.  La norma dispone que los matriculados dentro de este rango etario podrán incorporarse únicamente a los planes Integral, Familiar o Básico Integrado de Salud, y en el caso de quienes tengan entre 41 y 45 años, también al plan Joven. 

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Corrientes dispone una actualización de los honorarios mínimos establecidos por el decreto 6.412/89 y la resolución 1.281/13, con vigencia desde el 1 de octubre de 2025. 

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Corrientes actualiza, a partir del 1 de septiembre de 2025, los honorarios mínimos establecidos por el decreto 6.412/89 y los honorarios sugeridos definidos por la resolución 1.281/13, con el objetivo de recomponer el valor real de la retribución profesional frente al contexto inflacionario y de alinear los aranceles de referencia con los valores de mercado. 

Los bonos AL30 deben registrarse inicialmente al costo de adquisición en moneda extranjera, incluyendo gastos asociados. A medida que se cobran amortizaciones de capital, se reduce el valor contable del título en la proporción correspondiente, mientras que los intereses devengados se reconocen como resultado financiero. En el cierre del ejercicio, la valuación se efectúa al costo amortizado según RT 17 y RT 41, es decir, partiendo del valor de compra, ajustado por los intereses devengados según la TIR y deduciendo las amortizaciones ya percibidas. Como se trata de títulos en dólares, la medición se realiza en la moneda de origen y luego se convierte a pesos al tipo de cambio oficial de la fecha de cierre.

Las retenciones de IVA e Ingresos Brutos deben computarse en la declaración jurada del período en que fueron practicadas o, como máximo, en la inmediata siguiente. Si no se imputaron en ese marco, la única vía correcta es presentar declaraciones juradas rectificativas. No corresponde incorporarlas en períodos posteriores alterando la fecha. Si las retenciones no se rectifican ni se computan, los importes permanecen en contabilidad como créditos fiscales dentro del activo hasta su utilización como pago a cuenta o hasta su prescripción, momento en el cual podrán reconocerse como pérdidas del ejercicio.

En un contrato de leasing con opción de compra que transfiere sustancialmente los riesgos y beneficios, la RT 54 (FACPCE) lo considera arrendamiento financiero. En consecuencia, desde el inicio se registra un activo por derecho de uso (bien de uso) al menor entre el valor de contado y el valor presente de las cuotas más la opción, junto con un pasivo por arrendamiento financiero.

Cuando una sociedad cierra balance fuera de término y ya tiene prevista la baja de impuestos y el cese de actividades en los meses siguientes, correspondería incluir una nota a los estados contables informando esta circunstancia. Según la RT 17 (sección 4.9) y la NIC 10, se trata de un hecho posterior relevante que no requiere ajuste porque no confirma una situación existente al cierre, pero sí debe revelarse para garantizar la transparencia.